edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
23/07/2009

Economía retrasa la obligación de presentar los libros de registros de IVA hasta 2012 ante el clamor empresarial

Javier Ardalán
Economía  aplazará hasta 2012 la obligación que tienen las empresas de presentar una declaración informativa con el contenido de los libros de registro del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), tal y como habían venido solicitando los empresarios y los asesores fiscales, según consta en el proyecto de Real Decreto que modifica diversas obligaciones tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tributos, actualmente en fase de información pública. En la actualidad, este requisito debería cumplirse a partir del 1 de enero de 2010, pero una vez que entre en vigor este Reglamento ni en 2010 y 2011 la remisión de los libros será  exigible a quienes soliciten las devoluciones mensuales del  IVA.

El libro registro de IVA, que incluye los registros de todas las facturas que una sociedad o un profesional emite y recibe, únicamente es obligatorio presentarlo ante la Agencia Tributaria cuando se recibe un requerimiento al respecto. Únicamente,  presentan obligatoriamente sus libros registro aquellas empresas que reunían las características especificadas por Hacienda (por ejemplo los importadores y exportadores) y solicitaron voluntariamente su ingreso en el  registro de devolución mensual del IVA.

Se incluirán, asimismo, la transposición de diversas directrices comunitarias, como la ventanilla única, para "armonizar" la información sobre operaciones intracomunitarias en el ámbito de la Unión Europea.

Además, se introducen una serie de modificaciones respecto a la información que las entidades financieras deben remitir a la administración tributaria. Éstas estarán obligadas a presentar declaraciones informativas anuales sobre movimientos en efectivo que sustituirán a los requerimientos individualizados que están atendiendo en estos momentos dichas entidades, lo que les supondrá una simplificación en el cumplimiento de sus obligaciones.

Estas declaraciones informativas anuales contendrán datos sobre los movimientos por importe superior a 6.000 euros de créditos y préstamos concedidos, así como sobre las imposiciones, disposiciones de fondos y cobros que se realicen en metálico o a través de tarjetas de cobro o de débito por importe superior a 3.000 euros. Esta iniciativa se planteó en la actualización del Plan de Lucha contra el Fraude y se requería a través de requisitorias.

Con la intención de facilitar al contribuyente la información para la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), recaerá sobre las entidades financieras la obligación de informar sobre las cantidades percibidas del prestatario también en concepto de otros gastos derivados de la financiación, al margen de los intereses.

El borrador introduce también modificaciones sobre las retenciones en el IRPF y Sociedades en los casos en los que los contribuyentes destinen cantidades a pago de la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual y también plantea la transposición de diversas directrices comunitarias para armonizar la información sobre operaciones intracomunitarias en la UE.

Para evitar la duplicidad en el suministro de información sobre los planes de previsión social empresarial, se exime a las empresas que instrumenten compromisos por pensiones a través de dichos planes de informar al respecto.

Se modifica también la redacción de uno de los supuestos de interrupción justificada del plazo de resolución de los procedimientos tributarios para atender adecuadamente el derecho reconocido a los ciudadanos en el artículo 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, de no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas.

El objetivo, en este caso, es que quede claro que en dicho supuesto reglamentario también se incluyen las interrupciones derivadas de la solicitud de esos datos o documentos, por medios electrónicos, por parte de la Administración tributaria a otros órganos de la misma o de otra Administración, como consecuencia del ejercicio por el obligado tributario del mencionado derecho. Sin perjuicio, lógicamente, de la observancia del desarrollo reglamentario que se haga de dicho precepto legal.

También en el marco del fomento de las relaciones electrónicas entre la Administración y los ciudadanos, se introduce un nuevo artículo destinado a adaptar el régimen de notificaciones al nuevo contexto que supone la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y, en virtud del cual, se regula la posible atribución a obligados tributarios que no sean personas físicas, de una dirección electrónica a efectos de notificaciones tributarias.

Desde un punto de vista estrictamente procedimental, se introducen varias modificaciones, como  en el ámbito del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones, que se recoge la posibilidad de que un procedimiento de esta naturaleza pueda finalizar como consecuencia del inicio de un procedimiento de aplicación de los tributos distinto por parte de la Administración tributaria.

Se introduce una nueva disposición, relativa al procedimiento en el ámbito aduanero, clarificando la posibilidad que tiene la Administración de comprobar las liquidaciones practicadas en el ámbito aduanero, incluso cuando hayan sido ya objeto de comprobación administrativa para el levante de las mercancías.

Y, finalmente, en aras de lograr una ejecución más eficiente por parte de la Administración Tributaria de las resoluciones administrativas o judiciales, se otorga a los órganos de inspección la posibilidad de llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias para la ejecución, haciendo uso de las facultades previstas en el artículo 142 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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