edición: 2453 , Martes, 24 abril 2018
21/02/2011
Banco de España exhibe su perfil más bajo en la reforma financiera

Economía se justifica ante el supervisor: “dos años de demora… sin hacer nada”

CECA, desbordada por la realidad y con fecha de caducidad: marzo de 2012
Juan José González

Las diferencias de criterio, de fondo y de forma entre el Gobierno y el Banco de España respecto a la reforma de las cajas de ahorros, provocó la marginación del supervisor en esta primera fase. Este es repescado, en la recta final de la reforma, con un papel secundario, para que vigile la fase de prórroga, la que llevará al mercado bursátil a aquellas entidades que se hayan hecho acreedoras de la prórroga hasta el mes de marzo de 2012. Así pues, el Banco de España, con Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente, pasará a la historia como ‘telonero’ de un macroconcierto en el que le correspondía el papel estelar. Pocos se imaginan a dos ex gobernadores como fueron, el fallecido Mariano Rubio o el actual consejero independiente de Banco Santander, Luís Ángel Rojo, ‘delegando’ a la fuerza (cediendo sin resistencia) la responsabilidad de una obligación que como supervisor le correspondía en la reforma del sistema financiero. En todo caso, tampoco llegó a aportar ninguna solución consistente a los problemas que al final llegaron a la mesa del Consejo de Ministros.

Problemas que llegaron tan lejos como para que el Estado se haya visto obligado a constituir un fondo (FROB) con una capacidad de hasta 99.000 millones de euros para corregir los efectos de las decisiones de ejecutivos y consejeros políticos-financieros (y del que ya se ha empleado un tercio). Decisiones que han trascendido al cabo de dos años, tras conocer el volumen y naturaleza de los activos dañados, así como los problemas de liquidez que escondían en sus despachos y salas de consejos.

Los defensores del Banco central español, esgrimen razones políticas para que el papel de la reforma haya sido asumido por el Gobierno. Precisamente, una de las razones que enfrentaron en su día al ex vicepresidente Económico Pedro Solbes con el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, fue la imposición de éste al ministro económico de tomar la iniciativa en la reestructuración del sector, y condenar al supervisor a un papel de mero informador del proceso. Para Zapatero, Ordóñez debería vigilar el frente macroeconómico, mientras desde Moncloa se dibujaba el nuevo mapa ‘político’ de las cajas con una reforma en profundidad.

Cinco años en crisis financiera que dejarán innumerables episodios de aventuras y desventuras de las cajas (de sus gestores) y que constituyen un magnífico material documental editorial, lo que garantizará que la historia de la reforma financiera española, tras la crisis económica desde 2007 hasta 2012, contará con abundante historiografía para futuras generaciones. Estas analizarán cómo se llegó tan lejos, tan tarde, tan mal. Cómo se sortearon los problemas tan evidentes que, con el tiempo y la connivencia de supervisor, Comunidades Autónomas (primeras responsables de la gestión) y Gobierno central, fueron aumentando de tamaño.

La imprecisión en la propiedad de las cajas, así como el ejercicio de las competencias –deficiente a lo largo de la crisis financiera, así como en los últimos años, tras comprobar el origen de los problemas- añade mayor complejidad a los problemas, puesto que se trata, a menudo, de tomar decisiones técnicas para las que difícilmente estar capacitados.

Y así resulta que la naturaleza de los problemas de las cajas, es tan peculiar como las mismas cajas. Peculiaridad que, sobre todo, tiene su origen en la gestión de los gestores y en sus dueños (que en teoría no tienen) que en la práctica están representados por consejeros políticos a quienes ahora el Real Decreto Ley que entrará en vigor el 10 de marzo, pone definitivamente la proa.

A posteriori, quizás tenga poco sentido enjuiciar la demora del supervisor, compartida con los responsables autonómicos, en afrontar el problema del sector, sin embargo, sí habría que señalar que el lugar que le corresponde al Banco de España en la reforma, antes que usurpado por el Gobierno, ha sido cubierto por ocupación por un Ejecutivo al que los problemas de solvencia política y financiera le han obligado a hacerse cargo de una riendas que claramente no le correspondían en condiciones normales. La excepcionalidad en arrogarse las responsabilidades de las decisiones del Banco de España en la reestructuración del sector, puede llegar a saldarse en negativo para el Ejecutivo.

De la CECA, la patronal de las cajas –superada por los acontecimientos- cuyo anterior responsable, Juan Ramón Quintás, estuvo negando la crisis y los problemas de sus representadas hasta el mismo día de su cese, afirmando que ninguna entidad tenía problemas de solvencia, señalar que, tiempo y ministerio de Economía, se han encargado de sacar a la luz sus deficiencias de liquidez y el sinsentido de muchos de los negocios de estas entidades financieras. La patronal ha comenzado a contar los meses que le quedan hasta que sus funciones dejen de tener sentido, allá por marzo del próximo año, fecha en la que el Gobierno estima que dejará de operar.

La consecuencia de la suma del conjunto de deficiencias, puede haber tenido un resultado fatal para el sistema de pagos español que la reforma aprobada el viernes pasado pretende evitar. Todo ello sin contar con la caída de solvencia del país, a la que ahora trata de rehabilitar la citada reforma del Gobierno.

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