edición: 2943 , Miércoles, 8 abril 2020
24/11/2011
Cumplir el objetivo de déficit supone estrangular las cuentas

Economía se niega a realizar un balance del sector público autonómico

La ley de Estabilidad aspira a poner orden en las finanzas de las CC AA
Juan José González

Las Autonomías, inicialmente una fuente de generación de nuevos puestos de trabajo,  no crean empleo, lo destruyen, y aportan su ‘granito’ de arena a las estadísticas del paro. Tampoco contribuyen al PIB nacional, pues la mayoría de las CC AA se mantiene en recesión. Igualmente, su aportación como inversores reales es nula y, al contrario, las recortan para el próximo ejercicio hasta cerca del 1%, cuando en 2011 representan el 9% del total de los gastos. En resumen, el equipo económico saliente, hace las maletas pero se niega a hacer un informe que le solicitan quienes entrarán a mediados de diciembre en el caserón del Ministerio de Economía y Hacienda. No es fácil hacer un balance próximo al fiasco, y además es altamente comprometido cerrar el ciclo del Gobierno con un informe del sector público autonómico que puede resultar dramático.

Preocupa el descontrol de las finanzas públicas autonómicas, caracterizadas en los últimos tiempos por el impago de servicios  y productos prestados por las empresas del sector privado. Sanidad y servicios se convierten de esta forma en los principales sectores que sufren las deudas autonómicas. La situación supone uno de los mayores riesgos para el Estado autonómico, pues un buen número de autonomías presentan un aspecto similar al de una quiebra en toda regla. Por ello, no debe causar sorpresa que algunas CC AA se resistan a presentar sus cuentas para el próximo ejercicio, aunque el motivo último de esta postura sea motivado por una ‘irreal’ previsión de crecimiento del PIB en 2012, y que lo sitúa en el 2,3%, una cifra que puede ser actualmente un sueño.

Pero puesto que el sueño, sueño es, la peor amenaza es que se convierta en pesadilla. Y esta puede venir de la mano de las reformas en las que puede estar pensando el próximo Gobierno. Éste, obligado por algo más que la presión ambiental, deberá dar respuesta a todos los problemas heredados además de los nuevos que van entrando a diario. El de las finanzas públicas no es un problema cualquiera, y aunque de solución a medio y largo plazo, la reforma deberá arrancar de forma inmediata. Se trata, además, de uno de los asuntos estrella, de candente actualidad y en el que España camina a la zaga de muchos de los socios europeos, quienes ya han aplicado planes de ahorros de costes mediante el recorte del gasto público.

España se encuentra en esa zona extraña de no reacción, de la que ya han salido Portugal, Grecia, Irlanda e Italia, con programas drásticos de recorte de gastos. En otras palabras, las CC AA españolas mantenían a mitad de año, un ritmo de crecimiento de los gastos financieros del 68% frente a un crecimiento cercano al 4% en los ingresos. La comparación sirve para constatar el peligro juego autonómico, en especial cuando se tiene en cuenta que más de la mitad del gasto público del sistema esta en manos de las CC AA. Es de esperar que si el Partido Popular, que gobierna actualmente en 14 de las 17 autonomías, y contando con que estas son soberanas en la aplicación de medidas del tipo de las que acaba de anunciar el Gobierno catalán, el ajuste de gastos a través de un plan de recortes, produzca efectos casi inmediatos, por mucho que sus efectos positivos tarden en llegar, al menos seis meses.

El asunto del ajuste autonómico se complica aún más en la medida en que se agota el tiempo para el futuro nuevo Ejecutivo, el cual deberá viajar a Bruselas para explicar y convencer a las autoridades, no ya de que el objetivo del 6% de déficit firmado para el presente ejercicio, si no para explicar cómo piensa alcanzar el objetivo comprometido del 4,4% de déficit público sobre PIB para finales de 2012. Pero aún se puede complicar más en la medida en que la Ley de Estabilidad Presupuestaria haga más duras las exigencias de reducción déficit y con ello se acabe estrangulando las finanzas autonómicas.

En todo caso, habrá que esperar al menos hasta finales de diciembre para comprobar que la nueva ley de Estabilidad Presupuestaria, compromiso adquirido en campaña para realizar en los tres primeros meses de ejercicio de Gobierno, fija un techo de gasto razonable como para conciliar el cumplimiento del objetivo de déficit con el mantenimiento de la actividad de las administraciones autonómicas, tal como están formadas en la actualidad. Misión casi imposible.

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