edición: 2766 , Martes, 23 julio 2019
04/12/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Economía ultima el Anteproyecto de Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito y servicios de inversión

Javier Ardalán

El Ministerio de Economía ultima estos días el Anteproyecto de Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, cuyo texto distingue entre la liquidación y la resolución de entidades financieras. La primera, la reestructuración, alude a la reorganización o cierre de sus actividades en el marco de un proceso judicial ordinario, y se dará principalmente en el caso de entidades que por sus reducidos tamaño y complejidad sean susceptibles de ser tratadas bajo este régimen, sin deteriorar desproporcionadamente el interés público.

La segunda, la resolución, es un proceso singular, de carácter administrativo, por el que se gestionaría la inviabilidad de aquellas entidades de crédito que no pueda acometerse mediante su liquidación concursal, por razones de interés público y estabilidad financiera.

La Ley incluye un conjunto amplio y contundente de medidas preventivas tales como estos planes de reestructuración y resolución, las medidas de actuación temprana o el análisis de la ‘resolubilidad’, que incluso alcanza la posibilidad de que la autoridad de resolución imponga a entidades perfectamente solventes la adopción de modificaciones estructurales, organizativas, en su línea de negocio, o de otro tipo, si fuese necesario para garantizar que en el caso de que la entidad devenga inviable, su resolución puede hacerse de manera ordenada y sin costes para el contribuyente.

Merece una mención especial el instrumento de recapitalización interna, traducción legal del término inglés ‘bail in’, que dibuja el esquema de absorción de pérdidas por parte de los accionistas y acreedores de la entidad.

Su finalidad última es internalizar el coste de la resolución en la propia entidad financiera, de modo que, con la máxima seguridad jurídica, sus acreedores conozcan el impacto que sobre ellos tendría la inviabilidad de la entidad. Es, en definitiva, de romper el viejo problema de las garantías públicas implícitas que protegerían a los acreedores de aquellas entidades que, por su relevancia en el sistema financiero, no serían en ningún caso liquidada.

Para ello, se utiliza un medio que es a la vez un fin en sí mismo y uno de los principios rectores de esta ley: la especial protección de los depósitos bancarios. En caso de recapitalización interna de la entidad, serán los últimos créditos que puedan verse afectados, quedando además cubiertos en una importante medida por el Fondo de Garantía de Depósitos, de tal forma que la inmensa mayoría de los depositantes quede absolutamente indemne en caso de resolución de una entidad de crédito.

Por otro lado, se constituirá el Fondo de Resolución Nacional, llamado a integrarse en un futuro próximo en un fondo de escala europea y sufragado ex ante por las contribuciones de las propias entidades de crédito. Este fondo complementará el efecto de la recapitalización interna y el resto instrumentos de resolución que prevé la norma, y, en su caso, podrá ser utilizado para flexibilizar o completar la asunción de pérdidas por parte de los accionistas y acreedores.

La existencia de estos instrumentos resuelve la cuestión de cómo deberá ser sufragada la resolución de una entidad de crédito y articula un procedimiento para la adecuada distribución de los costes.
Apuesta, además, por que dicha financiación se hará, en primer lugar, a cargo de la entidad afectada y, secundariamente, del resto de entidades, bajo el entendimiento de que estas también obtienen un beneficio si la resolución de otra entidad se realiza de manera ordenada.

Y en definitiva, en una manera que minimiza el riesgo moral en que incurren las entidades si presumen que serán rescatadas por medio de recursos del contribuyente, otorga credibilidad al principio de que los costes de la resolución de una entidad no pueden recaer sobre el presupuesto público.
Con esta ley se lleva a cabo la trasposición de la Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo, y se introducen aquellas provisiones que permiten la correcta articulación y coordinación del sistema español de resolución y el europeo, que habrá de estar plenamente operativo a partir del año 2016.

Así la ley regula la colaboración entre las autoridades de resolución europeas, en el caso de que se resuelva una entidad que opere en diferentes países de la Unión; y la representación de las autoridades españolas de resolución en el Mecanismo Único de Resolución.

La Ley recoge la definición y el proceso de elaboración de los planes de resolución, que contendrán las medidas que el FROB aplicará en caso de que la entidad resulte finalmente inviable y no proceda su liquidación concursal. En estos planes se excluye por completo la existencia de apoyo financiero público.

En este capítulo se recoge también la capacidad que tendrá la autoridad de resolución preventiva para señalar la concurrencia de obstáculos para la resolución y, en su caso, la facultad de imponer medidas a las entidades para su eliminación.

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