edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
16/12/2013
LA OREJA DE LARRAZ

Economía ultima la ley de supervisión que eleva las exigencias jurídicas y limita la remuneración de los directivos

Xavier Gil Pecharromán

El Ministerio de Economía ultima estos días en texto del anteproyecto de Ley de supervisión y solvencia de entidades de crédito para remitirlo al Parlamento, tras haberlo sometido a consulta pública del sector. Se trata refundir en un único texto de las principales normas de ordenación y disciplina de entidades de crédito para evitar la actual dispersión normativa en el sector.

Además, en él se lleva a cabo la transposición del Reglamento (UE) nº 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE, que  suponen una alteración sustancial de la normativa aplicable a las entidades de crédito, toda vez que aspectos tales como el régimen de supervisión, los requisitos de capital y el régimen sancionador son profusamente modificados.

Esta ley contiene, por lo tanto, el núcleo esencial del régimen jurídico aplicable a las entidades de crédito, sin perjuicio de la existencia de otras normas especiales que regulan aspectos concretos de su actividad o el régimen jurídico particular de un tipo específico de entidad de crédito, como sucede con las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito. El texto del anteproyecto contempla el régimen de autorización y revocación, el de participaciones significativas, el de idoneidad e incompatibilidades de los miembros del Consejo de Administración u órgano equivalente, y el de Gobierno Corporativo y Políticas de remuneraciones.

La norma realiza un avance muy sustantivo en materia de gobierno corporativo, integrando en buena parte el trabajo ya acometido por el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre. Son, fundamentalmente, dos áreas las afectadas: el establecimiento de sistemas de gobiernos corporativos eficientes y una política de remuneraciones mejor alienada con los riesgos en el medio plazo de la entidad.

Una de las principales novedades en este aspecto, es que regula en profundidad la retribución variable que pueden percibir los directivos de la banca. El texto, entre otras cosas, establece que los bonus deberán ir claramente ligados a resultados de forma que “sea posible no pagar esos componentes” si el directivo o la entidad no cumplen sus objetivos. El anteproyecto, de hecho, establece que la remuneración variable sólo podrá garantizarse con “carácter excepcional” cuando “se contrate personal nuevo”, es decir, si la entidad hace un fichaje, en cuyo caso sí que podrá prometérsele un bonus que “se limitará al primer año de empleo”.

Si bien la norma nuclear en materia de solvencia de entidades de crédito es desde el 1 de enero de 2014 el Reglamento (UE) nº 575/2013, de 26 de junio, la futura ley recoge las disposiciones en la materia que se deben mantener en el ordenamiento nacional. Estas disposiciones se refieren, en primer lugar, a la evaluación de la adecuación del capital de las entidades para el riesgo que asumen. Esta evaluación constituye un complemento a los requisitos de recursos establecidos en el reglamento con una vocación claramente generalista y automática, que podría no tener en cuenta las singularidades derivadas del perfil de riesgo de cada entidad.  En definitiva, se trata de que cada entidad determine si los requisitos de capital del reglamento son suficientes o si por el contrario, dado su modelo de negocio y nivel de exposición al riesgo, precisa un nivel de capital mayor.

La decisión final respecto a estos requisitos se determina en un diálogo entre el supervisor y la entidad que se conoce como Pilar II de Basilea. Asimismo se introducen los criterios que debe contemplar el Banco de España para fijar posibles requisitos de liquidez en el marco de la revisión de las estrategias, procedimientos y sistemas implantados por las entidades para dar cumplimiento a la normativa de solvencia.

Esta facultad pretende contribuir a la prevención de las crisis de liquidez, en las que las entidades se ven incapaces de hacer frente a sus pagos por las dificultades de acceso a los mercados, y ello termina por deteriorar su solvencia. Esta facultad es asimismo un complemento individualizado para cada entidad a los requisitos de liquidez que se exigirán a partir de 2016 conforme a lo dispuesto por el reglamento.

Se articula un conjunto de requisitos de capital de nivel 1 ordinario adicionales a los establecidos en el Reglamento (UE) nº 575/2013, de 26 de junio. Son los llamados colchones de capital. Tres de estos colchones tienen un carácter no discrecional: el de conservación de capital, el previsto para entidades de importancia sistémica mundial y el colchón para otras entidades de importancia sistémica.  Estos colchones obedecen a la necesidad de contar con suplementos de capital frente a pérdidas inesperadas o de cubrir los riesgos originados por el carácter sistémico de ciertas entidades. Por otro lado, el colchón anticíclico y el colchón contra riesgo sistémico son herramientas a disposición del Banco de España al objeto de atenuar el efecto procíclico sobre el crédito de los requerimientos de capital, y, en su caso, de abordar la aparición de riesgos que puedan afectar al sistema financiero en su conjunto.

 Frente a posibles incumplimientos de los preceptos que regulan el régimen de los colchones de capital se articula un sistema basado en restricciones a las distribuciones y la elaboración de un plan de conservación del capital.

Se regula también la supervisión del Banco de España. La complejidad organizativa de las entidades, a menudo incluidas dentro de un grupo en el que participan sociedades, no necesariamente reguladas, aconsejan que el ámbito supervisor del Banco de España sea lo más amplio posible. Asimismo, conviene delimitar las capacidades supervisoras del Banco de España en relación con las sucursales, en tanto que, especialmente si se trata de sucursales de entidades europeas, su matriz ha sido autorizada y es supervisada en otro Estado miembro. En el ejercicio de sus facultades, el Banco de España puede ser supervisor de una filial dentro de un grupo o de la propia matriz de un grupo.  Se trata de garantizar la cooperación entre el Banco de España la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, para aquellos grupos en los que hay entidades de crédito empresas de seguros y empresas de servicios de inversión.

En caso de incumplimiento de la normativa de solvencia, se le otorgan al Banco de España poderes y facultades para intervenir en la actividad de la entidad, introduciendo exigencias mayores de capital, provisiones o restringiendo el reparto de dividendos, entre otras. Si la situación fuera de excepcional gravedad, el Banco de España podría llegar incluso a la intervención de la entidad y la sustitución de sus órganos de gobierno.

La ley concluye, finalmente con una serie de disposiciones que contienen, entre otros supuestos, reglas de computabilidad como recursos propios de las participaciones preferentes o normas aplicables a los sistemas institucionales de protección. Igualmente se recoge un número relevante de normas de derecho transitorio, en atención a que la propia normativa comunitaria que se transpone prevé una aplicación escalonada de muchos de sus preceptos, como, por ejemplo, los relativos a la constitución de colchones de capital.

Entre las modificaciones de la Ley del Mercado de Valores destacan  la actualización de la regulación de las entidades de contrapartida central para hacerla compatible con el Reglamento (UE) nº 648/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones y su normativa de desarrollo. Normas que entraron en vigor en 2012 y 2013, respectivamente. Se mejora el régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de la normativa europea de ventas en corto. Se establecen tipos infractores expresamente referidos al Reglamento (EU) nº 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago. De este modo se sustituye el régimen vigente que operaba, hasta ahora, sobre la base de tipificaciones más amplias y generales.

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