edición: 2365 , Viernes, 15 diciembre 2017
27/04/2009
Nuevas leyes, regulaciones y reglamentos

Economía y Justicia preparados para poner patas arriba el sector asegurador

Solvencia II establece dos requisitos básicos de capital, el Capital de Solvencia (SCR) y el Capital Mínimo (MCR)
Xavier Gil Pecharromán

La aprobación de la Directiva Solvencia II por el Consejo de Ministro comunitario el próximo 5 de mayor va a suponer un auténtico cambio en la normativa y en la forma de actuar del sector asegurador, que toma como referencia al sector bancario y hace de la prevención de los riesgos su núcleo principal. Aprovechando este profundo cambio, el Gobierno español prepara toda una batería de medidas legislativas, que pretende que estén aprobadas por el Parlamento lo antes posible, iniciando un proceso de adaptación que culminará en 2013. La Comisión Europea quiere dar un impulso a esta normativa, que lleva gestándose desde el año 2002, para evitar que tras las elecciones europeas de junio, se pueda replantear la revisión de una normativa tan sumamente complicada.

El objetivo principal  de esta Directiva consiste en mejorar el control y la medición de los riesgos (de mercado, operacionales, de crédito y de liquidez) a los que están expuestos las aseguradoras, a través de la medida de activos, pasivos y capital, de un rígido proceso de supervisión y de un incremento de los requerimientos de transparencia. Con ello, se pretende mejorar, la  protección de los asegurados, la eficiencia y por tanto la productividad y por tanto la rentabilidad de los aseguradores y transparencia de los aseguradores en sus comunicaciones externas, que facilite la captación de capitales para el desarrollo del sector.

Solvencia II establece dos requisitos básicos de capital que todas las compañías de seguros deberán cumplir. Por una parte, el Capital de Solvencia (SCR), que fija el nivel mínimo de recursos propios que debe tener una entidad para garantizar el cumplimiento de todos sus compromisos, Y, de otra, el Capital Mínimo (MCR), por debajo del cual se permitiría la intervención de la acción supervisora.

Para el cálculo de estos requerimientos de capital, Solvencia II ofrece a las aseguradoras dos opciones: el desarrollo de modelos internos de estimación del perfil real de los riesgos y la fórmula estándar.
 
RÉGIMEN DE PARTICIPACIONES

En España, mientras tanto, la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha comenzado a estudiar el texto del proyecto de Ley por el que se reforma el régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras.

Se trata de una transposición de la directiva 44/2007, de 5 de septiembre de 2007, que va a suponer la modificación de las leyes sobre el Mercado de Valores, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y de Supervisión de los Seguros Privados.

CONSORCIO DE COMPENSACIÓN

En el mismo proceso parlamentario se encuentra también el Proyecto de Ley por el que se por la que se modifica el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. A través de esta norma, se reducirá el recargo destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras.

El actual proyecto, considera que resulta posible garantizar el buen desenvolvimiento futuro de la actividad liquidadora del Consorcio con un volumen de ingresos en concepto de recargos inferior al actual; razón por la cual se reduce en un cincuenta por ciento el recargo, que pasa a ser  del 1,5 por mil.

Adicionalmente, se suprime la exclusión que operaba para las medidas de mejora de los créditos en su aplicación a las propias entidades aseguradoras, cuando concurrían, a su vez, en la liquidación de una aseguradora respecto de la cual eran acreedoras por razón de contrato de seguro, y ello por no apreciarse, en la actualidad, razones que justifiquen esta discriminación.
En el texto debatido actualmente en el Parlamento se ha incluido también la supresión de las funciones de este organismo sobre los seguros obligatorios de viajeros y del cazador. Obviamente, esta medida deberá redundar de forma inmediata en una disminución del coste de tales seguros, al dejar de aplicarse los recargos sobre las primas que financiaban estas funciones.

CONTRATO DEL SEGURO

Y aún quedan tres anteproyectos por salir del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de Tesoro. En el primer caso, el elaborado por Justicia, se trata de la Propuesta de bases para la reforma de la Ley de contrato de seguro, que vendrá a reformar la Ley de Contrato de Seguro, para adaptarlo a las nuevas exigencias comunitarias.

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

En el Tesoro han ultimado el Proyecto de Real Decreto, que se plantea que entre en vigor este mismo año, por el que se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones que introduce modificaciones puntuales para facilitar la liquidez de los planes de pensiones en el supuesto de desempleo de larga duración, y, por otra parte, simplificar el procedimiento para que puedan operar como fondos abiertos canalizando inversiones de otros fondos de pensiones.

En el caso de los desempleados, la exigencia del plazo de 12 meses continuados en situación legal de desempleo, con el fin de que los partícipes que se encuentren en dicha situación, y vean mermada sensiblemente su renta disponible, puedan acceder de modo inmediato al ahorro acumulado en el plan para atender a sus necesidades económicas, una vez agotadas las prestaciones por desempleo contributivas o en caso de no tener derecho a dichas prestaciones. Se da un tratamiento similar a los trabajadores autónomos que habiendo abandonado su actividad figuren como demandantes de empleo.

Por lo que se refiere a los fondos de pensiones abiertos, se suprime el requisito de autorización administrativa previa para operar como tales, y se sustituye por una comunicación previa preceptiva a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Esta modificación se introduce en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de agosto de 2008, por el que se aprobaron medidas en desarrollo del Plan de Reducción de Cargas Administrativas y de Mejora de la Regulación, que comprende un conjunto de propuestas para simplificar los procedimientos administrativos, en el marco de los objetivos para el crecimiento y el empleo. Con ello se simplifica y agiliza el procedimiento, favoreciendo la reducción de los costes que estos trámites suponen para las entidades y, en última instancia, para los partícipes.
 
ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN

Y finalmente, el anteproyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y el Reglamento de Mutualidades de Previsión Social.

Con una finalidad de simplificación de procedimientos, se reduce el plazo para la resolución de consultas por el Ministro de Economía y Hacienda sobre el carácter asegurador o no de determinadas operaciones; el régimen de comunicaciones a la Dirección General de Seguros sobre la modificación de la documentación aportada para el otorgamiento de la autorización administrativa de acceso a la actividad; la supresión de la obligación de presentar anualmente información detallada acerca de la ejecución del programa de actividades, etc.

También, se introduce un régimen específico de información previa a los asegurados en materia de seguros de decesos.

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