edición: 2700 , Miércoles, 17 abril 2019
04/09/2018
Inevitable si la deuda supera el 100% del PIB

Economía descuenta ya una revisión a la baja del rating de España antes de fin de año

Los planes de aumento de gastos del Estado disparan la deuda superando el PIB nacional, precisamente en una fase en la que se esperan medidas de carácter electoral
Juan José González
Será entre octubre y noviembre cuando las agencias de calificación de riesgo emitan su veredicto sobre el riesgo, mayor o menor, de la deuda española. La resolución se espera en esta ocasión con mayor interés, dado que la situación reviste una peculiar mezcla de ingredientes políticos y económicos, y porque además llega en un momento delicado para el Gobierno. A un escenario político donde el principal riesgo político es una crisis del Ejecutivo por una posible pérdida de apoyo de las fuerzas independentistas, se incorpora el no menos importante de la deuda pública cuyo nivel situado ya en el 98,2% del PIB (alcanzado el 30 de junio pasado) lo convierte en dramático. Porque drama son los 1,1 billones de euros que se deben y dramático será el pago y sus costes. Las agencias observan los movimientos del Ejecutivo y sus promesas de elevar gastos, de endeudarse más para satisfacción propia y de terceros. Se preguntan las calificadoras la forma en que piensa el Gobierno (este y los que vengan) cómo van a resolver tan sideral problema. Como no está nada claro la forma (el remedio) de reducir la deuda, las agencias interpretan que subirá el riesgo y con estos los atractivos de un papel que hasta que se diga lo contrario, es atractivo para los inversores institucionales. Sin duda la revisión, a la baja, del rating en los próximos meses mostrará el cambio de opinión de los inversores.
El nivel alcanzado por la deuda pública en España, muy cerca de emular a otros socios de la Unión Europea como Italia, es objeto de análisis profundo por las agencias de rating, las calificadoras de riesgo. Profundo porque no se explican la ligereza de las autoridades en continuar ofreciendo programas de mayor gasto mientras sigue sin presentar un plan de medio y largo plazo para reducir el problema a niveles más razonables. Analizan, entre otros, que el BCE trabaja ya en el abandono de los programas de compra de deuda, de títulos públicos de los Estados que conforman la Unión Europea.

En breve habrá menos compradores de ese papel y será entonces cuando el Tesoro Público esté obligado a financiar al Estado. Se abre por tanto un tiempo de reserva para ver de qué forma encara el Tesoro el toro de la financiación, si bien, no será lo peor de lo peor ya que tras el fin de las compras del BCE la siguiente etapa es la de los tipos de interés, como se sabe, al alza a partir de un indeterminado mes del año próximo. Los tipos significan mayores costes financieros de un Estado obligado a reducir deuda, reducir costes y, en definitiva, a terminar con el riesgo de un teórico default.

Es por todo por cuanto las iniciativas consumistas del Gobierno central y de las Administraciones periféricas preocupa y pesa en el análisis sobre el riesgo soberano. De poco o de nada ha servido el anuncio de la ministra de Economía Nadia Calviño con medidas destinadas a aliviar la deuda porque van dirigidas a frenar las deudas autonómicas, lugar al parecer donde el Ejecutivo ve los mayores riesgos de aumento de gastos. Es, sin embargo, el riesgo político (Cataluña) el que viene a sumarse al propio del elevado nivel de deuda del Estado (rozando en junio el récord del 98,3% del PIB y los 1,14 billones de euros de 2017.

Si los riesgos sobre el proceso independentista catalán (Cataluña es el 19% del PIB nacional) eran interpretados por las agencias (Moody´s y S&P) como un problema real que podría decidir una revisión a la baja de la calificación de España, la situación de la deuda pública del país, en el 98,2% del PIB en junio pasado, no es un elemento menor para que las calificadoras interpreten que la revisión a la baja del rating será inevitable antes de que finalice el año. 

Y lo será en la medida en que el Gobierno cumpla sus objetivos de mayor gasto, más déficit (y más deuda) ante lo que poco o nada podrán oponer ni una subida de los impuestos, en principio focalizada en las grandes empresas, como tampoco el cumplimiento de las tasas de crecimiento económico previstas para el presente ejercicio. Una revisión a la baja del rating es, por tanto, el escenario más probable al que se deberá enfrentar la economía española, así como sus consecuencias, que no serán menores. 

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