edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
13/11/2018
banca 
Freno a la actividad corporativa

Economía enfría la venta de su paquete en Bankia por imponderables políticos

Moncloa quiere tener el camino despejado ante el exigente calendario electoral que se avecina y la venta de su participación en el banco le podría traer problemas
Juan José González
El Gobierno no quiere nuevas fusiones bancarias hasta que se despeje el futuro electoral. Conocedor de las dificultades para encajar en algún grupo bancario nacional su participación en Bankia y consciente del panorama complejo que adelantan los análisis económicos para el próximo ejercicio, prefiere que la venta de esta participación se produzca en otro escenario más benigno y sobre todo más despejado. Tan sólo parece oponerse al deseo gubernamental la existencia de otras sensibilidades económicas que estarían más interesadas en decidir, ya de una vez, la salida de Bankia del sector público estatal. En un reciente debate entre destacados miembros del Gobierno y el ministerio de Economía se pudo comprobar que hay posiciones encontradas al respecto. Que mientras un sector `menos político´ prefiere que se adelante la salida al problema, otro sector prefiere la cautela en espera de un horizonte más despejado. En todo caso, el debate citado sirvió para encender la chispa, de nuevo, de uno de los asuntos pendientes del sector financiero sobre el que Bruselas suele preguntar, con puntualidad germana, cada mes y medio. Siguen pendientes en Europa del destino final de ese 61% de la participación que el Estado español mantiene en Bankia. No se trata de una preocupación, como asegura un asesor técnico de la autoridad europea, sino de una ocupación rutinaria por un asunto pendiente. Así están enfrentados los partidarios de recuperar el dinero de las ayudas al rescate bancario, con los partidarios de recuperar el honor de mantener a cero la intervención estatal en el sector bancario privado.
En principio, aquella tarde se iba a tratar en una comisión ministerial el estado de las llamadas "piezas menores" del sector bancario, esto es, Liberbank, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja y Abanca en lo que se pretendía una puesta al día de temas pendientes. Porque pendiente se mantiene el cierre del mapa bancario español si se tiene en cuenta que el Estado saldrá de Bankia, por obligación legal, y porque las tres grandes entidades que dominan el sector bancario español no han renunciado en ningún momento a crecer por la vía de las adquisiciones.

Una fuente recuerda al respecto que hace un año, la recomendación que hizo llegar al sector bancario el entonces Gobierno del Partido Popular fue la de mantener la prudencia dado que el momento político estaba dominado por un asunto tan capital como era el conflicto con Cataluña. Se aducían otras razones como la necesidad de que Bankia aligerase su carga inmobiliaria y concluyera la digestión de la adquirida BMN. Era, según una fuente conocedora de la situación "un momento dulce" porque uno de los grandes estudia a fondo las sinergias que obtendría su banco con la absorción de Bankia.

Entonces, la postura del Ejecutivo de situar la coyuntura política del momento a modo de barrera para frenar una operación corporativa, fue interpretado como que el aspirante (se supone que era conocido por el Gobierno) no entraba dentro de lo más conveniente para el interés público o político. Con esta mirada crítica, el Ejecutivo Popular estimaba que la unión de Caixabank y Bankia le restaría poder frente a una posible unión de BBVA y Bankia. La controversia, lejos de haberse resuelto, parece en cambio haber cogido más fuerza desde que ha trascendido que el Ejecutivo piensa que incluso alguna entidad extranjera podría estar interesada en su paquete de Bankia.

Hoy día, los inclinados por adelantar la salida de Bankia del sector público, creen que una colocación con prima sería el camino más corto para recuperar gran parte de los 23.000 millones de ayudas que recibió el banco, puesto que la cotización bursátil que debería alcanzar para aspirar a recuperar el dinero, se presenta a medio plazo como un imposible metafísico. Mientras el plazo de tiempo que tiene el Gobierno español para que abandone su participación en Bankia (finales de 2019) se consume, todo indica que el comprador puede estar fuera de España y dispuesto a desembolsar los 9.000 millones de euros de su valor en Bolsa.

Por la vía de la valoración bursátil, cerca de los tres euros en la actualidad, es muy difícil por no decir imposible, que el Estado se preste a una operación tan calamitosa. Las espadas siguen en alto y no se atisba la fecha ni el tiempo más adecuado para que los precios de mercado permitan que el Estado recupere (que es de lo que se trata) el dinero público. Una `inversión´ como quieren entender en el ministerio de Economía, que no está rentando casi nada y que a día de hoy el mercado mantiene una valoración por debajo de los tres euros por acción, muy lejos de la mala venta de final del año pasado cuando cotizaba en 4,06 euros.

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