edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
13/11/2018
LA OREJA DE LARRAZ

Economía inicia el camino para controlar las monedas virtuales

Xavier Gil Pecharromán
El Gobierno abre ahora el periodo de consulta previa para la elaboración de la norma que transpondrá la Quinta Directiva de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que debe entrar en vigor a más tardar el 9 de julio de 2019.
La novedad más destacable es la inclusión en el listado de sujetos obligados al cumplimiento de la normativa en este ámbito de los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria, así como de los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos.

La vigente Ley ya incorpora la gran mayoría de las previsiones normativas contenidas en la misma. Sin embargo, resulta necesario llevar a cabo ciertas modificaciones orientadas a mejorar la disponibilidad de información para los órganos encargados de la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como concretar la forma en la que se va a dar cumplimiento a las exigencias de los artículos 30 y 31 de la Directiva, relativos a las bases de datos de titulares reales. También son precisos algunos otros cambios en los sujetos obligados, particularmente en el ámbito de las monedas virtuales.

Además de los ajustes necesarios para dar cumplimiento a las exigencias establecidas por la mencionada normativa de la Unión Europea, es el momento de llevar a cabo una valoración sobre la potencial necesidad de mejoras adicionales en el texto, que redunden en una mayor efectividad de los mecanismos de prevención, con especial atención al desarrollo de las nuevas tecnologías y su potencial aplicabilidad a la función de cumplimiento.

Otros nuevos obligados serán los intermediarios de obras de arte, bien directamente o a través de galerías de arte y casas de subastas, bien de puertos francos, siempre que el valor de la transacción o de varias transacciones conectadas sea de 10.000 euros o más.

La norma comunitaria da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la UE. El objetivo es acabar con la opacidad que facilitan las denominadas empresas buzón, a menudo usadas para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos, como revelaron los Papeles de Panamá.

En cuanto a los propietarios de fideicomisos (trusts), la información será accesible para los que puedan demostrar un "interés legítimo", como periodistas y ONG. También se prevé determinar la estructura y funcionamiento de la base o registro de titulares reales, tanto en lo relativo a trust o figuras análogas administradas en España, como en lo que se refiere a personas jurídicas.

La directiva se propone cerrar las vías a las finanzas de origen delictivo sin obstaculizar el funcionamiento normal de los sistemas de pago. La norma modifica la directiva 2015/849 y forma parte de un plan de acción lanzado tras la serie de ataques terroristas que sufrieron diversos países de la UE en 2016.

El texto aprobado afirma que "si bien ha habido mejoras significativas en la adopción y aplicación de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en el respaldo a la labor de la OCDE en materia de transparencia por parte de los Estados miembros en los últimos años, es clara la necesidad de un mayor incremento de la transparencia global del entorno económico y financiero de la Unión".

Los Estados de la UE exigirán que los titulares reales de sociedades u otras entidades jurídicas, inclusive mediante acciones, derechos de voto, participaciones en el capital social, carteras de acciones al portador o el control ejercido por otros medios, proporcionen a estas sociedades o entidades jurídicas toda la información precisa para que cumplan con los requisitos exigibles por el Derecho de la UE.

Se incluye la revisión del contenido de datos declarables al fichero de titularidades financieras a las cajas de seguridad, tal y como establece la V Directiva. 

Se revisan y actualizan las normas en materia de protección de datos, de cara a armonizar el contenido de la norma con las nuevas disposiciones derivadas de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Se revisan los sistemas de identificación no presenciales y de firma electrónica, de acuerdo con la nueva regulación contenida en el Reglamento comunitario relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

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