edición: 2679 , Martes, 19 marzo 2019
12/12/2018
banca 
La exclusión financiera entrará en la próxima campaña electoral

Economía quiere una tasa mínima exigible de presencia de la banca en el medio rural

La mitad de los municipios españoles carecen ya de los tradicionales y básicos servicios bancarios: sin efectivo ni posibilidad de hacer transferencias o pagos. Es el escenario que recoge un proyecto oficial que puede ver la luz en 2019
Juan José González
Reñida con los costes y la falta de rentabilidad, el sector bancario continuó con su éxodo de las localidades en las zonas rurales de España. Abandono desigual, con situaciones extremas que sufren, cada día con mayor intensidad, pueblos y municipios de ciudades que sorprenden por su población e importancia turística o industrial. El problema de la exclusión financiera ya no afecta sólo al denominado medio rural, entendiendo por rural pueblos y localidades alejadas de los centros neurálgicos de población principal. Afecta cada vez más a ámbitos provinciales donde, por ejemplo, la primera provincia con mayor número absoluto de personas sin banco es Barcelona, con cerca de 76.000 ciudadanos sin banco, seguida muy cerca por León, con casi 75.000; Tarragona con 57.000 y Girona con 51.000 y cierra este grupo de los cinco con mayor exclusión financiera, Navarra, con algo más de 50.000 ciudadanos.
La explicación de la exclusión en las tres provincias catalanas reside en que es la región española con mayor número de cajas de ahorro quebradas y el consiguiente cierre de oficinas que los bancos adquirentes no asumieron. Pero en porcentaje de población que se ha quedado sin una oficina de banco o caja en su localidad son Zamora, Ávila, Burgos, León y Palencia las que se llevan la palma, seguidas por Segovia. En total, poco más de 8.100 municipios en España de los que casi el 49% se puede sentenciar que carecen de algún tipo de oficina financiera o bancaria, es decir, viven en exclusión financiera. El problema se quedó en el papel, en un proyecto que no llegó por unas semanas a entrar en el orden de temas a tratar en una comisión de subsecretarios. El Gobierno quiere que aquel proyecto, con varias modificaciones, entre en el próximo programa electoral.

Cuando todavía no están muy claras las razones de la despoblación en España, si se debe, entre otros, a la carencia de servicios -en este caso, los bancarios- o es la falta de población la que obliga a la huida de las oficinas, lo que sí parecen evidentes son las cifras de la situación, un escenario que en la práctica se traduce en que cerca del 49% de los municipios españoles no cuenta con una oficina bancaria. Si la crisis de 2008 supuso un golpe definitivo al creciente aumento de la exclusión, desde 2014 hasta 2018 las cifras descienden de forma tan alarmante que obliga al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto.

En la legislatura pasada, el ministro de Economía Luis de Guindos, tuvo su mesa un ambicioso proyecto para paliar el éxodo de oficinas bancarias de municipios y provincias, pero que el cambio en el departamento ministerial decidió aparcar por razones de agenda política y legislativa. En el informe se llamaba la atención sobre las zonas que habían quedado sin cobertura bancaria tras la crisis de las cajas de ahorros, crisis que incrementó en un 19% el éxodo que ya se había dejado sentir años antes.

Son casi 4.000 municipios los que se consideran en el informe en situación de abandono financiero, teniendo en cuenta que por abandono se entiende la ausencia de oficina bancaria alguna. Ausencia de bancos privados que se suman al cierre de otros servicios públicos (escolares y sanitarios) y a los que hay que añadir el cierre de supermercados, tiendas de vestido, electrodomésticos, cafeterías, restaurantes o bares. La suma de todas estas carencias se traduce en una población en tendencia descendente y económicamente sin interés comercial ni financiero, es decir, plazas no rentables que sólo generan costes.

Las cuentas que se hacen ahora los técnicos de Economía mantienen las bases del informe del departamento anterior con tan sólo una diferencia: la agudización de la exclusión financiera en 2018 equivale, en términos de capacidad instalada del sector bancario, al tamaño del sector bancario de hace 36 años para una población que aumentó en más de un 20%. Actualmente, Ávila, el 85% de sus municipios carece de oficina bancaria, y en Zamora, paradigma de la exclusión financiera (con el 85% de su población en esta situación) el 80% de sus pueblos no tiene atención bancaria.

Ahora, los técnicos evalúan el escenario teniendo en cuenta las entidades financieras presentes en 1985 y 2000 y comparan los cierres de esa etapa con los cierres de sucursales entre 2008 y 2018. El resultado, una red bancaria con 19.000  oficinas menos en este segundo período (el 39% de la red) debe ser cubierto o compensado por algún medio (y no sólo por el parche de las `ofibus´). La teoría oficial es que sean las propias entidades las que, en función de su tamaño y experiencia previa en las zonas más excluidas, proporcione cajeros automáticos asistidos por oficinas o agentes móviles. En cualquier caso, la exclusión financiera (fuente inagotable de desigualdad social, según el BCE) deberá ser combatido por los Gobiernos con nuevas normas que obliguen a la banca europea a seguir mirando a la población. Y no sólo en términos de rentabilidad y coste.

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