edición: 2581 , Miércoles, 24 octubre 2018
18/09/2018
LA OREJA DE LARRAZ

Economía ultima el diseño de la formación para los distribuidores y sus empleados del sector seguros

Xavier Gil Pecharromán
El Ministerio de Economía acaba de abrir el periodo de información pública para el Proyecto de Reglamento en materia de formación, que desarrolla la Ley de distribución de seguros y reaseguros privados, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, en fase de ampliación de enmiendas en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados.
Se trata de una adaptación de normativa comunitaria al sistema legislativo español, que se está elaborando por la vía de urgencia. Se trata de la Directiva 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros, que establece la necesidad de que todas las personas pertinentes que formen parte de la estructura de gobierno de los distribuidores de seguros o reaseguros, así como sus empleados que participen directamente en la distribución de seguros o de reaseguros, tengan un nivel idóneo de conocimientos y competencia respecto de la actividad de distribución.

Los conocimientos y aptitudes de los distribuidores de seguros y reaseguros, así como de cualquier otra persona que participe directamente en la distribución de seguros y reaseguros privados, se considera un elemento esencial para garantizar la calidad del servicio de distribución prestado a los asegurados.

Por este motivo, la finalidad principal del proyecto es proteger los derechos de los usuarios de productos de seguros con independencia del canal de distribución utilizado. Igualmente busca promover un entorno equitativo y de igualdad de condiciones de competencia entre los distribuidores, tanto si estos están ligados a una empresa de seguros como si no, lo que reforzará la competencia en el mercado, garantizando que los consumidores de productos de seguros son asesorados e informados por personas que tienen la formación adecuada.

Se exige, por tanto, que la idoneidad del nivel de conocimientos y competencia quede garantizada por el cumplimiento por parte de dichas personas de unos requisitos profesionales y de competencia específicos, cuyas líneas generales se trazan en estas normativas.

Siguiendo lo establecido por la directiva de referencia, la futura Ley de distribución de seguros y reaseguros privados, se establece el requisito de que los distribuidores de seguros y reaseguros, la persona responsable de la actividad de distribución o la mitad de las personas que forman parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución, los colaboradores externos, así como los empleados de los distribuidores y de los colaboradores externos y el personal de las redes de distribución de los operadores de banca-seguros que participen directamente en la distribución, dispongan de los “conocimientos necesarios para el correcto desempeño de su actividad”.

En base al principio de proporcionalidad, dichos conocimientos deberán adecuarse, en su caso, a las características de la actividad de distribución realizada por cada uno de los distribuidores de seguros o de reaseguros, atendiendo a su tipología, función y grado de complejidad.

Sin perjuicio de la habilitación que la futura Ley, contiene para que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establezca las líneas generales y los principios básicos que habrán de cumplir los cursos y programas de formación exigidos en dicha ley, este Reglamento regula los requisitos de participación en los cursos de formación.

También, se regula la duración de los mismos en función de tres categorías o niveles diferentes atendiendo a la responsabilidad y actividad que se desempeña en relación con la labor de distribución; el reconocimiento de conocimientos previos que permite modular los contenidos que ha de cursar una persona teniendo en cuenta la formación que previamente haya adquirido.

Además, se plantea la formación continua, como instrumento esencial que permite mantener actualizados los conocimientos y, gracias a ello, favorecer un servicio de calidad a la clientela; y, por último, el régimen de adaptación.

Mención particular merecen los residentes o domiciliados en otros Estados miembros, pues en aplicación del principio de registro único que consagra la Directiva 2016/97, y con la finalidad de permitir la aplicación de la libre circulación de los distribuidores de seguros y reaseguros, el presente real decreto equipara para estas personas el ejercicio efectivo de las actividades relacionadas con la distribución de seguros y reaseguros con la superación de los cursos de formación que en el presente texto se regulan para las personas residentes o domiciliadas en España.

Este real decreto es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cumple el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligación de transposición con fidelidad al texto de la directiva; así como con los principios de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, y de seguridad jurídica, ya que se realiza con el ánimo de mantener el marco normativo estable, predecible, integrado y claro.

Actualmente, la normativa reguladora de la formación inicial y continua de los mediadores de seguros, empleados y colaboradores está desarrollada reglamentariamente en el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio y de competencia profesional.

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