edición: 2412 , Jueves, 22 febrero 2018
07/01/2009
Observatorio Latinoamericano

Ecuador y Bolivia preparan otra vuelta de tuerca para las petroleras

Agip hace las maletas, Repsol las trincheras
Ana Zarzuela

Le ha puesto música al miedo de las multinacionales y ahora que la OPEP fuerza el recorte de la producción ecuatoriana, el presidente Rafael Correa le adorna también la letra de nuevas restricciones. Y a la vista de que ni la estatal Petroecuador ni sus nuevos aliados rusos, iraníes y venezolanos están por la labor, ahora espera que las multinacionales paguen un ‘cubierto’ demasiado caro para el buque insignia de sus sueños estatales. Ya lo han hecho con sus inversiones, obligadas a aceptar un campo de juego fiscal cada vez más estrecho. Y comienzan a sentirlo en las carnes de la producción: correrán con la mayor parte de las facturas de los recortes obligatorios.

La italiana AGIP (el brazo andino de Eni) prepara las maletas, Quito no le dejará extraer más crudo; Repsol, de nuevo, amuebla las trincheras, aún calientes tras la última amenaza de nacionalización y en Bolivia prepara la cartera para asumir sus facturas como socia minoritaria de Andina, ahora que Morales quiere depositar en ella una década de planes. Repsol YPF prometió no irse de ningún país de la región. No, al menos en tanto los líderes bolivarianos no se lo dejen imposible con nacionalizaciones y arremetidas fiscales.

Pero Rafael Correa y Evo Morales le están poniendo la cintura a prueba. Para la española hay “nubes”, a las que da aire lo que Antonio Brufau no duda en calificar como “falta de formalidad institucional”. La misma que le lleva a rebajar su exposición a los enclaves más inestables, a dejarse flotar en la ‘argentinidad’ de YPF, a diversificar en otras latitudes y  a jugar sus mejores partidas en Brasil y Perú. Todo con tal de reducir riesgos,  reponerse de la pérdida de reservas latinoamericanas -un 25% en dos años- y amortiguar los sustos ‘bolivarianos. A la española, Correa le demarca otra estación del vía crucis energético con el “estado de emergencia petrolero” y la ley de excepción para Petroecuador. Si se va por el camino de City y Occidental, Repsol perdería menos del 2% de sus reservas, pero Ecuador a uno de sus principales inversores, que extrae 65.000 barriles al día y tiene en la mano la llave de unas inversiones superiores a las prometidas por Petrobrás. 

En Bolivia, Repsol ha sido durante dos años el aliado paciente, capaz de aguantar denuncias, subidas impositivas y amenazas. Acepta su rol de socia minoritaria, pero -aviso para navegantes- exige al Estado que, lejos de los tics de YPFB, se enfunde su traje de accionista mayoritario para que la compañía continúe operando, reinvirtiendo y distribuyendo las ganancias. El ‘matrimonio’, de conveniencia y con el juez de guardia, puede acabar en divorcio si a la petrolera le estrecha más el cerco. Y Morales ha vuelto a hacerlo. Aunque admite que la nacionalización de los hidrocarburos y la falta de inversiones castigarán a su gobierno en 2009, o quizá precisamente por eso, exprime con una mano las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia para invertir en hidrocarburos.  Y con la otra promete nacionalizar el 50% de BP en Chaco y amenaza de nuevo a las arcas de las multinacionales -Repsol en cabeza- llamadas a cofinanciar el ambicioso proyecto en el que acaba de embarcar a la estatal YPFB Andina: 10 años de perforaciones de más de 30 pozos petroleros, con inversiones que superarán los 900 millones de dólares y la instalación de una planta productora de Gas Licuado en Río Grande, en la que se invertirán 80 millones de dólares.

LA ‘LÁMPARA DE ALADINO’ BOLIVIANA

En su momento, La Paz selló con él un compromiso con la petrolera Andina -responsable del 40% del gas natural- como alianza dorada. Pero Morales quiere más que un vínculo que deja sólo en manos de la española un 48,92% del paquete accionarial; obliga a Brufau a compartir la gestión con los enviados de Palacio, a entregar el timón y conformarse con dos consejeros de siete. Repsol está condenado a vestir los ensueños de Morales en su triple condición: como socio forzoso del Estado, como inversor a la fuerza con 900 millones de dólares para el Plan 100, como productora en los megacampos de Margarita  y Huacaya y como puente de emergencia a las necesidades gasistas de Argentina y Brasil. Repsol ha sido durante dos años el aliado paciente, capaz de aguantar denuncias, subidas impositivas y amenazas. Acepta su rol de socia minoritaria, pero -aviso para navegantes- exige al Estado que, lejos de los tics de YPFB, se enfunde su traje de accionista mayoritario para que la compañía continúe operando, reinvirtiendo y distribuyendo las ganancias. El ‘matrimonio’, de conveniencia y con el juez de guardia, puede acabar en divorcio si a la petrolera le estrecha más el cerco.

Bolivia tiene desde hace meses la producción estancada en 40 millones de metros cúbicos diarios de gas, un horizonte insuficiente para abastecer los 32 millones que requiere Brasil, los 7,7 de Argentina y  los seis millones de demanda interna. Se ha convertido en el capitán del triángulo de las Bermudas energético, pero Morales trata de seguir frotando la ‘lámpara de Aladino’ de la segunda reserva de gas del continente ( 48,7 billones de pies cúbicos según una certificación ya caduca de 2005) y se ha sacado de la chistera bolivariana su ‘Plan 100’, un ensueño con el que espera nada menos que duplicar en cuatro años sus actuales reservas de gas. El boliviano intenta que las facturas de sus sueños energéticos corran a cargo de las multinacionales, con Repsol YPF en cabeza, con la estatal YPFB como ariete y las multinacionales como rehenes, forzadas a bailar el paso a dos con ella y con el cubierto pagado con los 2.500 millones de dólares de inversiones que les ha exigido a cambio de su permanencia.

PAGADORES PARA LAS AMBICIONES ECUATORIANAS

Quiso sentarse a la mesa de la Organización de Países Productores de Petróleo y después de 15 años repudiado de sus orillas jura que es sólo cuestión de ‘mala suerte’, pero los precios del crudo, la restricción del crédito internacional y los límites de su músculo petrolero le han aguado la fiesta. Rafael Correa le ve las orejas a más de un lobo. Propio y ajeno. Con los bonistas y con las petroleras entona de nuevo el mantra de la amenaza. Y con las empresas energéticas camina la senda de las nacionalizaciones y el ‘tango del chantaje’ que ya conoce Antonio Brufau. Calienta el camino hacia las elecciones con las reforrnas económicas y energéticas ya en el horizonte de la voluntad. Se siente depositario del derecho a darle otra vuelta de tuerca a  los sectores estratégicos a través de las empresas públicas y ha metido ya al ‘horno’ legislativo una nueva ley de seguridad financiera y una regulación “urgente” del sector minero. 

Los laureles’ de Petroecuador -con una fuerte caída de 32% en sus ingresos por exportaciones petroleras- le envenenan la escena. Correa se ha tomado a pecho la militarización de su gigante petrolero. El bajo precio del crudo deja en ‘stand by’ a una carpeta de proyectos del sector petrolero -sólo seis de sus planes están financiados-  y pone en riesgo el abastecimiento de la nueva refinería. Pero no se resiste a la tentación de nutrir las ínfulas de sus pretensiones políticas y el motor gripado de la compañía estatal con los acuerdos y las inversiones de las petroleras internacionales. En un país que bebe del grifo energético -del que depende el 40% de su presupuesto- y en el que la caridad bien entendida siempre empieza por los inversores, las trasnacionales tiemblan desde que el nuevo ministro ecuatoriano de Minas y Petróleo, Derliz Palacios, llegó con el reto de cambiar los contratos de participación por otros de prestación de servicios y con la consigna de hacer sangre para forzar las inversiones.

El Palacio de Carondelet reparte las facturas entre sus inversores: han renegociado casi todos los contratos de participación en la producción con compañías privadas, pero está dispuesto a volver a barajar de nuevo. Para empezar, con los 40.000 barriles diarios de crudo que tiene que recortar -el equivalente a la cuarta parte de la producción de Petroecuador- que privará a sus arcas de 800 000 dólares cada día. El reajuste acordado en la OPEP y todos los que vengan de ahora en adelante macarán las líneas rojas para todos, pero las petroleras privadas que tengan altos costos de producción, una menor calidad de crudo y aquellas donde el Estado tiene menor participación afrontarán un mayor recorte de su producción. Quito extiende la pinza de sus frustraciones energéticas sobre la mesa de las multinacionales. Adiós a sus planes para destilar la riqueza petrolera en los próximos cinco años, los llamados -según todos los análisis- a desplegar su poderío antes de que el crudo ecuatoriano -de poca calidad- toque el suelo de sus reservas probadas. Adiós, también, a los delirios de grandeza de Correa: para empezar, si no obtiene recursos para el desarrollo de la Refinería del Pacífico, tendrá que importar crudo para nutrirla.

Los precios a la baja del petróleo, sumados a la menguante producción de crudo ecuatoriano y la incertidumbre por nuevas leyes mineras prometen comprometer los recursos fiscales. La economía creció: hubo más consumo y las exportaciones aumentaron, pero sólo en función del alto precio de las materias primas, un horizonte con el que Correa sabe que no puede contar ya mucho más. El riesgo país coquetea con los 5.000 puntos y las luces rojas de los analistas no hacen más que iluminar las debilidades de su músculo petrolero. La crisis global erosiona a Ecuador en los flancos propios y ajenos: por cada dólar que cae el petróleo -que aporta un 40% del presupuesto nacional- el país pierde 40 millones netos. Son los propios mandos intermedios de la empresa estatal de Petroecuador los que comienzan a advertir que el límite de producción está más que cerca si no se invierte más en exploración y prospección y si no se destina más dinero a mantener activos los campos que han iniciado su declive descendente. Petroecuador requiere  de 24 000 millones de dólares para garantizar el negocio petrolero en los próximos cinco años y el Fisco, en el mejor de los horizontes que sueña, cubre sólo un 28%. Lo sabe Correa: todos sus caminos pasan por la inversión y la ‘pesca’ impositiva. Y ambos tienen el apellido de las multinacionales. Por más que se cure las zozobras energéticas con otra decena de nuevos  proyectos con Caracas, listos para caer en el desván de los sueños bolivarianos, como los firmados en enero de 2007, por más que los exportadores ecuatorianos sigan esperando el pago de las exportaciones que hicieron bajo el paraguas chavista.

La amenaza es todo un método. Ecuador primero sacude, luego denuncia. Todo para negociar un juego con nuevas reglas y en una cancha rediseñada a su medida. A pesar de que ha conseguido llevar al redil de sus deseos a las multinacionales de los hidrocarburos, hacerlas pasar por el aro del 99% de carga impositiva sobre ingresos extraordinarios, aceptar la recuperación estatal del 70% de las rentas petroleras (ahora tiene el 29%) y sus decretazos, Correa no acaba de encontrar el techo a sus deseos. Lo saben Repsol, Perezco y Petrobras. Y ha comenzado a entenderlo en carne propia Agip: deberá recortar a la mitad sus aspiraciones de producción e ingresos en tierras ecuatorianas, o hacer las maletas. El presidente ecuatoriano promete cegar a las multinacionales con todos los destellos del ‘nuevo amanecer populista’. En 2007, le sirvió para forzar un reparto de extraordinarios del 99% a favor del Estado y en enero de 2008 la modificación de contratos petroleros. Con la expulsión de Odebrecht y la amenaza a Repsol, domó en noviembre a Petrobrás, que aceptó subir la participación del Estado del 25,8% al 40%. A Brufau, el 'sí quiero' le costó la renuncia a tres demandas ante el CIADI y la promesa de 316 millones de euros.

Ya puestos a pedir, el Ejecutivo ecuatoriano espera más de 1.000 millones de dólares de inversión privada en el sector  para los próximos tres años, que se sumarían a los 2.000 millones de dólares del gobierno  como parte del presupuesto de Petroecuador, que en los últimos diez años ha invertido 967 millones, menos de la cuarta parte de los 4.600 millones aportados por las multinacionales, a pesar de que en las manos de la estatal están el 80% de las reservas. Y aún no ha encontrado cómo financiar los campos que no están en producción, que tienen el 42% de las reservas del crudo conocidas, en un 87%, crudos pesados. Pero las amenazas de correazos -el impuesto a la salida de capitales y el mayor control estatal- tienen nerviosos y recelosos a los sectores productivos, por mucho que trate de forzar las inversiones futuras con cada renovación de contrato. Su tango ya sólo espanta ya a las grandes inversiones españolas, relegado a los últimos lugares del continente (apenas un 0,2% del total) junto a Bolivia y Uruguay, muy por detrás incluso de Venezuela. Se lo han recordado -en un informe del Instituto el Instituto de Empresa Business School y la consultora Gavin Anderson & Company- las siete grandes multinacionales españolas con presencia en el país: ya sólo un 5% de los grandes inversores españoles piensa que la evolución de la economía ecuatoriana y su contexto de inversión será favorable.

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