edición: 2852 , Viernes, 22 noviembre 2019
23/02/2010
Lista 301

EE UU mantiene a España en la 'lista negra' de internet

Si la Cámara de Comercio y el Congreso siguen las recomendaciones de la IIPA puede haber sanciones comerciales a los países reincidentes
Ni la nueva regulación de internet de la LES, ni la negociación del secretario de Estado Ros, ni la visita de Zapatero a la Cámara de Comercio americana le han servido a España
Ana Zarzuela

Cruzaban los dedos para llegar a tiempo. Ni Zapatero ni Caamaño ni Sinde esperan que la regulación de la Ley de Economía Sostenible sea efectiva antes de junio. Pero querían hacerle visible ya a Obama su fórmula para luchar contra las ‘descargas ilegales’ y el intercambio de archivos ‘protegidos’ en la red. Al menos, lo justo para zafarse del título de ‘paraíso’ del “pirateo digital mundial” del 'Caucus Antipiratería Internacional del Congreso de EEUU' y escapar de la ‘lista 301’ -el grupo sospechoso bajo vigilancia- de la Alianza de Propiedad Intelectual (IIPA). La maquinaria de Moncloa ha seguido la bitácora de Obama y de la Industria norteamericana. Y se ha pasado de largo, hasta chocar con la UE, las premisas de la comisaria Kroes y las advertencias de la judicatura española: Washington le pedía desde 2008 una campaña política contra el ‘piratero’, una comisión administrativa que actuara de ‘sheriff’ de la red y nuevas vías judiciales. Dicho y hecho. Por eso Moncloa esperaba consumar su ‘rehabilitación’ con la visita de Francisco Ros a Washington. Pero sus esfuerzos no son suficientes ni llegan a tiempo para la IIPA. España será desde este semestre la asesora norteamericana en banda ancha móvil, pero no se quita las manchas del “peor paraíso de la piratería europea on line”. No lo hará al menos en doce meses, el tiempo que falta para que la IIPA y la Oficina del Representante Comercial de EE UU (USTR) vuelvan a revisar el Informe 301 que acaban de publicar. Washington y su industria quieren más de España y lo quieren antes de la revisión parcial en octubre. España hace méritos con el ACTA (el acuerdo comercial multinacional sobre el copyright), le guarda sitio en la "Declaración de Granada". Esta vez se la podría jugar con sanciones comerciales si no cumple con el ‘menú’ de la IIPA, nuevos deberes que chocan con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, las sugerencias de la judicatura española y, sobre todo, la defensa de la neutralidad de la red por las telecos.

Es “tiempo para cambiar o reincidir”. Se lo advierte literalmente la IIPA a la treintena de países que comparten con España los ‘honores’ de estar en la lista negra o de la vigilancia. España no ha pasado -como se amenazó en algún momento de 2008 y 2009- a la lista de los diez mayores piratas de la propiedad intelectual que encabezan China, Canadá o Rusia, pero no saldrá de la veintena de países (de 80 evaluados) del segundo grupo de riesgo, la llamada Lista Bajo Vigilancia, con naciones como Kazajstán, Pakistán, Rumania, Turquía, Grecia o Uzbekistán, de la que sí han podido escapar en la revisión de 2010 Taiwan o rebajar sus niveles de exposición Paraguay y Arabia Saudita. España ocupa capítulo propio como ‘paraíso’ del “pirateo digital mundial”, junto a Corea, o Vietnam. Y desde 2008 está en la ‘lista’ de países permisivos del 'Caucus Antipiratería Internacional del Congreso de EEUU'- un comité compuesto por republicanos y demócratas tanto del Congreso como del Senado- aquí sí junto a Rusia, China y Canadá.

La única concesión de la IIPA -la misma que a Malasia, Tailandia o Ucrania- sólo le permitirá a España ser sometida durante los próximos doce meses a exámenes específicos para mejorar su estatus. La IIPA -el gran 'lobby' de la industria cultural de Estados Unidos, que genera más de un 2% del PIB- se hace fuerte en su piel privada, pero acentúa su tentáculo público de la mano de la Oficina del Representante Comercial de EE UU (USTR): el Informe Especial Anual del Acta 301 se publica ya a cuatro manos y, juntos, se la han dejado este año en la mesa del Congreso estadounidense y la Casa Blanca con la recomendación -por segundo año- para que refuerce la legislación y las sanciones contra las naciones de la ‘lista negra’, al menos las reincidentes. Una aspiración apoyada ya por la Cámara Americana de Comercio -el lobby de más de 3 millones de empresas americanas- a pesar de los esfuerzos primero de Zapatero -que pasó en ella la sobremesa de su último viaje a Washington- y del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros. 

El Secretario de Estado Ros volvía de su reunión en enero con los altos representantes de las telecomunicaciones de la Administración Obama -incluyendo la todopoderosa FCC, la Federal Communication Comision- con el encargo de prestar ayuda -o al menos asesoría- en banda ancha a Estados Unidos, que aún ocupa el lugar 14 en el ranking mundial de penetración de la banda ancha sobre la población, casi la mitad que España, justo ahora que está sobre la mesa el debate sobre la colaboración entre Estados Unidos y la Unión Europea en sociedad de la información en el marco de la presidencia española, el  marco legal de las redes de nueva generación, la neutralidad de la red de internet, la gestión del espectro y la licitación de nuevas bandas para servicios móviles avanzados y la banda ancha como servicio universal.

Las autoridades de telecomunicaciones norteamericanas y el Ministerio español de Industria han creado un grupo de trabajo de alto nivel para analizar proyectos como el plan de implantación de la TDT o el del de DNI electrónico. España quiere hacerle ver a la administración Obama también la sintonía con ETNO -la patronal de las grandes telecos europeas-  y sus representantes españolas también en la feria tecnológica CEBIT de Alemania en marzo, en la que España es el invitado de honor. Pero los ‘cibergalones’ del mercado y las infraestructuras españolas que reconocen ya desde Washington no opacan las manchas -las de la seguridad de la red y la protección a la propiedad intelectual- que obsesionan a la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y la Cámara de Comercio cada vez que conjugan algún adjetivo español.

OBLIGACIONES DE NUEVO BAJO LA LUPA

La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA) reconoce que el proceso de cierre de webs en España será "rutinario y eficiente" con el paso del tiempo, pero insuficiente y parcial, “la piratería simplemente se mudará a otras alternativas más fáciles". Y aunque la IIPA asume los progresos de España  “en la lucha contra la piratería en el sector del software”, a la cúpula de la industria audiovisual americana -que trabaja junto a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en la elaboración de un informe anual- le sabe a poco la posibilidad de cerrar páginas web en cuatro días a iniciativa de la Comisión de Propiedad Intelectual de Cultura. Según sus cálculos, un 32% de los internautas españoles emplea programas P2P "para la descarga ilegal de música" y el año pasado 114 películas fueron pirateadas en los cines españoles, donde se obtuvieron las pistas de audio e imagen para distribuir posteriormente en Internet.

Con dos billones de canciones diseminadas en España sin el debido pago de derechos de autor -la IIPA dixit- España figura en el mapa de la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual y el la Secretaría de Comercio de los EE UU como uno de los cinco peores países del mundo en términos absolutos de descargas, un país “al borde del virtual colapso de la industria discográfica”, el segundo mercado mundial en piratería "online" de videojuegos, el líder europeo en películas pirateadas por Internet, con más de doble de usuarios “entregados a estas prácticas” que la media de la UE.

En la IPPA -se lo dice alto y claro su informe 2010- quieren un "liderazgo más activo" del Gobierno español (al que sigue culpando de "su continua falta de actuaciones" legislativas, ejecutivas y judiciales) para terminar con la piratería. Y le ponen apellidos: "buscar personal adicional" en el ministerio de Interior, "recursos humanos" en la Guardia Civil y la Policía Nacional; mejorar la colaboración con los gobiernos regionales; desarrollar una campaña publicitaria a nivel nacional en sectores educativos, prensa y espacios públicos para "resaltar la importancia" de los derechos de propiedad intelectual. Y, sobre todo, la reforma de la legislación relativa al comercio electrónico, la propiedad intelectual y diversos procedimientos civiles relativos al 'copyright'. Quieren resarcimiento monetario para unas pérdidas que en el caso de la industria norteamericana valoraron en 3.500 millones de dólares el año pasado. Apunta ya al cloud computing: “no deben permitir que sus redes se utilicen para almacenar o transferir ficheros protegidos por derechos de autor".

Si González-Sinde aún sopesa -lo confiesa en público- los retoques de la Ley de Economía Sostenible y el encaje de las críticas a su modelo que le han llovido desde el CES, el CGPJ, el Consejo Fiscal y las principales asociaciones de la magistratura española, Washington le marca las escalas de su nueva hoja de ruta: pasan por procedimientos de notificación y corte del servicio (los que han tomado en Francia), el uso tecnologías de filtrado por parte de las operadoras de telefonía y los distribuidores de internet (lo que comprometería la neutralidad en la red), crear una agencia gubernamental responsable de notificar las infracciones a los ISPs; la eliminación del concepto de "conocimiento efectivo" para limitar la responsabilidad de un prestador de servicios, que actualmente recoge el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).

El informe 2010 de la Lista 301 presiona, de nuevo, en los muros españoles. Esta vez con otras obligaciones. Se hace eco de las mismas reivindicaciones que el PP dejaba sobre la mesa de la Comisión de Propiedad Intelectual del Congreso: hay que reforzar a la Policía para que incremente sus acciones, implicar a los operadores y distribuidores de los servicios de internet, continuar la lucha contra la piratería en la calle y formar a los jueces y fiscales en cursos sobre derechos de autor "para aumentar su conocimiento sobre los derechos de propiedad intelectual y el impacto de la piratería". Y sobre todo revocar la “descriminalización del P2P”, lo que le implica eludir la jurisprudencia de la Fiscalía General y anular su circular de mayo de 2006 (que exige ánimo de lucro para perseguir las webs que incluyen enlaces a contenidos con copyright y P2P), o modificar la Ley de Propiedad Intelectual para dejar claro que los daños y perjuicios deben valorarse, como mínimo, por el valor de mercado de las copias originales: ya ha empezado a despejarlo la reforme prevista por González-Sinde con el concepto de daño no patrimonial de su disposición adicional de la LES.

Era el propio Caucus del Congreso el que reconocía lo mismo que la IIPA -con todos sus recelos ante la justicia española- que las descargas de archivos por Internet hasta ahora -incluyendo las sujetas a derechos de autor- han sido legales bajo la legislación española siempre que no se demostrara el ánimo de lucro. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblemático caso de Sharemula. Los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. Además, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez. En los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en España, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual.

Si fuera por la IIPA y la Federal Communication Comision (FCC) estadounidense, los proveedores de internet tendrían que asegurar medidas para detener la actividad de todo aquel que pueda estar actuando en contra del Copyritht, así como el establecimiento de sanciones para aquellos que desactiven medidas anticopia. Un camino que trata de afirmar, al mismo tiempo, con el acuerdo comercial multinacional ACTA, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement y la amenaza de sanciones comerciales para los Estados que lo sellen y lo incumplan. Como advierte Enrique Dans, incluye provisiones destinadas a forzar a cualquier actor en la red o fuera de ella, desde empresas proveedoras de tecnología hasta proveedores de acceso, pasando por empresas de hosting u operadores móviles, no sólo a identificar (o transmitir esa información) sino a detener la actividad de todo aquel que se crea pueda estar tomando parte en infracciones de cualquier tipo a la propiedad intelectual o las marcas registradas. E incluye sanciones contra quienes desactiven medidas anti-copia, o la extensión de la política de desconexión de Internet de usuarios que sean acusados de infracciones.

Lo comenzaba a despejar en el horizonte español Ros en persona, junto al embajador especial de Estados Unidos en el mundo para políticas de Sociedad de la Información, Philip Werveer. Se juegan demasiado este semestre: Madrid le ha prometido a Washington servirle de puente para nuevos acuerdos sobre la sociedad de la información entre EE UU y la UE, ahora que la Casa Blanca quiere compartir la ciberseguridad, la neutralidad de la red o el espectro y que ambos lados del Atlántico tendrán que impulsar a cuatro manos el nuevo supervisor internacional de la red de redes que reemplaza a la americana ICANN.  Estados Unidos ha abierto una segunda consulta sobre la neutralidad de la red que se cerrará en  marzo. Ros propone esperar, pero la propuesta del Gobierno español para su presidencia en la Unión Europea y el borrador de la “Declaración de Granada”, que se aprobará el 21 de abril, le abren la puerta a las iniciativas estadounidenses: invita a que se estudie “la posibilidad de presentar una propuesta modificada de Directiva relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual y espera un perfil mucho más vigilante de las operadoras de telecomunicaciones.

UNA HISTORIA DE SINTONÍAS FALLIDAS

Desde su primer viaje a la Casa Blanca el 16 de octubre de 2009, Zapatero quiere limpiarle los manchones de la mirada de Barack Obama a un sector, el de los contenidos digitales, que facturó en 2008 un total de 15.858 millones de euros -un 15,8% más- que implica a 24,3 millones de personas y que ha hecho de España el segundo país del mundo que más utiliza las redes sociales y el líder mundial en firma electrónica, con entre 14 y 15 millones de identificaciones. Zapatero en persona dio contraorden para no esperar más allá del cuarto trimestre de 2009 por una política común de la UE ante la propiedad intelectual e internet y puso sobre la mesa as urgencias de una regulación que no iba a ver la luz hasta 2010. Lo intentó en la III edición del Foro Internacional de Contenidos Digitales (Ficod 2009), no era otro que EE UU el país invitado ni otros que altos representantes de la Administración y asociaciones latinas de EE UU los que recibirán en noviembre todas las atenciones y los mensajes del Ministerio de Industria e incluso directamente de Moncloa. Ni siquiera las voces de la industria audiovisual española entonando alto y claro el ‘mantra’ de las “felicitaciones por el nuevo compromiso del Gobierno para el cierre o bloqueo de las páginas web que infrinjan la legalidad” han convencido a la IICA. Lo hacía ya Joan Navarro -el presidente de la Coalición de Creadores-. Y ahora ha vuelto a probar suerte al calor del Congreso de “Confianza en Internet” de León y el Mobile World Congress de Barcelona ha vuelto a sacarle brillo a las redes móviles.

Ni en Moncloa ni en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones quieren seguir siendo la ‘oveja negra’ del comercio mundial. Hace meses que negocian el sitio para las distribuidoras americanas en las nuevas macrowebs de contenidos que cocinan la Coalición y Promusicae con el ‘mecenazgo’ de las subvenciones del Ministerio de Cultura. El lobby americano pondrá a prueba de España aliados y facilidades para llegar a los ‘piratas’ españoles. La industria estadounidense mira al segundo oasis pirata de su mapa internacional, pero España es también el segundo mercado con los internautas más activos en redes sociales y mayores crecimientos en contenidos digitales en 2009 de Europa. Y, como la Coalición de Creadores, quieren sacudir a la vez el palo de los bloqueos y la zanahoria de sus propios modelos comerciales a los ojos de los usuarios españoles.

Los estudios y las discográficas de EE UU buscan sitio en las dos macrowebs de Promusicae y la Coalición que patrocina Cultura: incluirán su catálogo en español. Además, Moncloa asume que, aún con el nuevo ‘entramado’ administrativo de la Comisión de Propiedad Intelectual y la ‘autorización’ judicial por la vía contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional a las medidas cautelares necesitará ayuda exterior operativa para acotar la ‘geografía pirata’: sólo un 30% de las 200 páginas de enlaces más conocidas -a las que la industria le atribuye el 70% de las descargas- están en España. La mayoría se ubica en los EEUU. 

Le hacen ya ‘ojitos’ de nuevo a Juan Verde. Saben que por las manos del recién estrenado secretario de Estado para las relaciones comerciales de EEUU y Europa del Departamento de Comercio de la Administración Obama pasará, entre otros, el dossier de la industria de contenidos española. En el Ministerio de Miguel Sebastián intentan hacer valer la buena sintonía con el hasta ahora adalid de las energías ‘verdes’ españolas ante Washington. Y buscan atajos a Joe Biden, que no es otro que el vicepresidente estadounidense -con una larga tradición de trabajo con el lobby audiovisual desde sus tiempos de senador- el que capitanea la lucha “contra la piratería”, impulsó al Departamento de Justicia a procesar a los usuarios del p2p y a establecer un programa de vigilancia de estos sistemas y visitó España con esa bandera.

LA LISTA DE ‘DEBERES’ DEL ACTA

Washington pondrá a prueba la compensación de Moncloa a su sintonía con la negociación del ACTA, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement. El art. 2.17 del borrador del Tratado que se ha filtrado esta semana a los medios a través de boingboing.net (que ha difundido el capítulo del Tratado Comercial dedicado a internet), deja claro que cada país -y cada uno de los actores que participan en la red de redes- serán responsables de ejecutar acciones de control y prevención sobre los derechos de propiedad intelectual de los contenidos on line. Si el paquete ‘antipiratería de la disposición final de la Ley de Economía Sostenible acaba por cristalizar, las firmas de hospedaje web se verán en una encrucijada. Para detectar las webs que vulneren la ley, podrá solicitar a las compañías de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportuno para su identificación y estas operadoras estarán obligadas a ofrecérselos. Los alojadores tendrían que cortar el servicio si la Comisión (o el juez, como hasta ahora) lo deciden. Pero si el servidor no está bajo jurisdicción española -al menos el 30% de las webs incluidas en la ‘lista negra’ de la Coalición de Creadores- se recurriría a las operadoras para que bloquearan el acceso a la web -mediante el enrutado o a través de la resolución DNS-. El sector ya ha levantado la voz.

La propuesta de la presidencia española en la "Declaración de Granada" que espera aprobar el 21 de abril impulsará en su artículo 30 nuevas medidas penales para proteger los derechos de autor digitales, a pesar de dejar en los hombros de las operadoras y los proveedores de la red una responsabilidad casi policial sobre las webs y la identificación de sus usuarios. Nada diferente a los indicios de acuerdos de Comercio Internacional con Washington que la patronal ETNO denuncia. Moncloa calla. Los representantes españoles han vuelto en silencio hace dos semanas de la Cumbre mexicana en la que la UE, EE UU, Australia, Japón y Canadá, entre una cuarentena de países han ultimado la séptima ronda de las negociaciones del acuerdo por la lucha contra la falsificación, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). No hay noticias oficiales sobre un acuerdo que se negocia desde hace más de dos años entre una veintena de países industrializados bajo el paraguas de la OMC.

Pero la industria de internet y la asociación de grandes telecos europeas -ETNO- han encendido todas las luces rojas. Si las propuestas que ahora tendrán que concretar los países ponentes se consuman -lo advierten ya los 1.700 proveedores de servicios en la red de EuroISPA- el acuerdo para “sabotear la piratería” implicará la desconexión de quienes descarguen repetidamente material con derechos de autor sin permiso, pero sobre todo nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de Internet y las operadoras de telecomunicaciones sobre el contenido que distribuyen, como el filtrado de contenido. Lo advierte Michael Bartholomew, director de ETNO: sólo la legislación de la UE y el paquete telecom que acaba de entrar en vigor en la Unión lo podrían bloquear.

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