edición: 2307 , Miércoles, 20 septiembre 2017
15/06/2009
OBSERVATORIO FISCAL

Efectos en los socios de las disoluciones de su sociedad mercantil

DATADIAR
En una operación de disolución y liquidación de una sociedad, algo desgraciadamente muy corriente hoy en día, la ganancia o la pérdida patrimonial que experimente cada uno de los socios viene determinada por la diferencia entre el valor de la cuota de liquidación recibida o el valor de mercado de los bienes recibidos y el valor de adquisición de la participación en el capital que le corresponda. Pero cuidado con hacer mal las cosas a causa de las prisas por acabar esta historia, porque no cabe hablar de pérdida patrimonial a efectos del IRPF hasta que la sociedad se haya disuelto y liquidado definitivamente. A estos efectos, es necesario atender a la regulación de los artículos 260 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con esta norma, una vez que quede disuelta la sociedad se deberá abrir el periodo de liquidación. En él, los liquidadores finalizarán con la formación del balance final y determinarán la cuota de activo social que deberá repartirse por cada acción. Tras la aprobación del balance final, los liquidadores deberán solicitar del Registro Mercantil la cancelación de los asientos referentes a la sociedad extinguida y depositar en dicho Registro los libros de comercio y documentos relativos a su tráfico.

A efectos tributarios, la ganancia o la pérdida patrimonial obtenida se rige por el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Si se obtiene una ganancia patrimonial tributará al 18%, y si se obtiene una pérdida patrimonial, su importe se compensará con las ganancias patrimoniales a integrar en la base imponible del ahorro obtenidas, en su caso, en el mismo período impositivo, y en caso de no haberse obtenido o el resultado de esta compensación arrojase un saldo negativo, su importe sólo podrá compensarse con el positivo que se ponga de manifiesto en los cuatro años siguientes.

Existe, no obstante, una excepción muy importante a tener en cuenta y es que la Disposición Transitoria Novena de la Ley 35/2006 establece un régimen transitorio para las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas que hubieran sido adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994.
Dicho régimen transitorio prevé una reducción sobre la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006, aplicando sobre el importe de las misma el coeficiente del 14,28% por cada año de permanencia de las participaciones sociales no cotizadas en el patrimonio del contribuyente que exceda de dos, contado desde su adquisición hasta el 31 de diciembre de 1996 y redondeado por exceso.

A estos efectos, la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006 se determinada por la parte de la ganancia patrimonial que proporcionalmente corresponda al número de días transcurridos entre la fecha de adquisición y el 19 de enero de 2006, ambos inclusive, respecto del número total de días que hubiera permanecido en el patrimonio del contribuyente.

Estará ‘no sujeta’ la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006 que a 31 de diciembre de 1996 tuviesen un periodo de generación superior a 8 años.

Impagos y concursos

Tributos ha vuelto a emitir una consulta vinculante sobre un asunto que suele causar confusión entre los afectados. Se trata de aquellos casos en que una de las partes intervinientes en una serie de operaciones de compraventa es declarada en concurso y ésta queda anulada.

La Ley del IVA establece que sólo podrá reducirse la base imponible en el IVA si no se ha hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso.

El plazo para llevar a cabo la modificación será de un mes desde el último de los anuncios que deben publicarse con carácter obligatorio sobre el auto de declaración de concurso, de acuerdo con lo previsto en el  artículo 21.1.5º de la Ley Concursal.

Fuera de este plazo, en caso de concurso, no se podrá realizar esta modificación y en particular, por aplicación del apartado cuatro del artículo 80 de la Le del IVA, aunque cumplan los requisitos previstos en él.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Cuestiones relativas a la conservación de las facturas por medios electrónicos. D.G.T. C, 30-10-2008.
La entidad consultante en el desarrollo de su actividad está obligada a la expedición de un gran número de facturas en soporte papel en cada ejercicio. Dicha entidad dispone de un programa informático de contabilidad desde el que se efectúa la expedición de facturas. - Conservación por medios electrónicos de las copias de las facturas expedidas: digitalización certificada de dichos documentos. - Momento de expedición de las copias de las facturas. - Validez de los archivos y registros del programa informático de contabilidad como matriz de las facturas.

Cuando la actividad económica se desarrolla a través de una sociedad civil, el pago fraccionado correspondiente se efectuará por cada uno de los socios, en proporción a su participación en el beneficio de la entidad. D.G.T. C, 14-10-2008.
Sociedad civil cuyo objeto social es el arrendamiento de inmuebles, con local arrendado y empleado a jornada completa. Si los socios que no alcanzan los requisitos para la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio (por no alcanzar el 5% de participación ni el porcentaje de rendimientos exigido) estarían obligados a proceder al alta como empresarios por actividad empresarial de arrendamiento de inmuebles y a las consiguientes declaraciones trimestrales-fraccionamientos de pago (modelo 130).

Tribunales

Debe tributar como retribución en especie del trabajo, sujeta a ingreso a cuenta, la impartición de enseñanza gratuita a hijos de empleados. A.N. S, 24-07-2008.
Son retribuciones en especie del trabajo las cantidades destinadas a satisfacer los gastos de estudios y manutención del sujeto pasivo o de otras personas ligadas al mismo por vínculo de parentesco. Se excluyen los estudios organizados directamente por Instituciones, empresas o empleadores y financiados directamente por ellos. Para que los estudios organizados por Instituciones, empresas o empleadores, no tengan la consideración de retribución en especie del trabajo, tiene que tratarse de estudios financiados directamente por las empresas o entidades y que su fin sea la actualización, capacitación o reciclaje de su personal y venga exigido por el desarrollo de su actividad o las características de su puesto de trabajo. En el caso presente, se trata de una ventaja patrimonial facilitada por la institución de enseñanza recurrente a sus empleados, a quienes les dispensa de forma gratuita los estudios de enseñanza, así como un 50 por 100 en el servicio de comedor, que igualmente se presta, como actividad accesoria, por lo que se puede hablar de mera liberalidad de la entidad, al constituir un gasto no contraído por la empresa en el ejercicio de su actividad económica o empresarial, siendo retribuciones al personal, en el sentido fiscal, a los efectos de su sometimiento a retención. Se está ante una dispensa directa de los estudios a los hijos de los empleados pero porque la enseñanza es el objeto al que se dedica la institución actora.

Extensión de efectos de una sentencia. Plazo para solicitar la extensión. T.S.  S, 06-10-2008.
Procede estimar el segundo de los motivos y anular los Autos recurridos toda vez que la solicitud de extensión de efectos se formuló fuera del plazo que al efecto. Estimado el recurso de casación, corresponde acordar la improcedencia de la extensión de los efectos de la sentencia solicitada.

Tribunales Económico-Administrativos

El procedimiento para exigir el pago a los socios de entidades disueltas y liquidadas no es el establecido para los casos de derivación de responsabilidad, sino el regulado para los sucesores en el artículo 15 del RD 1684/1990, General de Recaudación. TEAC R, 24-9-08.
El procedimiento para exigir el pago a los socios de entidades disueltas y liquidadas no es el establecido para los casos de derivación de responsabilidad, sino el regulado para los sucesores en el artículo 15 del Reglamento General de Recaudación (aprobado por Real Decreto 1684/1990), que es el que se ha seguido por la Administración tributaria. En cuanto a la alegación de prescripción, la única que puede alegarse es la que hubiera podido producirse a partir del momento en que se le comunica el inicio de actuaciones para exigirle el pago de las deudas tributarias.

Facultad de la Adm. Tributaria para iniciar, respecto de las deudas concursales, un procedimiento de apremio frente al deudor quebrado o suspenso que tenga por finalidad trabar embargos cautelares sobre determinados bienes de aquél. T.E.A.C R, 10-9-2008.
La Administración Tributaria está facultada para iniciar, respecto de las deudas concursales, un procedimiento de apremio frente al deudor quebrado o suspenso que tenga por finalidad trabar embargos cautelares sobre determinados bienes de aquél, en aplicación de lo previsto en los artículos 128 y 129.2 de la LGT de 1963 (Ley 230/1963 redacción Ley 25/1995), de los artículos 81 y 163 de la nueva LGT (Ley 58/2003) y de la doctrina del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, puesto que ello no afecta al reconocimiento del crédito o a la determinación de su prelación en relación con los demás créditos de la entidad quebrada, ni comporta medida alguna de realización de los bienes.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2017 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...