edición: 2682 , Viernes, 22 marzo 2019
27/02/2009
Observatorio Jurídico

Ejercicio de la acción ejecutiva fundada en una letra de cambio en la que no constaba el tomador

Datadiar.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Málaga fue interpuesta demanda de responsabilidad civil contra el abogado al que se había encargado la gestión judicial de cobro de una letra de cambio en el ámbito de una prestación de servicios continuados por un despacho profesional. El reproche que se formuló al demandado fue la falta de ejercicio real de la defensa de su cliente, estimando que se había limitado a interponer una demanda con apoyo en una tesis caduca y abandonada por la jurisprudencia y la omisión de proposición de prueba en la instancia pese a que los hechos alegados habían sido negados por la demandada, aduciendo que la letra presentada inicialmente no tenía fuerza ejecutiva por no constar en la misma el nombre del tomador y que las presentadas con la ampliación de la demanda no guardaban relación entre sí ni con la primera.

Señalaba el Juzgador que es exigible al letrado el conocimiento de las técnicas de la ciencia que practica, que le llevará a aplicar la fundamentación que de acuerdo con los hechos expuestos por su cliente conlleve una mayor posibilidad de éxito. La cuestión sometida a debate, giraba sobre la consideración de validez de la letra de cambio que trae causa del pleito por el que se imputa responsabilidad, al no tener designada la figura del tenedor, debiendo retirar el Abogado la demanda caso de que la acción no fuera viable por tal motivo, eludiendo en todo caso la ampliación de la demanda por otras letras pendientes.

En base a todo lo expuesto el Juzgado de Primera Instancia concluyó que procedía estimar la demanda formulada en relación con la reclamación por la actuación profesional del demandado. La Audiencia Provincial revocó esta sentencia y desestimó la demanda. Argumentó, en síntesis, que no puede reprocharse al abogado que presentase demanda de juicio ejecutivo amparada en una letra en la que no figura el tomador, pues un autorizado sector doctrinal viene manteniendo su validez, cuando sea posible la identificación del tomador de modo inequívoco. Asimismo, argumentó que el juzgador de instancia debe examinar los requisitos del título para despachar ejecución y que en las letras acumuladas sí figuraba el tomador, por lo que carecía de base la oposición formal a la ejecución. Concluye la Audiencia Provincial indicando que la sentencia de juicio ejecutivo no tiene la fuerza de cosa juzgada y que el actor pudo ejercitar sus derechos a través del juicio declarativo ordinario o proceder a la realización judicial de la escritura de préstamo, y el abogado demandado puso en su conocimiento la viabilidad de la acción.

En el supuesto litigioso que nos ocupa, contemplado en la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2008, constituye objeto del recurso de casación la responsabilidad civil del abogado.

Señala nuestro más alto Tribunal que el objeto del proceso de instancia no fue  el de resolver sobre la fuerza ejecutiva de una letra de cambio en la que no figura el tomador, sino la de determinar si al abogado demandado incurrió en responsabilidad civil al ejercitar la acción ejecutiva fundándose en una letra que se hallaba en tales condiciones y al no proponer prueba en primera instancia para demostrar la relación existente entre la letra inicialmente presentada y las que presentó posteriormente ampliando la demanda.

Reiterada jurisprudencia ha puesto de manifiesto que la obligación del abogado no es de resultado, ni la de agotar el margen de incertidumbre propio del proceso judicial y ligado al carácter controvertido de las cuestiones jurídicamente discutibles, sino que su compromiso se extiende a actuar diligentemente en defensa de los intereses de su cliente.

En el caso examinado, según el TS, no se ha demostrado que concurran las circunstancias necesarias para la apreciación de la falta de diligencia profesional en relación con el ejercicio de la acción ejecutiva fundada en una letra de cambio en la que no constaba el tomador. Existe un criterio seguido por diversas Audiencias Provinciales y por parte de la doctrina, aun cuando no pueda calificarse de mayoritario, que apoya la postura seguida por el abogado, el cual puede presumirse que intentaba que su cliente se beneficiase del carácter más expeditivo del juicio ejecutivo frente a los procesos declarativos. En estas circunstancias, no puede reprocharse la elección de esta alternativa como una manifestación de falta de diligencia por incumplimiento de la lex artis ad hoc [reglas del oficio adecuadas al caso], ya que la viabilidad de la acción por la que optó era discutible, pero no manifiestamente inexistente, y esta podía presentar ventajas de orden práctico.

La jurisprudencia viene exigiendo que para la apreciación de la responsabilidad civil del abogado el resultado dañoso se concrete, al menos, en una pérdida de oportunidades de buen éxito de la acción suficientemente justificada, la cual no concurre cuando existe la posibilidad de enmendar el daño mediante recursos o acciones posteriores (SSTS de 26 de enero de 1999, 8 de febrero de 2000, 8 de abril de 2003, 30 de mayo de 2006, 2 de julio de 2008, rec. 98/2002).

No puede aceptarse el requisito de haberse producido un resultado dañoso probado, toda vez que la Audiencia Provincial declara que la sentencia que confirmó la desestimación de la acción ejecutiva ponía de manifiesto que esta desestimación no perjudicaba de manera definitiva al demandante, ya que permaneció en sus manos el ejercicio de las acciones declarativas correspondientes y que esta circunstancia fue puesta a tiempo en conocimiento del actor por parte del abogado demandado, no obstante lo cual aquel no encargó el ejercicio de las correspondientes acciones.

Se desestima finalmente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, sentencia en la que se absuelve al abogado demandado de las peticiones formuladas en su contra.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (D.O.U.E nº 136, de 24 de mayo de 2008)
Con el fin de alentar a las partes a hacer uso de la mediación, los Estados miembros deben garantizar que sus normas sobre plazos de caducidad y prescripción no impidan a las partes recurrir a los tribunales o al arbitraje en caso de que fracase su intento de mediación. Los Estados miembros deben asegurarse de que se obtenga este resultado, aun cuando la presente Directiva no armonice las normas nacionales sobre prescripción y caducidad.

Las disposiciones sobre los plazos de caducidad y prescripción de los acuerdos internacionales, tal como se aplican en los Estados miembros, por ejemplo en el ámbito de la legislación sobre transportes, no deben verse afectadas por la presente Directiva.

Acuerdo de 17 de julio de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en materia de servicio de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. (BOE n. 182 de 29 de julio de 2008)
El citado Reglamento 1/2005 no contempla un servicio de guardia propio para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sino que este servicio se encomienda a los Juzgados de Instrucción de guardia que intervienen en sustitución de aquéllos. No obstante, este régimen se ha mostrado insuficiente allí donde existiendo un número significativo de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, determinados asuntos son incoados dentro del horario de audiencia pública -y que, por tanto, no corresponde despachar al Juzgado de Guardia-, pero su sustanciación y, en su caso, resolución se extienden de modo notable y reiterado más allá de la jornada ordinaria de trabajo. Este problema se manifiesta con mayor intensidad en la celebración de juicios inmediatos de faltas, previamente señalados por la Policía Judicial, y en la tramitación de las órdenes de protección, actuaciones que la ley exige sean practicadas a la mayor brevedad.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de homicidio en grado de tentativa. Contradicción entre los hechos declarados probados. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 8 de mayo de 2008.
Víctima en el desarrollo de una pela en el interior de un pub, sufre una herida inciso punzante en región esternal izquierda a nivel del sexto espacio intercostal, y que, por  llegar al corazón pudo haber acabado con su vida. No constando el modo en que se produjo la herida, procede dictar sentencia absolutoria, sentencia que es confirmada en casación.

Mercantil

Contrato de descuento bancario. Derecho de la descontante a comisiones por devolución de efectos.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 23 de junio de 2008.
El derecho de la descontante a lo que constituye propiamente una repercusión de gastos deriva de la fuerza vinculante del contrato que, como se dijo, es fuente válida de una reglamentación o lex privata vinculante para las partes - artículo 1.091 del Código Civil -, que se integra también por el uso o práctica habitual en este tipo de operaciones - artículos 1.258 y 1.287 del Código Civil -, del cual hay prueba en las actuaciones, como señala la sentencia recurrida.

Beneficiario del seguro de vida. Se requiere la aceptación al ser distintas las personas del tomador y del asegurado. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 24 de junio de 2008
No habiendo concurrido el consentimiento, se dice en la sentencia que "no prueba la demandante a lo largo del pleito este interés directo en los demandados. Simplemente se autotitula beneficiaria de la póliza"; como no supone beneficio alguno para los transportistas fallecidos, no puede presumirse un interés o un consentimiento tácito, de modo que al ser única beneficiaria la empresa tomadora del seguro, "se detecta una nulidad relativa que hace ineficaz el contrato en cuanto a su producción de efectos para la parte" reclamante "por aparecer absolutamente desconectado el riesgo que se garantiza del titular del bien jurídico protegido…”

Civil

Responsabilidad del hotelero por la sustracción del vehículo de un cliente aparcado en instalaciones propias. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 8 de mayo de 2008
En el caso examinado la sentencia examina la categoría del hotel y la ubicación y características del aparcamiento, que detalladamente expone, para llegar a la conclusión de que el servicio de aparcamiento figuraba incluido en el contrato de hospedaje e imponía un deber de vigilancia; y aprecia, para rechazar la objeción opuesta por la hoy recurrente, que no se había puesto en conocimiento del cliente ni se le había advertido de las consecuencias y responsabilidades derivadas de no solicitar un servicio de aparcamiento cerrado de que el hotel disponía.

Transmisión de Terrenos con entrega de Pisos. Novación por otorgamiento del contrato de venta del terreno. Devengo de Intereses  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 8 de mayo de 2008
El artículo 1100 del Código Civil establece que incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. Dados los hechos expuestos, en virtud de la conducta propia de los vendedores en orden a rechazar el pago del precio, es de aplicación el último párrafo del citado artículo cuando establece que en las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe.

Laboral

El subsidio por desempleo rebasa ampliamente los límites de una mera asistencia social, pero esto no significa, de ninguna manera, que se trate de una verdadera prestación contributiva TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 13 de mayo de 2008.
El artículo 221.1 LGSS contiene el régimen de incompatibilidades del subsidio por desempleo y establece que éste es absolutamente incompatible con el trabajo por cuenta propia. En cuanto al trabajo por cuenta ajena, contiene una incompatibilidad relativa, puesto que permite que se perciba cuando se lleva a cabo una actividad de esa naturaleza a tiempo parcial, estableciendo el precepto en ese caso que se deducirá del importe de la prestación o del subsidio la parte proporcional al tiempo trabajado.
  
El TC admite la constitucionalidad de las cláusulas de los Convenios que establecen la jubilación forzosa siempre y cuando se produzca una vinculación entre ese instrumento de extinción y la política de empleo establecida. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 14 de mayo de 2008.
La Disposición Adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por la Ley 14/2005, establece en relación con el punto controvertido que los convenios colectivos podrán incluir cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumpla -además de la posibilidad de acceso a las prestación de Seguridad Social por parte del trabajador jubilado- el requisito siguiente: "Esta medida deberá vincularse a objetivos coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad del empleo".
 
Administrativo

Doctrina sentada sobre la legitimación del denunciante para intervenir en los procesos contencioso-administrativos. No hay razón para entender que se sigue distinto criterio en los demás supuestos previstos por la L.O.P.J  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 16 de mayo de 2008
El interés determinante de la legitimación de un denunciante se concreta en que el CGPJ desarrolle las actividades investigadoras que le corresponden sobre las disfunciones o irregularidades que se le hayan comunicado en relación a la Administración de Justicia o la actuación de los Jueces y Magistrados, pero no comprende, por todo lo que se ha razonado con anterioridad, que esa actuación investigadora termine necesariamente con un acto sancionador. En el presente proceso esa primera pretensión ejercitada por la parte recurrente no va dirigida a satisfacer ese interés que podría dar soporte a la legitimación del denunciante. Porque no se denuncia que la actividad investigadora o inspectora del CGPJ no se haya desarrollado y porque la censura que más concretamente se hace al CGPJ es no haber dado significación disciplinaria a los hechos que fueron denunciados.

Medidas cautelares. Se han estimado prioritarios los intereses que defiende la Administración del Estado, esto es, los perjuicios que la aplicación del Decreto impugnado puede ocasionar. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 20 de mayo de 2008
La Sala de Instancia, ha valorado el interés general que defiende la Administración recurrente y el hecho de que la suspensión se solicita de una disposición de carácter general, y también los perjuicios que la ejecución del Decreto impugnado puede ocasionar, que pueden ser económicos, jurídicos y sociales relacionados y derivados de una posible incompatibilidad entre el Sistema Nacional de Salud y el régimen establecido por el Decreto impugnado, lo que afectaría tanto al entramado de relaciones que pueden afectar tanto a la instituciones cual a los centros y entidades afectadas, como a la posición y posibilidades de los usuarios del sistema sanitario. Y  cuando todo ello es así y así los muestran las resoluciones impugnadas no cabe apreciar la concurrencia de las infracciones denunciadas, pues la Sala de Instancia con todo detalle ha analizado y expuesto el conflicto de intereses afectados tanto por vigencia del Decreto impugnado como por su suspensión y ha estimado prioritarios los que defiende la Administración del Estado, esto es, los perjuicios que la aplicación del Decreto impugnado puede ocasionar, tanto por generalidad como por la dificultad o imposibilidad de su reparación, a esa realidad en casación se ha de estar, en cuanto de acuerdo con los términos de los autos impugnados la Sala de Instancia ha aplicado al caso de autos lo al respecto dispuesto por el articulo 130 de la Ley de la Jurisdicción y en conformidad además con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular.

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