edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
06/05/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El CESE recomienda no excluir a la banca y sí a las pymes de la Directiva de lucha contra la elusión fiscal

Javier Ardalán
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que convendría no excluir a las empresas del sector financiero del ámbito de aplicación de la Directiva de lucha contra la elusión fiscal. Por ello, ha pedido a la Comisión Europea y a los Estados miembros que intensifiquen las negociaciones internacionales en el marco de instituciones como la OCDE y el G-20, con el fin de garantizar una aplicación uniforme a escala de la UE y de la OCDE, así como examinar si las normas propuestas también pueden aplicarse a las sociedades financieras y de qué manera.
Por el contrario, dado que las operaciones de planificación fiscal agresiva corresponden principalmente a grandes empresas transnacionales, este organismo considera que las pymes deberían quedar excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva de lucha contra la elusión fiscal y de la Directiva sobre cooperación administrativa.

Al tiempo, anima a la Comisión a completar el proceso de elaboración de la lista de Estados o territorios que se niegan a cumplir las normas de buena gobernanza en el ámbito fiscal. Considera que esta lista debe ir acompañada de sanciones aplicables a las empresas que continúen desarrollando sus actividades en ellos.

En enero de 2016, la Comisión Europea presentó el paquete de lucha contra la elusión fiscal, que forma parte del programa para una fiscalidad de las empresas más justa, transparente y eficaz.

El paquete de medidas consta de una comunicación global  en la que se exponen el marco político, económico e internacional de la lucha contra la planificación fiscal agresiva y los principales instrumentos siguientes: una propuesta de Directiva de lucha contra la elusión fiscal , una propuesta de Directiva que modifica la Directiva sobre cooperación administrativa , una Recomendación de la Comisión sobre convenios fiscales  y una Comunicación sobre una estrategia exterior de la UE  relativa a la cooperación con terceros países en materia de gobernanza en el ámbito fiscal.

En la propuesta de Directiva contra la elusión fiscal se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior. Estas normas se refieren a la deducibilidad de los intereses, imposición de salida, cláusula de inversión (‘switch over’), norma general contra las prácticas abusivas, normas relativas a las sociedades extranjeras controladas y marco para hacer frente a las asimetrías híbridas.

El CESE considera que para garantizar la competitividad de las empresas europeas, el atractivo de la UE como lugar de inversión y la coherencia del sistema fiscal internacional, en esta fase de recuperación lenta y frágil a raíz de la crisis, conviene alinearse con los aspectos realmente acordados en la esfera de la OCDE y que ya han implementado los demás socios internacionales.

En su resolución de 28 de abril de 2016 muestra su satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea que propone que las normas recogidas en el proyecto de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (en lo sucesivo, el proyecto BEPS, por sus siglas en inglés) de la OCDE se apliquen de manera uniforme en los Estados miembros.

Esta propuesta se inscribe en el marco de los esfuerzos para luchar contra el fenómeno de la planificación fiscal agresiva que practican determinadas empresas transnacionales y que contribuye a erosionar las bases imponibles de los Estados miembros por un valor estimado de 50 a 70.000 millones de euros anuales.
Para el Comité, es importante en este asunto tender a establecer condiciones equitativas para todos y un régimen uniforme que se aplique de la misma manera en todos los Estados miembros. Es importante limitar el riesgo de fragmentación, ya que podría mermar la eficacia de las medidas propuestas.

El CESE respalda esta propuesta y sugiere que los Estados miembros deben acordar la recuperación de las cantidades adeudadas mediante pagos fraccionados solo cuando dichos traslados no se realicen con el único objetivo de obtener ventajas fiscales.

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