edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
04/12/2013

El abandono de los compromisos del Gobierno deja al sector eléctrico español expuesto a una rebaja de su calificación

Las grandes eléctricas se reúnen con el comisario Ottinger en un intento de forzar un cambio de política energética
Un 56% del importe de la tarifa eléctrica corresponde a cargas impositivas o subvenciones

El sector eléctrico español ha reaccionado con indignación contenida al cambio de posición del Gobierno respecto a su compromiso de asumir 3.600 millones de euros de diferencia entre costes e ingresos del sector denominado déficit de tarifa. Esta cantidad incluye 2.200 millones del déficit ya acumulado en 2012 y no contabilizado hasta ahora, más 900 millones de costes de la energía extra peninsular, y 500 millones del céntimo verde que debían trasvasar las haciendas autonómicas. La eliminación de estas partidas a última hora el viernes en las enmiendas del senado a la ley del sector presentada por el Gobierno ha generado una fuerte incertidumbre entre las empresas. Pero mientras las empresas acusan al ejecutivo de crear inseguridad, en medios financieros se considera que el cambio supondrá una segura revisión de las calificaciones de crédito de las empresas eléctricas en España. El contenido de la ley anunciado en julio y su previsto objetivo de eliminar el déficit de tarifa, formó parte del contenido del análisis de los expertos y se integró en el road show de las eléctricas a escala internacional.

“El sector eléctrico europeo hace frente a innumerables retos, la demanda de electricidad ha caído en Europa en promedio un 4% mientras que la de gas ha caído un 10% desde el 2008 fundamentalmente a causa de la prolongada crisis económica. Mientras el clima operativo se ha hecho adverso e imprevisible de forma creciente para la generación convencional en muchos países. Los cambios de regulación repentinos, la dificultad para preverlos como demuestra el caso de España, los cambios fiscales adversos repentinos, precios mayoristas deprimidos en muchos países a causa de la explosión de las renovables acelerada por subsidios o cambios de corto plazo en las políticas energéticas -como el cierre de las nucleares en Alemania- han aumentado el riesgo de mercado para el sector, en especial en países como España, Italia, Portugal y países nórdicos”, señala una fuente de una consultora especializada. Mientras los bancos de negocios internacionales desalientan la inversión en eléctricas españolas, queda planteada la posibilidad de que las calificaciones de crédito sufran. El gran problema para las empresas del sector es que esas calificaciones son un oxígeno indispensable para su salida al mercado.

Entre enero de 2007 y marzo de 2013 las cinco grandes eléctricas europeas sufrieron modificaciones adversas en sus calificaciones de crédito. La que menos ha sufrido hasta ahora en ese sentido ha sido EDF debido a que tiene una menor presión operativa por la ausencia de cambios estructurales importantes en el sector en Francia y por la fuerte presencia de generación nuclear y menor erosión por parte de la regulación y la competencia. Hasta ahora las eléctricas no han padecido problema serios de liquidez. EDF e Iberdrola han emitido bonos híbridos por importe de 6.200 millones de euros y 5.000 millones de euros respectivamente, mientras que RWE lo ha hecho por importe de 1.800 millones y ENEL tiene planes para emitir 5.000 millones de euros entre este año y 2015. La habilidad de acudir a los mercados para reforzar los balances mediante instrumentos híbridos ha sido uno de los elementos que las agencias de calificación han tenido en cuenta a la hora de valorar a las grandes empresas del sector. Si las modificaciones de último momento ocasionan un traspié a las eléctricas españolas en materia de calificación su acceso a los mercados de capitales se verá seriamente afectado.

En cualquier caso, la volatilidad del marco regulador para el sector en España ya ha sido puesto bajo la lupa por algunas. Fitch considera que el objetivo de controlar el déficit de tarifa en Portugal es más creíble que en España, y el Gobierno acaba de darle la razón. Ayer las grandes eléctricas se reunieron con el Comisario de Energía Günther Oettinger tal como estaba previsto desde la anterior reunión del presidente de Gaz de France Suez, Gerard Mestrallet, y el presidente de ENI, Paolo Scaroni, con una comisión del Parlamento Europeo. Los dos representan a un grupo creciente de empresas europeas del sector que han pasado de nueve a una docena,  que critican las políticas energéticas desde el comienzo de la crisis, pero las posiciones se han endurecido a lo largo de este año. El enfrentamiento está directamente relacionado con la caída de ingresos en las grandes empresas del sector y los costes añadidos que afirman son consecuencia de las primas al sector renovable y la falta de apoyo a la generación por gas.

Mientras, hoy se espera que el ministro de Industria se encuentre con Oettinger, en la medida que la Comisión Europea mantiene dudas sobre la legislación del sector anunciada por el Gobierno español en julio y en trámite parlamentario en la actualidad. La presencia de las eléctricas en el mismo despacho un día antes no parece en cualquier caso accidental. Industria ha abierto un frente  añadido al señalar que no admitirá el traslado del déficit por parte de las compañías eléctricas a la factura. Tanto el ministerio como el Gobierno saben que el déficit esta respaldado por derechos de cobro contra los consumidores de energía, residenciales, comerciales e industriales. Las opción que ha sugerido es que los balances soporten el déficit titulizado sin comprometer el aval del estado. Este es un tema que el secretario de estado de Energía ha dejado en el aire, afirmando que se deberá discutir. Estas afirmaciones no han hecho más que agudizar el encono entre las empresas que lisa y llanamente consideran el cambio de política respecto a como asumir el déficit de tarifa este año una irresponsabilidad de graves consecuencias.

El ministro de Economía, Luis de Guindos ha señalado ayer que no es justo que consumidores o contribuyentes paguen el déficit que se ha generado por el cambio de posición del Gobierno. Lo que deja a las grandes empresas como agentes de pago. Pero esta es una declaración que carece de fundamento porque como ya se ha señalado lo que respalda al déficit son los derechos de cobro contra los consumidores, quienes tarde o temprano deberán pagarlo vía recibo de la luz.

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