edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
07/05/2013
LA OREJA DE LARRAZ

El acreedor no puede disponer del bien antes de que venza el plazo pactado para ejecutar una dación en pago

Javier Ardalán

Se considera pacto comisorio y, por tanto es ilegal, un acuerdo de dación en pago diferido en el tiempo en el que se incluye una cláusula que permite al adeudado vender las fincas, aunque sea con autorización del deudor, y si se obtiene un valor superior a la deuda se pague a éste último la tributación por la plusvalía generada, pero si ésta es inferior, la asumirá el deudor. Así se determina en una resolución de la Dirección General de Tributos, de 21 de febrero de 2013, que el artículo 1859 del Código Civil, que prohíbe el pacto por el cual el acreedor pueda apoderarse de la cosa dada en  garantía o disponer de la misma.

La deuda, aunque estaba vencida, deja de estarlo en  virtud de la concesión de la opción de dación en pago diferida a un momento posterior  antes del cual la entidad deudora puede pagar o no, mientras no llegue ese término,  funcionando la opción como garantía del pago ya desde el principio, aunque su ejercicio  se difiera a un momento posterior. En consecuencia, la Dirección General estima que procede confirmar la nota calificadora  sobre el pacto de comiso.

Durante ese tiempo la función de garantía de la opción es evidente, pues se  mantiene la deuda como no exigible, sin que el concedente esté obligado a pagarla, lo  que implica la modificación de su vencimiento y exigibilidad, y durante ese tiempo la  entidad acreedora cuenta con la garantía de la opción que todavía no puede ejercitar o  consumar, pero sí hacerla valer como derecho preferente frente a cualquier otro derecho  que pueda constituir en ese tiempo el dueño de las fincas.

Incluso en ese lapso de tiempo, indica la Dirección General, se refuerza la garantía del optante al establecer una limitación a la facultad dispositiva del dueño, que puede vender pero pagando la deuda en la misma escritura de compraventa.

Por otra parte, considera que el plazo para establecer el vencimiento de una opción de pago no puede superar los cuatro años, establecido en el artículo 14 del Reglamento Hipotecario, y mucho menos quedar indefinido ni a la voluntad de las partes.

El plazo debe computarse, por tanto, desde el momento mismo en que se constituye la opción, sin que pueda dilatarse bajo el subterfugio de  establecer un cómputo posterior para su ejercicio, pues en tal caso, se permitiría que la opción estuviera vigente durante más de cuatro años.

Aunque el artículo 14 se refiere al plazo de ejercicio de la opción estableciendo que no puede  exceder de cuatro años, el cómputo es desde la fecha de su constitución, pues aunque  las partes concreten el período de ejercicio en la forma que tengan por conveniente, ha  de ser siempre dentro de los cuatro años desde la vigencia del derecho de opción. Hay  que observar que, aunque el ejercicio se difiera a un momento posterior a la constitución,  el derecho de opción tiene ya efectos y cumple la función de garantía señalada desde el  momento de su constitución.

El artículo pretende establecer un plazo de vigencia o duración del derecho de opción, según  la expresión que utiliza el último párrafo, sin que la referencia al plazo de ejercicio pueda  significar que el cómputo puede elegirse libremente por las partes a su conveniencia  alargando el que viene establecido de modo uniforme en el  Reglamento como plazo de duración y de caducidad del derecho mismo que se constituye.

Este artículo 14 tiene plena vigencia y fundamento a  efectos registrales, según han reconocido las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1997 y de 10 de septiembre de 1998, entre otras.

Por ello, resuelve resolución que en definitiva, este plazo máximo se establece en el artículo 14 atendiendo al momento de su constitución y no al momento de su ejercicio, pues el derecho de opción, desde que se pacta cumple ya una función de garantía y surte efectos desde el principio, sin perjuicio  de que, en todo caso, para los efectos respecto a terceros, éstos se produzcan a partir de  la inscripción.

El tiempo de ejercicio pueden pactarlo libremente las partes, pero siempre  dentro del plazo máximo de cuatro años desde la constitución del derecho de opción. Al exceder en este caso el plazo de duración de la opción de los cuatro años desde su  constitución, procede confirmar igualmente el defecto establecido en la nota calificadora  sobre esta cuestión.

Aunque la deuda está vencida y líquida, al pactarse una opción de dación en pago diferida en cuanto al momento de su ejercicio, da lugar a un aplazamiento del pago de la deuda, determinando que se modifica su vencimiento, pues no es exigible mientras no llegue el momento inicial en que se puede ejercitar la opción de dación en  pago.

Y se confirma esta solución por analogía con lo dispuesto en el artículo 1508 del  Código Civil en relación con el plazo de cuatro años previsto para el retracto convencional  en que se prevé el cómputo «desde la fecha del contrato», tratándose de un derecho real  de adquisición como el derecho de opción, que responde a la misma ‘ratio’ que la del  artículo 14 del Reglamento Hipotecario en cuanto al señalamiento de un plazo de duración  y su cómputo.

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