edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
27/04/2011
OBSERVATORIO GLOBAL

El año que vivimos… con incertidumbre

Francisco Uría* (KPMG)
El año 2011 se inició con la noticia de que el Gobierno planeaba aprobar una norma que elevaría los requerimientos de capital para las entidades de crédito, ofreciendo el apoyo del FROB a las que fueran incapaces de alcanzar los niveles exigidos por sus propios medios. El Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero fue la norma que materializó este anuncio, estableciendo el nuevo concepto de “capital principal”, que anticipaba en parte las futuras exigencias derivadas de los Acuerdos de Basilea III.

El nuevo régimen introducido por el Real Decreto-ley establecía un requerimiento de capital “tipo” del ocho por ciento  de las exposiciones totales de la entidad ponderadas por riesgo que pasaba a ser del diez por ciento en el caso de grupos consolidables de entidades de crédito y entidades individuales que reuniesen dos condiciones: tener un coeficiente de financiación mayorista superior al 20 por ciento y no tener distribuidos títulos representativos de su capital social o derechos de voto por, al menos, un porcentaje igual o superior al 20% del mismo a terceros, incluidos accionistas o socios, sin que pudieran computarse las participaciones por otras cajas de ahorros que formasen parte de un mismo grupo, o la participación en el capital social del FROB.

Desde el momento en que los nuevos requerimientos de capital fueron conocidos, las entidades de crédito emprendieron estrategias diversas de cumplimiento: en algunos casos se emitieron obligaciones necesariamente convertibles en acciones, algunas entidades integradas en grupos bancarios internacionales fueron recapitalizadas desde su matriz, en otros casos se han anunciado procesos de integración, salidas a bolsa…, lo que se plasmará en los planes de recapitalización que se presentarán el próximo 28 de abril.

También ha emergido con fuerza la figura del banco “malo” (o no tan malo) entendida como una entidad participada por una o varias entidades de crédito, a la que se aportarían determinados activos. La última variación de esta estructura es la que hace colgar del “banco-no-tan-malo” un banco bueno que desarrollaría la actividad financiera del grupo y cuyos dividendos contribuirían a la financiación del primero.

Lo cierto es que este diseño facilita en gran medida la entrada de inversores privados, al tiempo que mejora las condiciones en que podría producirse su entrada en el capital del grupo. No es de extrañar, por tanto, que se esté analizando con el mayor interés.

Sin embargo, la estructura resultante, con dos bancos situados verticalmente bajo el control de una o varias cajas, plantea novedades respecto de las figuras hasta ahora reconocidas por nuestra regulación bancaria, al insertarse una entidad intermedia entre la caja o cajas propietarias y el banco que desarrollaría la actividad financiera del grupo. Por ello, este diseño plantea incertidumbres legales, fiscales y regulatorias que habrían de despejarse en el supuesto de que el supervisor entienda que, efectivamente, esta estructura puede contribuir positivamente a este último proceso de recapitalización de las entidades de crédito.

*Socio responsable de sector Financiero de KPMG en España

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