edición: 2765 , Lunes, 22 julio 2019
08/06/2009

El anuncio de que se ha ganado un premio, sin supeditarlo a una compra, tiene carácter de contrato

Javier Ardalán
El derecho de los consumidores a exigir judicialmente a los empresarios el pago de un premio aparentemente ganado se deriva de un contrato cuando el cobro del premio no está supeditado a un pedido de mercancías, ni siquiera de prueba, según las conclusiones del abogado general, la eslovena Verica Trstenjak. Este derecho reconocido por la legislación del Estado miembro de su domicilio, permite exigir judicialmente a las empresas domiciliadas en otro Estado miembro el pago de ese premio aparentemente obtenido.

La Comisión Europea, en sus alegaciones durante el proceso ha destacado el hecho de que, en los últimos años, la práctica de remitir promesas de premios a los consumidores se ha difundido ampliamente y numerosas empresas han trasladado su domicilio a otros Estados miembros con el fin de eludir posibles acciones judiciales de los consumidores, que son poco propensos a iniciar demandas en otro Estado miembro.

Las conclusiones del abogado general (instructor del caso), que si bien no son las sentencias definitivas son ratificadas en más del 90 de los procedimientos por los jueces de las Salas, considera que el órgano jurisdiccional nacional correspondiente deberá además verificar si el consumidor aceptó esa oferta. Para ello, habrá de tener presente que el consumidor debe haber aceptado la oferta de modo claro e inequívoco, por ejemplo remitiendo al vendedor que le remitió la promesa de premio la necesaria confirmación de reclamación del pago del premio, después de haber adherido el cupón con el número identificativo.

Por consiguiente, el órgano jurisdiccional nacional deberá determinar caso por caso si se ha efectuado una oferta contractual y si ha sido aceptada por el consumidor, de modo que se haya alcanzado un acuerdo de voluntades con la consiguiente celebración de un contrato. Asimismo, habrá de tener en cuenta que no es necesaria ninguna forma particular para la celebración de dicho contrato y que éste puede pertenecer a la categoría de los contratos innominados.

Considera, además, que el objetivo de las normas de protección del consumidor no es garantizar a éste una protección únicamente en los casos en que asuma obligaciones en virtud de un contrato, sino también impedir que el consumidor sea engañado cuando celebre un contrato con obligaciones a cargo únicamente de una de las partes.

A través de promesas engañosas de premio, se induce a error al consumidor y de ese modo se influye en su actuación económica. Es posible asimismo que el consumidor sufra un daño a causa de la promesa de premio cuando, considerando de buena fe que ha ganado un premio, gaste la cantidad de dinero aparentemente ganada o, por la influencia del premio aparentemente obtenido, asuma la carga de decisiones económicas negativas.

En este caso, una ciudadana austriaca recibió un sobre remitido por una sociedad de venta por correspondencia, domiciliada en Alemania. El sobre, en el que figuraban las expresiones “¡Documentos importantes!”, “Por favor, abrir inmediatamente” y “Personal”, contenía una comunicación relativa a un premio de un importe de 20.000 euros, dirigida personalmente a la ciudadana austriaca. De dicha comunicación se desprendía que la ella obtendría el premio “si tenía el número identificativo que concede derecho al premio” y si adhería al certificado de solicitud del premio un cupón con el número identificativo, enviándolo a la sociedad alemana de modo que ésta lo recibiera en un plazo de siete días. De la comunicación del premio se desprende además que el derecho al premio no estaba supeditado a ningún pedido de mercancías. La mujer adhirió el cupón con el número identificativo en el certificado de solicitud del premio y lo remitió a la sociedad.

Al no haber obtenido el pago del premio, la reclamante presentó una demanda judicial contra dicha sociedad solicitando el pago del premio. La sociedad alemana alegó falta de jurisdicción del tribunal austriaco, que consideró que si lo tenía.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en Sentencias de 11 julio 2002 y de 20 de enero de 2005), ya se definió, en relación con el artículo 13 del Convenio de Bruselas, que la aplicación de esa disposición requería la celebración efectiva de un contrato de compraventa de un bien mueble o un contrato de prestación de servicios.

Los Gobiernos austriaco, checo, español e italiano remitieron alegaciones por escrito al Tribunal en las que sostenían que procede interpretar el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento 44/2001 de forma distinta al artículo 13 del Convenio de Bruselas. Por su parte, la Comisión afirmó asimismo en la vista que, en su opinión, es aceptable una interpretación distinta del citado artículo del Reglamento.

El Gobierno checo sostiene, en términos análogos, que procede interpretar la promesa unilateral de un premio como una oferta contractual y la solicitud del pago del premio con la aceptación de dicha oferta. De este modo, a juicio del Gobierno checo, surge una relación de carácter contractual, que puede considerarse como una celebración de un contrato.

El Gobierno italiano, por su parte, defiende la tesis según la cual la promesa de premio, que la consumidora aceptó remitiendo a la sociedad el certificado de solicitud de pago del premio con el cupón adherido, constituye un contrato celebrado por un consumidor en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento 44/2001. En su opinión, puede constituir una celebración de un contrato en el sentido de esa disposición incluso un caso en el que, en virtud de dicho contrato, sólo una de las partes asuma obligaciones.

En apoyo de esta postura, el Gobierno español invoca cuatro alegaciones. En primer lugar, pone de manifiesto que el texto del artículo 15 del Reglamento 44/2001 difiere del tenor del artículo 13 del Convenio de Bruselas. En segundo lugar, señala que sólo una interpretación distinta del artículo 15 puede garantizar al consumidor, que es la parte contratante más débil, un nivel de protección mayor. En tercer lugar, según el Gobierno español, hay que tener en cuenta la relación entre la competencia de los tribunales y el Derecho sustancial que dichos tribunales aplican. Para la protección del consumidor, es necesario garantizar que sean aplicables a favor de éste las normas del Estado miembro en el que está domiciliado. Por último, estima que la aplicación del artículo 15 no siempre determina la competencia a favor del juez del lugar en el que está domiciliado el consumidor.

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