edición: 2912 , Martes, 25 febrero 2020
09/07/2013

El arbitraje de intereses en la CE desarbola al sector naval confinando a España a la esfera de menor valor añadido

La batalla con la Comisaría de la Competencia es reflejo de la incapacidad por estructurar la financiación del sector
Carlos Schwartz

Las lecciones que el abandono forzoso del tax-lease en el sector naval imparte en España son muchas y diversas. La primera y más evidente es que la posibilidad para la industria naval de tener una cartera de pedidos en buques de gran tonelaje se basa en una rebaja media del precio del 20% que es lo que puede igualar la competencia exterior, no europea, sino asiática. Es decir, que la industria naval española tiene un problema de competitividad que no es sólo función de los costes laborales, sino además del escaso desarrollo del capital del sector. Esto es que la ganancia de competitividad sobre la base de un incremento de los gastos de capital parece excluido en este sector en retroceso. La mejora de los procesos técnicos mediante la incorporación de tecnología como fórmula para la ganancia de competitividad está excluida por el déficit de capital del sector y la imposibilidad de hacerlo sobre la base del endeudamiento habida cuenta de la debilidad e incertidumbre del mercado.

Otro de los elementos que quedan a la vista es el papel de la Administración como soporte último del empleo en diversos sectores. El mantenimiento de un alicaído empleo en el sector naval tras su reestructuración se ha hecho a expensas del tax lease es decir a costas de menores ingresos fiscales del orden de la rebaja de precios existente. Los analistas del sector consideran que esa reducción de precio, es decir déficit de ingresos fiscales, es del 20% sobre el total pagado a los astilleros por las asociaciones de interés económico (AIE) con bases fiscales positivas que han sido el eslabón intermedio en la operación triangular. Lo cual no debe servir desde luego para ocultar que el tax lease fue un estupendo negocio financiero, no para los astilleros que a lo sumo han logrado mantener plantilla y sobrevivir, ni para sus trabajadores cuyos niveles salariales se han deteriorado. Sino para los que financiaron las operaciones de triangulación, es decir los miembros de las AIE, como es el caso de Inditex. El único objetivo de un mayorista de confección con inmensas bases fiscales positivas para entrar en un tax lease con un astillero es desde luego el ahorro fiscal obtenido que es función aritmética de su participación en la asociación.

Otra parte de la historia es que mecanismos de esta naturaleza, de una u otra forma, se repiten en diversas actividades económicas que a la larga se comportan no como una actividad industrial, sino como una operación financiera. Algo de ese orden se verifica en sectores de generación eléctrica renovable como la solar. Operaciones montadas sobre la base de una hoja de cálculo que imputa la subvención y los costes financieros de desarrollar sobre capital ajeno las infraestructuras. Es decir que hay una serie de eslabones intermedios parasitarios en estos negocios cuyo único objetivo es la obtención de un beneficio financiero.

Mientras esto no es estrictamente condenable, ya que forma parte de las reglas de juego en el capitalismo, no deja por ello de ser una constatación de la debilidad del sistema. El hecho de que el tax lease haya llegado a su final tras una denuncia de varios países encabezados por Holanda es reflejo de como se las gastan en la Comunidad Europea, ese andamiaje escorado en proceso de derrumbe.

El argumento de que el hecho que otros países hayan utilizado el tax lease y hayan escapado a la acción punitiva de la Comisaría de la Competencia no debe ser esgrimido en defensa de la práctica, sino que España debe reconocer su pecado en aras del bien común de Europa y negociar la mejor salida posible, es realmente un jarabe opiáceo. El bien común se reduce realmente a la competencia desaforada dentro del mercado único. Y dentro de esta lucha a muerte, son los países con los capitales más concentrados los que tienen mayor margen de negociación con Competencia de un lado y mayor composición técnica de capital del otro. Entre los diversos pecados que rodean a este incidente la falta de armonización fiscal no es el menor. Sobre todo si se tiene en cuenta la forma en que se rompe con el criterio de mercado único en casi todos los mercados existentes, desde las telecomunicaciones hasta el financiero.
Por si esto fuera poco, la transposición de las directivas de la CE las hace cada nación de acuerdo con sus intereses específicos locales.

Respecto de la competitividad del sector naval a escala internacional habría que imputar entre otras cosas las ventajas fiscales y financieras de contratar la construcción en Asia, por ejemplo. Las estadísticas prueban que España ha hecho un fuerte incremento de competitividad sobre la base de una reducción histórica de los costes salariales. Pero al mismo tiempo queda claro que la competitividad en los sectores industriales no es función exclusiva de los costes salariales. Hay otros elementos clave en los procesos industriales como lo demuestra la industria del automóvil. El hecho de que el país esté atado además al carro del euro constriñe además su futuro al sector de servicios, al no poder reflejar en el tipo de cambio sus desventajas competitivas en la composición del capital. Es decir que los competidores de España en Europa lo que desean es una quiebra definitiva de la industria naval española. A ello se debe sumar las dificultades de financiación, esencialmente la ausencia de líneas de financiación adaptadas a las necesidades de la industria naval y sus clientes.

En este contexto bien vale la pena reflexionar sobre cómo el hecho de que la CE carezca de un mercado único en muchos sectores económicos, en la falta de armonía fiscal, en la disparidad de la capacidad competitiva de las naciones que la componen, en la dimensión de los capitales movilizados, en la disparidad de influencias políticas, se transforma en las semillas de su propia destrucción. El Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, tiene desde sus épocas como economista de UGT una especial capacidad para mirar para otro lado cuando se reestructuran sectores industriales. Pero en este contexto su acción semeja a la de un ejecutor ciego que cumple con el objetivo de los competidores de convertir a España en una mera economía de servicios.

Noticias Relacionadas

Director
Juan José González ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
c/ Real, 3. 40400 El Espinar (Segovia)
Teléfono: 92 118 33 20
© 2020 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...