edición: 3007 , Viernes, 10 julio 2020
20/12/2012
Preferentes, once años de vida y ninguna sanción

El arbitraje salva la responsabilidad de los consejeros de CNMV y BdE

El Gobierno "ventila" el incumplimiento de supervisión y da por cerrado el fiasco de las preferentes
Juan José González

Supervisión, preferentes, responsabilidad... términos en estos días que son `trending topics´ en twitter, en la prensa, en la calle, en juzgados... Los tres con una clara relación, con un drama común que refleja la crisis y deja al descubierto los puntos débiles del sistema financiero. Pero no ha habído supervisión de quien debía supervisar (CNMV y BdE) las "preferentes", a la sombra de una semántica astuta han logrado confundir. Al menos, la responsabilidad se está clarificando, ya que hasta el momento ésta recaía en exclusiva sobre la parte privada, las entidades financieras. Desde esta semana, el Gobierno, en boca de su responsable de Economía, Luís de Guindos, ya ha reconocido, explícitamente y en público, que la culpa también alcanza al Estado por la vía de la supervisión. Es un ambiente de rectificación y propósito de enmienda -arbitraje en el vocabulario del Gobierno- que llega muy tarde, que satisface a medias, que esta forzado por la reacción social y que, previsiblemente, no conducirá a la solución final del problema. Bajo la iniciativa del ministro se esconden las vergüenzas de CNMV y BdE, y de sus directivos y consejeros a lo largo de los últimos once años, período en el que se viene comercializando este activo singular. Responsabilidad que quiere solucionar de una tacada con el arbitraje.

 

Un producto financiero que visto lo sucedido, debe provocar una reflexión sobre la venta de este tipo de activos, sobre la semántica más apropiada, así como el ámbito de responsabilidad. El Gobierno parece haber entendido que esta alcanza no sólo a las entidades vendedoras, sino también a los supervisores. Los resultados de tan nefasta práctica, comercialización de un activo peculiar, posiblemente inadecuado para particulares no iniciados y más bien para sociedades y demás inversores cualificados, acaba de poner de manifiesto conductas reprochables entre sus comercializadores. Empleados bancarios, la mayoría de las ocasiones presionados para cubrir objetivos, seguramente a cambio de incentivos. Las principales entidades financieras reaccionaron en paralelo al tamaño que iba adquiriendo el problema (repercusión social y en la calle) y tras la iniciativa de La Caixa de ofrecer el canje por bonos y obligaciones, como también la de Telefónica de abonar las preferentes en acciones y bonos, el resto del sector parece haber seguido el ejemplo, al menos, los más grandes, Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell.

Pero una vez que las entidades privadas, bancos y compañías, han asumido su responsabilidad negociando la fórmula del canje, le llega la hora al sector público, al Estado, zona donde se sitúa la supervisión, actividad guiada hacia la prevención de posibles riesgos para los inversores y que debe ser ejercida por la CNMV y por el Banco de España. Los dos organismos públicos, son responsables del funcionamiento del sistema financiero y del mercado de valores, deben proteger a los inversores y garantizar la transparencia y la igualdad en el acceso al mercado y a la información, garantizando la libre competencia. En el asunto de las preferentes, parece haberse demostrado que alguna de las funciones supervisoras no ha funcionado correctamente. Incluso muchos dudan de que se haya producido la supervisión.

Julio Segura y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, anteriores responsables de los dos supervisores, aseguraron en respuestas a preguntas de parlamentarios y periodistas de diversos medios, que las emisiones fueron verificadas, si bien, sus contestaciones no fueron tan precisas como para averiguar si se había controlado la publicidad y, mucho menos, si las emisiones del citado activo habían necesitado alguna corrección o rectificación. Pues bien, a lo largo de la vida de las preferentes (once años) no se conocen incidentes dignos de mención hasta una denuncia que se produce en agosto de 2011. Desde entonces, y hasta entonces, ni CNMV ni BdE hacen uso de sus funciones al entender que las prácticas en la venta de las preferentes no parece encajar en ninguna de las más de cien conductas irregulares, a su vez multiplicadas por numerosos apartados, del célebre articulado 99 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores.

Llama la atención la ausencia de incidencias habidas en un producto que ha contado con una distribución tan amplia entre inversores así como en lo dilatado del tiempo, más de una década. Y sorprende, por tanto, que en la misma función de control y verificación de las emisiones, no se hayan producido ni inspecciones ni sanciones. Extraño.

Si las conductas de algunas entidades financieras se han demostrado reprochables, y en consecuencia han entendido que la forma de ejercer su responsabilidad con posterioridad al daño, era la reparación por la vía del canje por otros activos, falta por ver cómo piensa asumir su responsabilidad la parte pública. Son las instituciones del Estado, Comisión de valores y Banco de España, a cuyos consejeros (al igual que los de las cajas de ahorros, de infausto recuerdo) les alcanza la exigencia de responsabilidad por su falta de actuación. Salvo que el Gobierno haya entendido (y decidido) que el arbitraje lo cubre todo. Eso parece.

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