edición: 2784 , Lunes, 19 agosto 2019
08/07/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El arrendador de locales es responsable de evitar la venta de falsificaciones de marcas

Javier Ardalán
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de definir que un juez puede obligar al arrendador de locales de un mercado a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones en materia de marcas cometidas por los comerciantes arrendados.
La sentencia, de 7 de julio de 2016, dictamina que un operador que presta a terceros un servicio de arrendamiento o de subarrendamiento de puestos en un mercado y que ofrece de este modo a esos terceros la posibilidad de poner a la venta en él mercancías falsificadas debe calificarse de ‘intermediario’, en el sentido de la Directiva La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Para considerar que un operador económico está incluido en la condición de «intermediario», en el sentido de estas disposiciones, debe demostrarse que presta un servicio que puede ser utilizado por una o varias personas para infringir derechos de propiedad intelectual, sin que sea necesario que mantenga una relación particular con estas personas, En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido la sentencia de 27 de marzo de 2014, ‘UPC Telekabel Wien’.

La calificación tampoco está sujeta al requisito de que dicho operador económico preste un servicio distinto al utilizado por el tercero para infringir el derecho de propiedad intelectual.

El ponente, el magistrado Marko Ilešič, estima que el hecho de que la puesta a disposición de puestos de venta se refiera a un mercado electrónico o a un mercado físico carece de importancia, ya que el ámbito de aplicación de la Directiva no se limita al comercio electrónico.

En efecto, de la Directiva 2004/48 no se desprende que su ámbito de aplicación se limite al comercio electrónico. Por otro lado, el objetivo, enunciado en esta Directiva, de garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior se vería notablemente afectado si el operador que provee a terceros acceso a un mercado físico, en el que terceros ponen a la venta mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca, no pudiera ser objeto de los requerimientos.

Señala, asimismo, que los requisitos a los que está sometido un requerimiento judicial adoptado contra un ‘intermediario’ que presta un servicio de arrendamiento de puestos de venta en mercados cubiertos son idénticos a los aplicables a los requerimientos judiciales dirigidos a los intermediarios en un mercado electrónico.

De este modo, estos requerimientos judiciales no sólo deben ser efectivos y disuasorios, sino también equitativos y proporcionados. En consecuencia, no deben resultar excesivamente gravosos y no deben tampoco crear obstáculos al comercio legítimo.

Tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante.

Además, los requerimientos judiciales deben garantizar un justo equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y la inexistencia de obstáculos al comercio legítimo.

En el caso en litigio, es pacífico que la empresa arrendadora es el arrendatario del mercado y ejerce una actividad económica, que consiste en subarrendar los puestos de venta situados en dicho mercado cubierto. Tal actividad remunerada constituye una prestación de servicios. Tampoco se discute que algunos de los comerciantes a los que subarrienda los puestos de venta los utilizan para ofrecer a los visitantes de dichos mercados mercancías que constituyen una falsificación de productos de marca.

Las normas de Derecho nacional deben permitir la consecución del objetivo perseguido por la Directiva 2004/48. A tal fin, y con arreglo al artículo 3, apartado 2, de esta Directiva, los requerimientos judiciales deben ser efectivos y disuasorios (sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros).

Por último, el Tribunal de Justicia declaró que los requerimientos judiciales debían ser equitativos y proporcionados. Por consiguiente, no deben resultar excesivamente gravosos y no deben tampoco crear obstáculos al comercio legítimo.

Tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante (véase, en este sentido, la sentencia L’Oréal y otros).

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