edición: 2306 , Martes, 19 septiembre 2017
07/11/2011

El auditor solo podrá retrasar su informe o renunciar al contrato ante amenazas serias del cliente

Xavier Gil Pecharromán
La ‘imposibilidad absoluta’ de realizar el trabajo encomendado al auditor de cuentas o sociedad de auditoría por circunstancias no imputables a éstos o la existencia de amenazas que pudieran comprometer de forma grave la independencia u objetividad del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría serán las únicas causas que podrá argumentar un auditor de cuentas para renunciar al contrato de auditoría o a no presentar el informe en la fecha pactada.

Así se regula en el nuevo Reglamento de la Ley de Auditoría, que entró en vigor el pasado sábado 5 de noviembre de 2011, y que las tres corporaciones oficiales de auditores (censores, economistas y titulados mercantiles) han anunciado que recurrirán ante los tribunales por no haberse respetado los trámites de audiencia pública en su proceso de aprobación.

La nueva norma define como ‘imposibilidad absoluta’ de realizar el trabajo encomendado a que  la entidad no haga entrega al auditor de las cuentas anuales formuladas, objeto de examen, previo requerimiento escrito efectuado a tal efecto. En todo caso, se entenderá que no se ha producido tal entrega cuando haya transcurrido más de un año desde la fecha de referencia de las citadas cuentas anuales.

También, cuando, de forma excepcional, otras circunstancias, que no deberán ser imputables al auditor de cuentas, y distintas de las de carácter técnico, impidan la realización del trabajo de auditoría en sus aspectos sustanciales.

En particular, no se considerará que existe ‘imposibilidad absoluta’ en la realización del trabajo de auditoría cuando el auditor de cuentas no pueda aplicar aquellos procedimientos de auditoría que resulten necesarios para obtener evidencia de auditoría en relación con la información de las cuentas anuales, en cuyo caso el informe de auditoría se emitirá conforme a lo dispuesto en las normas de auditoría.

En estos casos, el profesional tendrá que detallar en un escrito todas las circunstancias determinantes de la falta de emisión del informe o la renuncia al contrato de auditoría. Este escrito deberá ser remitido a la entidad auditada, en un plazo no superior a quince días hábiles desde la fecha en que el auditor tuviera constancia de la circunstancia referida, y siempre con anterioridad a la fecha en la que el informe de auditoría debiera emitirse para cumplir con la finalidad para la que fue contratado, sin perjuicio de la posibilidad de renunciar a la continuidad del contrato de auditoría.

Además, si la auditoría es obligatoria, la comunicación deberá ser remitida, en 15 días, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y al Registro Mercantil del domicilio social correspondiente a la entidad auditada. Una vez realizadas estas actuaciones se considerarán finalizadas las obligaciones del auditor en cuanto al trabajo de auditoría a realizar sobre las cuentas anuales del ejercicio.

Destaca también, en el nuevo texto reglamentario, la prohibición expresa de que se pueda limitar la distribución o el uso del informe de auditoría de cuentas, debido a la relevancia pública de esta actividad ante los posibles efectos frente a terceros que puede tener todo informe.

Otra novedad importante del nuevo Reglamento de la Ley de Auditoría es la crea una nueva categoría profesional, como es la de ‘no ejerciente que presta servicios por cuenta ajena”, que permite la incorporación de los auditores que, sin ser socios de una sociedad auditora, pueden ser designados expresamente para firmar informes de auditoría en su nombre, debiendo la sociedad de auditoría informar de las designaciones que en cada momento tenga efectuadas.  Para inscribirse en esta situación se deberá solicitar por escrito al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

También se determina que figurarán inscritos en una sección separada en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, los auditores de cuentas y sociedades y demás entidades de auditoría de terceros países que emitan informes de auditoría sobre cuentas anuales o cuentas anuales consolidadas de una entidad constituida fuera de la Unión Europea y cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado en España.

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