edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
08/04/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

El aval a primer requerimiento mercantil no es accesorio de la obligación garantizada

DATADIAR
La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Pamplona estimó la demanda de  reclamación de cantidad formulada por la entidad bancaria X contra la también entidad bancaria Y con base en un aval a primer requirimiento o primera demanda prestado por la entidad demandada a solicitud de la compañía I., S.A., que se incorporó al proceso como interviniente adhesivo.

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de I., S.A., la Audiencia Provincial de Navarra, dictó Sentencia desestimándolo e imponiendo las costas procesales a la parte apelante. 

Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación por la sociedad, fueron conocidos por el Tribunal Supremo, quien, en Sentencia de 4 de diciembre de 2009, resolvió los mismos.

El planteamiento del segundo motivo del recurso de casación se resume en que de las circunstancias que exponen se deduce que la ejecución de las contragarantías fue abusiva o fraudulenta, contraria a la buena fe contractual, y que de consumarse daría lugar a un enriquecimiento injusto.

Señala el ponente, que antes de entrar en el examen del motivo debe exponerse en sede de principios que el aval a primer requirimiento -también denominado a primera solicitud o a primera demanda- es una modalidad especial de garantía de los derechos de crédito, de naturaleza personal, y atípica, aunque con pleno reconocimiento por la doctrina jurisprudencial con base en el principio de autonomía contractual (art. 1.255 CC ), que se caracteriza por su autonomía e independencia -no accesoriedad, que le diferencia de la fianza- de la obligación garantizada y del contrato inicial, de modo que su nota más característica es que el garante no puede oponer al beneficiario, que reclama el pago, otras excepciones que las que derivan de la garantía misma. Esto es, el garante está obligado al pago por el simple requirimiento o solicitud del beneficiario.

La doctrina jurisprudencial para evitar una ejecución de la garantía abusiva o fraudulenta ha admitido la posibilidad de paralizar la reclamación del beneficiario mediante la alegación por el garante de la "exceptio doli". El avalista puede oponer las excepciones derivadas de la propia garantía, pues la obligación del garante no puede extenderse más allá de lo que constituye el objeto de la garantía, así como las que se fundan en una clara inexistencia o cumplimiento de la obligación garantizada, dado que de no ser así se produciría una situación de enriquecimiento injusto. Sin embargo, la carga de la prueba de la inexistencia o del cumplimiento de la obligación garantizada incumbe el garante, sin que pueda exigirse al beneficiario que acredite el incumplimiento del obligado principal.

Finalmente, en el fundamento jurídico noveno de la STS de 4/12/2009, la Sala 1ª del TS  interpreta que el aval a primer requerimiento no es accesorio  de la obligación garantizada. Señala que es nota característica de esta forma de garantía personal, que la diferencia de la fianza regulada en el Código Civil, su no accesoriedad , nota a la que se alude en la Sentencia de 11 de junio de 1.983, al incidir «las garantías denominadas de primera solicitud en el comercio internacional», entre «las nuevas figuras que tendiendo a superar la rigidez de la accesoriedad, es decir, la absoluta dependencia de la obligación garantizada para la existencia y la misma supervivencia», así como la sentencia de 14 de noviembre de 1.989, en la que se afirma que «toda interpretación que se trate de dar a la palabra garantía en el sentido de la obligación accesoria de fianza o de aplicar la excusión que le es característica, desvirtúa la naturaleza de la obligación compleja a la que venimos haciendo mérito», y aun cuando es cierto que algunas Sentencias de esta Sala (así la de 27 de septiembre de 2.005 ) han admitido la posibilidad de aplicar normas propias de la fianza, si bien con el matiz de que "se acomoden a la especial naturaleza de la garantía de que se trata", en cualquier caso en modo alguno se acomoda la exigencia de una liquidación de la cantidad adeudada, pues en virtud de la función garantizadora y operatividad independiente del contrato garantizado resulta suficiente la reclamación del beneficiario frente al garante dentro de la cantidad máxima garantizada, la que obviamente no se puede rebasar por la sencilla razón de que constituye el límite de la garantía pactada y la obligación del garante no puede extenderse más allá de lo que constituye su objeto.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Instrucción de 24 de febrero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre reconocimiento de los apellidos inscritos en los Registros Civiles de otros países miembros de la Unión Europea. (BOE nº 60 de 10 de Marzo de 2010)
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) de las Comunidades Europeas, en el asunto C-353/06 (Grunkin-Paul), cuestión prejudicial planteada conforme al artículo 234 CE por el Amtsgericht de Flensburg (Alemania), ha dictado Sentencia de 14 de octubre de 2008 en la que declara que «el artículo 18 CE se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a que las autoridades de un Estado miembro, aplicando el Derecho nacional, denieguen el reconocimiento del apellido de un niño tal como ha sido determinado e inscrito en otro Estado miembro en el que ese niño nació y reside desde entonces, y quien al igual que sus padres sólo posee la nacionalidad del primer Estado miembro».

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de apropiación indebida. Delito de falsedad en documento privado. Tribunal Supremo. Sentencia 2 de febrero de 2010.
La intención o propósito de apropiarse de un bien pertenece el ámbito subjetivo, por lo que salvo reconocimiento por su autor, deberá ser acreditada mediante prueba indiciaria. Caso de autos: el acusado, que había recibido amplios poderes del una persona posteriormente fallecida, procedió en octubre de 2003 a la adquisición de varias acciones que vendió a terceros el día 2 de enero de 2004, un día después del fallecimiento de aquel, percibiendo por la venta 94.625,75 euros de los que dispuso en su propio beneficio sin dar cuenta de ello a los herederos y sin incluirlo en la declaración dirigida al departamento de Tributos. Con la finalidad de eludir responsabilidades, presentó a los herederos un documento manuscrito por él mismo en el que el fallecido lo autorizaba a vender las acciones y a hacer suyo el importe, documento en el que aparecía una firma que simulaba haber sido estampada por aquél. Gestión desleal: al hacer suyo el importe de bienes que pertenecían a su principal el acusado fue más allá de las facultades conferidas por el título que le permitía disponer de esos bienes. Incumplimiento de los deberes de lealtad.  Delito de falsedad en documento privado. Uso de documento falso. Autoría: el delito de falsedad no es de propia mano, de forma que solo pueda ser considerado autor quien materialmente realiza el acto falsario. En el hecho probado se declara que el acusado lo presentó a los herederos cuando estos se percataron de la venta de las acciones y que en el documento se hacía constar que el fallecido le había donado esa cantidad.

Mercantil

Impugnación del informe pericial del art. 38 LCS de indemnización por riesgos objeto de cobertura. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de febrero de 2010.
Se alega, entre otros motivos, la infracción del art. 38 de la Ley del Contrato de Seguro, en cuanto que el mismo prevé que cuando se designe un perito tercero, el informe pericial debe ser emitido conjuntamente por los tres peritos, y no por aquél exclusivamente. La recurrente considera que la sentencia impugnada comete dicha infracción al negar la nulidad del dictamen del perito tercero, pese a que consta expresamente que no ha existido ninguna reunión ni contacto conjunto entre los tres peritos, y que incluso el informe pericial no fue firmado en unidad de acto por todos ellos. El motivo no hace sino cuestionar la conclusión probatoria de la sentencia. Además, entiende el TS que el hecho de que la firma posterior de los tres peritos no se realizara en unidad de acto, carece de virtualidad para provocar el efecto pretendido, pues, como dice la sentencia, «además de no estar exigido por ninguna norma legal, que firmen el mismo día o días diversos no tiene ninguna trascendencia en cuanto a la finalidad, alcance y eficacia del informe pericial de tercería, siendo lo esencial que esté firmado en conformidad o disconformidad cuando se notifique a las partes», como así fue.

Cuenta corriente, autorización expresa del titular para efectuar disposiciones de los importes depositados en las mismas. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de febrero de 2010.
Siendo cierto que las entidades bancarias precisan autorización de sus clientes, titulares de las cuentas, para efectuar disposiciones de los importes depositados en las mismas y no constando prueba escrita que acredite las autorizaciones y órdenes del demandante para que la entidad bancaria efectuara las operaciones cuestionadas, señala el Tribunal que en el caso, es evidente que hubo el mandato tácito, que se admite en el artículo 1710 CC, como así se constata en la sentencia que explica que medió consentimiento tácito a estas operaciones patentizado por el hecho de tratarse de traspasos de cantidades efectuadas de una cuenta de titularidad exclusiva del recurrente a cuentas comunes de su mujer o privativas de esta, que se prolongaron durante más de diez años, habiéndosele notificado los extractos bancarios y la información fiscal consiguiente en su despacho profesional, sin que durante tan prolongado espacio de tiempo hiciera manifestación alguna contraria a las operaciones debidamente notificadas, hasta que surgió la separación matrimonial.

Civil

El contrato de arrendamiento a un estudio técnico de decoración es un contrato de arrendamiento asimilado a local de negocio y se extingue a los cinco años de la entrada en vigor de la LAU de 1994. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de febrero de 2010.
El hecho de que la «rúbrica del contrato», sea de local de negocio, no implica que el arriendo realmente reuniera las características para catalogarse como local, pues los contratos han de calificarse atendiendo a su contenido y a la realidad que pretenden regular y no al nombre o denominaciones que las partes puedan darles. El hecho de que se permitiera instalar en la finca las oficinas de la empresa de decoración, o el hecho de que el demandado, en el desarrollo de su actividad de diseño y ejecución de trabajos de decoración de locales, viviendas y stands para exposiciones, reciba a clientes o a industriales tampoco lo convierte en local de negocio, como el hecho de que tampoco se convierte en local de negocio el despacho profesional  de un arquitecto o de un abogado, por el hecho de que en el mismo reciban a sus clientes, por lo que debemos concluir que el contrato de arrendamiento de la finca urbana al estudio técnico de diseño industrial y decoración es un contrato de arrendamiento asimilado a local de negocio y se extingue a los cinco años de entrada en vigor de la LAU de 1994.

Carece de sentido pretender la resolución contractual si el contrato de opción estaba extinguido por no haber ejercitado la facultad de prórroga del contrato en el plazo establecido. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de febrero de 2010.
Los arts. 1.255 y 1.258 CC exigen cumplir lo pactado, y uno de los pactos, que no se niega por la parte demandada-recurrida ni por la resolución judicial, se refiere a la facultad de la parte optante de prorrogar el plazo del contrato de opción, pero tal derecho potestativo tenía que haber sido ejercitado dentro del plazo establecido, y no lo fue. Cuando se ejercitó ya había caducado la posibilidad, y el vínculo contractual estaba fenecido. La segunda razón es consecuencia de la anterior. Si el contrato de opción estaba extinguido, carece de sentido pretender la resolución contractual como se razona en la sentencia recurrida. Por todo ello, la afirmación que como conclusión se hace en el párrafo final del motivo de «que se ha privado de eficacia a un contrato sin causa alguno, lo que supone un gravísimo atentado contra la libertad contractual», resulta, en la perspectiva jurídica, y atendidos los hechos y razones que expone la sentencia recurrida, meramente retórica.

Laboral

Posposición del disfrute vacacional debido a la situación de Incapacidad temporal coincidente con el periodo inicialmente asignado al trabajador. Tribunal Supremo.  Sentencia 4 de febrero de 2010.
La situación de incapacidad temporal, que surge con anterioridad al período vacacional establecido y que impide disfrutar de este último en la fecha señalada, no debe erigirse en impedimento que neutralice el derecho al disfrute de dicha vacación anual que todo trabajador ostenta por la prestación de servicios en la empresa. Y es conveniente señalar, al respecto, que tiene que ser distinto el tratamiento que merece la incapacidad temporal que surge durante el disfrute de la vacación, pues es un riesgo que, en tal situación, ha de asumir el propio trabajador, con aquella otra que se produce con anterioridad al período vacacional y que impide el disfrute de éste en la fecha preestablecida en el calendario previsto, a tal efecto, en la empresa. En este último caso. necesariamente, ha de hacerse compatible el derecho a la baja por incapacidad temporal, sea esta por enfermedad común o por maternidad, con el correspondiente al disfrute de la vacación anual.

Obligación de la parte demandada de formalizar como Anexo al convenio de empresa el acuerdo verbal sobre jornada continuada, cuya ratificación y constancia aparece plasmada con ocasión de la reunión de la comisión paritaria. Tribunal Supremo.  Sentencia 18 de febrero de 2010.
Las tres mercantiles se alzan en casación al estimarse la pretensión actora que solicitaba se declarara la obligación de la parte demandada de formalizar como Anexo al convenio de empresa el acuerdo verbal sobre jornada continuada  para los días 5 de enero y miércoles de Semana Santa. El hecho de que la cuestión del compromiso relativo a esos horarios aparezca en el acta de la reunión de la comisión paritaria es solo una cuestión de coincidencia temporal y de constatación documental que sirven para afirmar la existencia del acuerdo y, por ende, el reconocimiento del derecho por parte de la empresa.  Por tanto, bien puede hablarse de un acuerdo no estatutario que incide en un punto no establecido en el convenio colectivo; sin que, no obstante, pueda equipararse la naturaleza de éste con la sus cláusulas. Como tal acuerdo de carácter extraestatutario tiene una naturaleza contractual, con una vida no necesariamente vinculada a la duración del convenio, susceptible de ser alterado por las partes contratantes o por la ulterior negociación de eficacia normativa que eventualmente lo contradiga y deje sin efecto.

Administrativo

Nulidad del artículo 2 de la Orden ITC/3315/2007, de 15 de noviembre por la que  se regula, para año 2006, la minoración de retribución de actividad de producción de energía eléctrica en importe equivalente al valor de derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados gratuitamente. Audiencia Nacional. Sentencia de 22 de marzo noviembre de 2010.
En la medida en que la Orden ITC/3315/2007 recurrida se separó de la generalidad regulatoria del sobreprecio y excluyó la minoración de la retribución  de alguna instalaciones, no es acorde con ell Real Decreto-ley, 3/2006, del cual debía ser directa ejecución. La conclusión de este desajuste entre la Orden y el Real-Decreto-Ley, en el artículo 2 de la citada Orden, que extiende su aplicación a las instalaciones de régimen ordinario y excluye a las de régimen especial, produce la  declaración de nulidad del mismo.

Nulidad del Decreto Municipal de ampliación de la zona SER. Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sentencia 19 de febrero de 2010
El hecho de que la ordenanza municipal de Movilidad señala al alcalde o al órgano en el que él delegue como capaz para fijar los límites del SER no justifica sin embargo la ampliación decidida por el mismo en forma de decreto, ya que es necesario un acto previo del Pleno de implantación o ampliación de la zona, acto que en este caso no concurría.

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