edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
25/01/2010
Los SIP también se pueden recurrir, pero paralizarían operaciones

El Banco de España no se impone, Economía echa en falta un golpe de autoridad

No quiere repetir en Galicia el recurso de inconstitucionalidad como en Caja Madrid
Ordóñez y Rato: outsiders en política, aliados en la reforma de cajas
Juan José González

Aficionado a las partidas de ajedrez y consciente de que la guerra por la reestructuración de las cajas de ahorros españolas se librará a lo largo de numerosas batallas, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acaba de decidir que no permitirá ni un ‘enroque’ más en el sector, y que es posible que hasta presente algún recurso en contra de algún SIP (Sistema de Protección Institucional) de reciente puesta en marcha. Los SIP, como cualquier acuerdo alcanzado por un órgano de gobierno en una institución financiera, se pueden recurrir, si bien para ello es imprescindible demostrar que esconden ‘mala’ intención y muchas cosas más, todas ellas con base probatoria, algo que no debe ser muy difícil si se conoce bien el contexto y el fondo del problema.

La última borrasca que entró por el noroeste de Galicia amenazaba con tener efectos devastadores para el proceso ‘libre’ de reorganización ‘voluntaria’ entre los miembros de las cajas de ahorros. Desde Cibeles, el movimiento de dos de las principales cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixa Nova, para realizar una fusión al amparo de una reforma que el Gobierno autónomo de Galicia va a proponer en próximas fechas, se consideró como una seria amenaza a la libertad de actuación de las cajas, sobre la base de que dicha reforma de la ley, de llevarse a cabo, vulneraría la Constitución española. En este caso, quedaba relegado a un segundo plano el hecho de que la ‘obligada’ fusión de ambas entidades desactivaba la previsible fusión con Caja Madrid, operación que se encontraba más adelantada de lo que parece.

El viaje previsto del gobernador del Banco de España a Galicia para comprobar sobre el terreno varios aspectos de este nuevo capítulo financiero, habría venido propuesto desde medios del Gobierno, desde donde se mantiene la opinión de que el Banco de España no se impone, no sólo cuando puede, sino cuando debe, en el gobierno de las decisiones adoptadas por varias instituciones financieras en los últimos tiempos. Esta crítica a la actuación del banco se produce por segunda vez en los últimos meses. La primera fue con motivo de la reforma legal planteada por la presidencia de la Comunidad de Madrid, destinada a modificar la ley para la elección de los consejeros y la presidencia de la caja madrileña.

En el Ministerio de Economía, la falta de autoridad por la no intervención en tiempo y lugar del supervisor en esta batalla financiera, suscitó la semana pasada numerosas opiniones en contra de la actuación del banco, cuya consecuencia inmediata puede ser la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones previstas por el Ejecutivo gallego para proteger la fusión entre las dos cajas de la Comunidad y evitar el concurso de instituciones de otras regiones. El Ministerio de Economía ya se ha visto obligado a intervenir en el recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la normativa que afectaba a las elecciones en Caja Madrid –además de dos intervenciones judiciales- y la segunda ocasión sería la de las cajas gallegas.

Dos asuntos que deberían obligar al Ejecutivo a evitar una tercera ocasión, y para la que la única salida posible y razonable sería la presentación de una reforma urgente de la Ley Orgánica Regulatoria de las Cajas de Ahorro (LORCA), palabras mayores para un Gobierno y una oposición que se encuentran a distancia sideral para alcanzar un acuerdo en esa materia. Así que la presente semana puede ser fructífera en movimientos entre los componentes más inquietos del sector financiero.

Sin embargo, un nuevo frente parece ser el que se ha abierto en el sector: la entrada de un nuevo actor sobre el que se tienen depositadas innumerables expectativas, incluso se piensa que puede oficiar de revulsivo en el estallido final de la reestructuración de las cajas. No es otro que Rodrigo Rato, a quien todavía no se ha visto por el edificio de Cibeles, a donde acudirá de visita de presentación -¿quién lo iba a decir?- cuando tome posesión del cargo al frente de la caja madrileña.

Desde varios sectores económicos y políticos se espera que las labores de Rato desde la caja impulsen la reestructuración del sector –que no la revolución- en estrecha pero distante colaboración con el Gobernador. Varios conocedores de ambos señalan las numerosas coincidencias y afinidades –no ideológicas- de Ordóñez y Rato en este asunto, en el que una parte sustancial para alcanzar acuerdos reside más en el sentido común de lo razonable que en aspectos de militancia política, en los que ambos parecen ir, desde hace tiempo, como ‘outsiders’, aunque ninguno de los dos rompa las reglas de su partido político. En todo caso, Ordóñez y Rato se necesitan mutuamente.

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