edición: 2284 , Viernes, 18 agosto 2017
19/11/2012
Los internautas reclaman más vivienda social

El `banco malo´, en el punto de mira como posible fuente de soluciones para los deudores hipotecarios

Aunque el Gobierno asegura que usará la entidad para proporcionar soluciones para los desahuciados, la opinión pública duda que se anteponga el interés social al de a banca
En adelgazamiento de la clase media, la sequía de crédito y la creación de un `umbral de exclusión´ en torno a los 19.000 obligan a impulsar una solución pública
ICNr

Los dilemas que plantea el banco malo, relativamente alejados del interés de la opinión pública durante los últimos días tras la oleada de críticas generadas en torno al drama de los desahucios, han vuelto a convertirse en tema de conversación a través, precisamente, del papel que la institución podría jugar como posible vía para `acoger´ bajo su paraguas a los deudores hipotecarios. Al fin y al cabo, los lectores consideran a Sareb como un fruto, en gran medida, del esfuerzo –político y económico- del Estado por `echar un cable´ a la banca. En gran parte con dinero público. Por ello, la entidad que se perfila como gestora de los activos `enfermos´ de la burbuja inmobiliaria, podría convertirse en una fuente de reciclaje para esos activos, de forma que parte de ellos puedan destinarse a paliar los efectos de una pobreza que se asienta cada vez más entre los Españoles. 

Las cifras hablan por sí solas: alrededor de dos millones  de desempleados en España subsisten sin ningún tipo de ayuda pública, una cifra que podría ascender a los tres millones en 2013. La tendencia es, además, la del aumento de las peticiones de ayuda de último recurso –los famosos 400 euros- frente al aumento de personas que pierden derecho a cobrar la prestación por desempleo. A ello se suma que, durante los últimos años, los salarios han crecido por debajo de los de los precios, una brecha que está creciendo en 2012 y que prometerá seguir haciéndolo como consecuencia, entre otras cosas, de las facilidades que otorga la reforma laboral de marzo de este año. Tal situación lleva a la opinión pública a augurar un destino muy negro para los ciudadanos de cara al próximo año, un ejercicio en que las consecuencias de la política de austeridad a toda marcha del Gobierno prometen mostrar su cara más amarga. 

En este marco, todas las miradas se centran en la necesidad de aprobar, de forma urgente, medidas más contundentes que la moratoria a los desahucios de la semana pasada. Se trata de una `solución´ que, a juicio de los lectores, sólo debe entenderse como una fórmula para ganar tiempo –y solo el estrictamente necesario- para reformar la obsoleta ley hipotecaria y otorgar la protección adecuada a los deudores hipotecarios en los casos más dramáticos, entendiendo que la excepcionalidad de la situación justifica –como ya lo hace con las ayudas al sector bancario-  la creación de un marco más favorable para los clientes. Dos premisas, por tanto: una reforma en profundidad de la Ley Hipotecaria que equilibre fuerzas entre sector bancario y clientes, y una norma especialmente favorable que atienda a la situación de necesidad generada por la crisis. Una crisis de la que, según muchos, es responsable principalemente el sector bancario. 

Los lectores no perdieron de vista que, conforme al derecho comunitario –que se ha expresado recientemente en la conclusiones de al abogado general Kokott, donde pone en duda la igualdad de fuerzas entre banca y clientes-, los consumidores deben ser siempre la parte más protegida en sus relaciones contractuales con empresas de todo tipo. Un equilibrio que no cumple la actual norma española. Del mismo modo, se puso de relieve la ingente suma de dinero público que se ha llevado, y se seguirá llevando, el sector financiero español. Un capital que, venga o no de Europa, se acabará pagando en última instancia con el dinero de los contribuyentes. Si los internautas aseguran que tal ayuda se `tragó´ por parte de los ciudadanos como un mal necesario para preservar la estabilidad del sistema, no se entiende por qué no puede presionarse en mayor medida a la banca para que asuma, por ejemplo, determinadas quitas de la deuda generada por la moratoria en el pago de las deudas hipotecarias. También para renegociar contratos en condiciones más favorables para los deudores. Pero, sin duda, la gran asignatura pendiente del Ejecutivo es la reforma del procedimiento de ejecución hipotecaria y, más concretamente, de sus reglas de valoración del ben hipotecado de cara a su subasta. 

EL `BANCO MALO´ COMO SALIDA

Entre todas las medidas propuestas, existen también propuestas `paliativas´ o de última instancia, que pasan por crear un sistema de vivienda pública accesible para el grueso de los ciudadanos más desfavorecidos. En adelgazamiento de la clase media, la sequía de crédito, el endurecimiento extremo de las condiciones para acceder a un préstamo y la creación de un `umbral de exclusión´ de facto en torno a los 19.000 euros de salario anual –debido a la moratoria para este sector, recién aprobada por el Gobierno- obligan a impulsar una solución pública al problema del acceso a la vivienda, y qué mejor fórmula para ello que el aprovechamiento de los inmuebles absorbidos por Sareb para hacer frente a ese problema. 

No hay, sin embargo, criterio social alguno al que agarrarse si la dirección de la entidad se guía únicamente por la normativa creada para su desarrollo. Con el beneficio y la rentabilidad como puntos de partida, el banco malo permite tanto arrendar los inmuebles como demolerlos en caso de que sea la opción más viable para su mayor rentabilidad. La presencia –en la que se trabaja, aunque no se sabe si con éxito- de capital extranjero en un previsible 50 por ciento obliga, y también la necesidad de trabajar en la reactivación del mercado inmobiliario español. En este sentido, la estrategia del Gobierno es precisamente ajustar la oferta de vivienda a la demanda, y para ello la major formula es eliminar, física y literalmente, el exceso de oferta. `Lo mejor del banco malo es que va a tener capacidad para derribar las viviendas que posea. En esto consiste la dinamización del mercado inmobiliario: compramos las promociones que no se han vendido con el dinero de todos, las derribamos y así la oferta es inferior a la demanda (ahora sucede al revés con mucho), y vuelta a empezar con la burbuja inmobiliaria. ¿No se les ocurre nada mejor?
´, resumió un lector. 

De momento, la tarea básica del Ejecutivo consiste en atraer capital extranjero, y ello se materializa mediante incentivos fiscales muy importantes: De Guindos ha explicado que los fondos en los que se agruparán los activos de Sareb tendrán la constitución y fiscalidad de una sociedad de inversion colectiva, como las Sicav, que tributan un 1 por ciento de Impuesto de Sociedades, mientras que la compraventa de acciones y reparto de dividendos tienen la fiscalidad de rendimiento del capital mobiliario para las personas físicas, tributando un 27 por ciento a partir de los 24.000 euros. En el caso de las personas jurídicas, las rentas positivas se integran en la base imponible del Impuesto de Sociedades.

Tal mapa lleva a los lectores a prever un efecto opuesto a los intereses de la generalidad de la ciudadanía. `Así los ricos (los que pueden invertir en la entidad) serán más ricos todavia, podrán comprar pisos a precio de chollo y dentro de unos años venderlos, si es que esto no ha reventado antes, mucho mas caros. ¿Y quienes podrán comprar? Los mismos, los que tengan dinero e información privilegiada. Y encima nos lo venden como que es la solución´, censuró un lector.  También se prevé que el Gobierno evite, o reduzca a la minima expresión, el uso de los inmuebles del banco malo para fines sociales, y ello a pesar de que la nueva norma antidesahucios implica la creación de un fondo social de viviendas para reubicar tanto a las familias en riesgo de lanzamiento como a las que ya han sido desahuciadas y cumplan con las condiciones socio-económicas exigidas. Un banco de viviendas que procederá del stock en poder de las entidades intervenidas por el Estado o con ayudas públicas.

Los lectores no las tienen todas consigo y, hasta que no exista desarrollo regamentario, seguirán dudando sobre la veracidad de las palabras del Gobierno. Se trata, en definitive, de una mera operación de cosmética: `Para los bancos, las leyes se adaptan para impedir su defunción. Para los que no tienen ni dónde caerse muertos, sólo queda la aplicación de la ley, por injusta q sea. Se dice q los bancos (en España todos) son sistémicos, es decir, que su supervivencia es fundamental para el sistema. Aparentemente, las personas no. De ellas se puede prescindir´, sentenció un internauta. 

Se puso en duda, del mismo modo, que el banco vaya a permitir activar el flujo de crédito, al `librar´ al sector bancario de la losa de sus activos tóxicos. Este argumento se ha utilizado demasiadas veces, con efectos casi opuestos a los anunciados, como para tener credibilidad a estas alturas de la crisis. Precisamente esta afirmación es una de las que más comentarios negativos despertó entre la opinión pública, cansada de los tópicos del discurso del Ejecutivo y de la constante corrección de éstos a través de a realidad. La realidad es bien distinta: no queda otra solución más que absorber activos inútiles y `quitarlos del mercado´, y prueba de ello es que `los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos se venden con unas rebajas respecto a libros del 50, 60, 70 e incluso el 80 por ciento´. `Dicen los bancos que se los quitan de las manos, pero después creamos un gran banco malo con todo eso y no hay dios que quiera adquirir acciones. Algo no cuadra. Bueno, sí cuadra, que el valor de esos bienes dentro del banco malo no cubrirá ni la mitad de lo que el Estado ha pagado a las entidades financieras, y la diferencia la acabaremos pagando los de siempre´.

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