edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
20/10/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El BCE adquirirá un gran poder para publicar o no las sanciones que imponga

Xavier Gil Pecharromán

Cuando el Banco Central Europeo (BCE) considere que la publicación inmediata de una decisión podría poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros o ser desproporcionada teniendo en cuenta la gravedad de la sanción impuesta a una empresa, tendrá la potestad de aplazar la publicación de la decisión hasta tres años después de la fecha de adopción de la decisión, según se establece en las enmiendas incluidas en el Europarlamento en el Reglamento del Consejo por el que se propone la modificación del Reglamento sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones.

Además, se incluye que a petición, el BCE debe mantener la confidencialidad de los debates orales a puerta cerrada con el presidente y los vicepresidentes de las comisiones responsables del Parlamento Europeo en relación con tales casos. Y deberá presentar una justificación de tal retraso anexo a la publicación de la decisión.

El Banco Central Europeo (BCE) debe, por regla general, publicar sin demoras injustificadas sus decisiones sobre la imposición de sanciones pecuniarias administrativas por incumplimiento del derecho directamente aplicable de la Unión Europea y de sanciones por incumplimiento de los reglamentos y decisiones del BCE, tanto en el ámbito de la supervisión como en otros ámbitos distintos, sin embargo,

La norma general tiene que ser la transparencia. Sin embargo, en casos concretos, el BCE debe poder elegir no publicar sus decisiones durante un tiempo. El ponente recomienda un procedimiento de publicación completa y, por tanto, de desclasificación y distribución automáticas de la información tras un periodo determinado, por ejemplo, tres años, además de la obligación a posteriori del BCE de justificar toda excepción a la norma general de publicación inmediata.

Sin perjuicio de otras competencias específicas que puedan derivarse de la legislación nacional, las autoridades nacionales competentes mantienen su competencia para imponer sanciones administrativas, pero solo pueden imponerlas a entidades de crédito directamente supervisadas por el BCE si este solicita a las autoridades nacionales competentes que inicien un procedimiento con ese fin.

En el pasado, se ha comprobado que una supervisión deficiente se produce a menudo por falta de claridad en quién es responsable final de adoptar iniciativas por infracción. La presente enmienda busca evitar conflictos entre autoridades, lo que reviste crucial importancia.

El derecho a tomar la decisión de iniciar el procedimiento sancionador, a tenor de lo dispuesto en el presente Reglamento, expirará un año después de que la existencia de dicho incumplimiento llegue a conocimiento del BCE o del Banco central nacional en cuya jurisdicción se haya producido la infracción y, en todo caso, tres años después de la fecha en que se haya adoptado la decisión de iniciar un procedimiento por infracción o, en caso de infracción continuada, tres años después de que la infracción haya cesado.

Con la redacción actual, el derecho de adoptar la decisión de iniciar un procedimiento por infracción prescribe de todos modos cinco años después de haberse producido la infracción. Esto puede provocar problemas, pues en determinados casos complejos pueden transcurrir años antes de que se conozca una infracción. El ponente recomienda reducir el periodo de cinco años a tres empezando a contar desde la fecha en que se adopta la decisión de iniciar un procedimiento por infracción, en vez de a partir de la fecha en la que se produce la infracción.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, el derecho de adoptar una decisión de imponer una sanción administrativa por infracciones de actos directamente aplicables del derecho de la Unión y de reglamentos y decisiones adoptados por el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión, prescribirá a los tres años de la fecha en la que se haya adoptado la decisión de iniciar un procedimiento por infracción o, si esta es de carácter continuado, a los tres años de cesar la infracción.

El BCE recomienda que el derecho a adoptar una decisión de imponer una sanción administrativa prescriba cinco años después de producirse la infracción. Esto puede provocar problemas, pues en determinados casos complejos pueden transcurrir años antes de que se conozca una infracción. El ponente recomienda reducir el periodo de cinco años a tres empezando a contar desde la fecha en que se adopta la decisión de iniciar un procedimiento por infracción, en vez de a partir de la fecha en la que se produce la infracción.

El plazo legal se interrumpirá por cualquier medida que adopte el BCE a efectos de investigar una infracción o tramitar el procedimiento sobre ella. Dicho plazo se interrumpirá con efectos a partir de la fecha en que la medida se notifique a la entidad supervisada de que se trate. Cada interrupción del plazo significará su reinicio. No obstante, el plazo no excederá los siete años siguientes a la fecha en la que se adopte la decisión de iniciar un procedimiento por infracción o, si esta es de carácter continuado, los siete años siguientes al cese de la infracción.

El BCE recomienda que el límite temporal no sea superior a un periodo de diez años a partir de que se produzca la infracción. Esto puede provocar problemas, pues en determinados casos complejos pueden transcurrir años antes de que se conozca una infracción. El ponente recomienda reducir el periodo de diez años a siete empezando a contar desde la fecha en que se adopta la decisión de iniciar un procedimiento por infracción, en vez de a partir de la fecha en la que se produce la infracción.

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