edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
24/11/2017

El BEI resalta la baja inversión pública en infraestructuras de la Unión Europea

El Gobierno alaba su consolidación fiscal pero España queda a la zaga en el gasto de capital europeo
Carlos Schwartz
De acuerdo con el análisis difundido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) sobre el gasto de capital en infraestructuras este se mantiene un 20% por debajo de las tasas anteriores a la crisis financiera internacional como porcentaje del producto interior bruto (PIB) desacelerando el proceso de convergencia económica. La inversión en infraestructuras parece haberse estabilizado en el 1,8% del PIB comparado con el 2,2% en 2009 con las infraestructuras de transporte como el segmento más afectado. La caída es mayor en las naciones con peores calidades en las infraestructuras lo que atenta directamente contra el proceso de convergencia europea. Las inversiones en infraestructuras han sido muy castigadas por la consolidación fiscal que se ha cebado en los gastos de capital dando prioridad al gasto corriente y a las transferencias sociales, señala el documento. “Algunos aspectos de la declinación de la inversión pública, incluidas las infraestructuras, pueden deberse a cambios estructurales en la economía. Sin embargo en muchos países la calidad de las infraestructuras existentes ha declinado junto con las inversiones, apuntando a necesidades significativas”, de acuerdo con el BEI. El estudio señala que la inversión corporativa en infraestructuras tampoco ha logrado recuperar los niveles previos a la crisis y afirma que las dificultades de acceso al crédito lastran esta actividad al igual que el endurecimiento de las condiciones para la concreción de los denominados Proyectos Público Privados (PPP) por las reticencias de las administraciones de involucrarse en esas experiencias que suponen el 6% de la inversión en infraestructuras en Europa.
Un aspecto significativo del documento es su corroboración de que el 50% de la inversión en infraestructuras en Europa se hace a través de administraciones subnacionales, entre las cuales los municipios tienen una importancia mucho más relevante que lo que se podría suponer a la vista de las cifras nacionales.

Esta semana el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, admitió la baja tasa de inversión pública de España al mismo tiempo que alababa como es tradicional entre los miembros del Gobierno la supuesta gesta para el control del déficit público. Un día después el Comisario de Economía de la Unión Europea (UE), Pierre Moscovici, se ocupó de señalar el buen cumplimiento de los objetivos de déficit de España. Ni Montoro ni Moscovici han dedicado una sola palabra al hecho que la deuda pública de España ha superado el 100% del PIB con el protocolo del déficit excesivo y que imputándole los ajustes por pasivos no incluidos y los pasivos en circulación el endeudamiento como expresión del PIB está cerca del 150%. Es lo que tiene una consolidación fiscal como la acometida por el Partido Popular.

El programa de reducción del déficit del Gobierno no sólo ha aparcado el gasto en infraestructuras y ha deteriorado el stock público de capital, sino también toda la inversión vital incluido el gasto social en general. Por añadidura su política de devaluación interna con el pretexto de mejorar la competitividad del país y la baja tasa de ocupación han deprimido los ingresos de la seguridad social cuyo déficit este año estaba en agosto en el 0,5% del PIB con una necesidad de financiación de 17.757 millones de euros en 2016 según la Intervención General de la Administración del Estado. Para lograr un equilibrio de las cuentas se aplica la regla de gasto derivada de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, que por supuesto el Gobierno incumple dónde los recortes supondrían un levantamiento popular, pero que utiliza sin que se le arrugue la ropa para machacar a las administraciones autonómicas y locales limitando su capacidad de inversión.

El ejemplo del ataque a los planes de inversión del Ayuntamiento de Madrid ha desnudado esta situación sin atenuantes al negarse a considerar la cancelación de deuda y la generación de excedentes por parte del Ayuntamiento como motivo suficiente para autorizar un incremento del gasto. El ataque a la inversión local sirve a los efectos de dar un mayor margen para el déficit en la administración central atenazada por el agujero de la Seguridad Social que la política económica del Gobierno ha convertido en un caballo desbocado.

El Banco de España ha señalado en su boletín económico nº 4 de este año que el gasto en inversión de las Administraciones Públicas como expresión del PIB entre 2009 y 2016 ha caído un 60% en los casos de España e Irlanda, en un 50% en el caso de Portugal, entre el 30% y el 35% en Italia y Grecia y entre un 10% y un 15% en Holanda y Francia mientras que Alemania, Austria y Bélgica lo aumentaron. “En el caso  de España, la contribución de la inversión pública al proceso reciente de consolidación de las finanzas públicas ha excedido su peso dentro del gasto. Si se toma como referencia el momento en el que se registró el máximo nivel de déficit público (2009) y se  calcula la diferencia con el nivel registrado en 2016, la caída acumulada de la inversión fue de 3,2 puntos porcentuales (pp) del PIB, mientras que la remuneración de asalariados públicos se redujo en 0,7 pp, las prestaciones sociales aumentaron 1,2 pp y el resto de gastos primarios (esto es, excluidos los pagos por intereses) perdieron 1,8 pp del PIB.

De esta manera, una partida presupuestaria que supone algo menos del 10% del gasto primario total fue responsable de cerca del 60 % de su ajuste total. Este porcentaje es muy superior al del 22 % que asumió en el proceso de consolidación fiscal posterior a la crisis de los años noventa”, afirma el boletín. Es decir que para el Banco de España el grueso del ajuste lo ha soportado la inversión pública, nada menos que un 60%. El BEI se ha centrado en el deterioro de las infraestructuras y en la falta de inversión en ellas, apuntando al mismo tiempo el papel de las administraciones locales en la preservación, mejora y ampliación de dichas infraestructuras, una política a la que el Gobierno del PP se opone frontalmente.

Según la encuesta del BEI para el módulo de inversión local los gobiernos municipales que han declarado un incremento de su inversión es un 36% superior a los que han reflejado una reducción. “Esto podría sugerir que en las áreas eminentemente urbanas cubiertas por este módulo han resultado menos afectadas por la declinación en las inversiones en infraestructuras que otras. No obstante los municipios de los países y regiones en los que se han registrado las mayores caídas necesariamente han reflejado esta situación”, señala el informe del BEI. “No obstante los ayuntamientos informan acerca de una brecha significativa con un 34% afirmando en los últimos cinco años que las inversiones han estado por debajo de las necesidades, mientras que el 1% ha informado un exceso de inversión.

El transporte urbano, las infraestructuras de Internet y Telecomunicaciones, y la vivienda social, son los sectores mencionados más habitualmente como carentes de los recursos necesarios aunque con grandes variaciones entre países. Los municipios que informan sobre un déficit de infraestructuras también tienden a indicar que estas están desactualizadas. También hay evidencia de que la debilidad de las infraestructuras atenta contra la inversión empresarial”, de acuerdo con el informe del BEI.

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