edición: 2596 , Jueves, 15 noviembre 2018
11/04/2011
Gobierno Corporativo

El buen gobierno de las empresas, en el punto de mira de Bruselas

Beatriz Lorenzo

En el escenario económico postcrisis, caracterizado por la desconfianza y la búsqueda de nuevas estructuras, prolifera la necesidad de buscar respuestas y abogar por la transparencia. Un pasado cuajado de medidas de infravaloración del riesgo y persecución a toda costa del “cash” les pasa ahora factura a las empresas, que ven oscilar sobre sus respectivas marcas el gran interrogante que la sociedad se plantea acerca de las vías que las compañías van a seguir para subsanar sus errores y afianzar nuevo clima empresarial más transparente, más dialogante, realmente sostenible en el tiempo.En cierto modo, la importancia de un gobierno corporativo concienciado, coherente, honesto y responsable ha quedado patente a raíz de que las grandes compañías se viesen obligadas a poner sus barbas a remojo tras turbulentos escándalos como los padecidos por gigantes.

Tal es el caso de las caídas protagonizadas por colosos como Worldcom, Parmalat o Enron, provocados nada menos que por un cúmulo de malas prácticas y una gestión impasible, despreocupada hacia las necesidades de los stakeholders y voraz en todo lo relacionado con la búsqueda del beneficio a corto plazo. Desde entonces, ha quedado meridianamente claro que es imprescindible controlar y supervisar las actividades de la compañía para equilibrar los intereses externos e internos creando valor a largo plazo. Tanto para las grandes multinacionales como para las empresas medianas y pequeñas, se hace necesario un buen gobierno que reduzca los conflictos, fomente la transparencia y regule los mecanismos de control interno.

BUEN GOBIERNO

En un clima cada vez más crítico con los modelos de gobierno corporativo, la Comisión Europea ha iniciado este mes una consulta pública acerca de los modos de mejorar el gobierno corporativo de las empresas, ahondando en temas como la gestión de la diversidad en los consejos de administración, el cumplimiento de los códigos de buen gobierno y aspectos relacionados con la gestión de riesgo y la remuneración de los consejeros. Además, también se plantea si las empresas que no cumplen con las recomendaciones nacionales sobre gobierno corporativo deben explicar por que no se ajustan a las mismas.

Durante los últimos meses, Bruselas ha manifestado en varias ocasiones su afán de mejorar la gestión de las compañías en materias como diversidad e igualdad de género en los consejos de administración, así como moderar el sueldo de los directivos. Según datos de Bruselas, sólo la mitad de las compañías cotizadas europeas cuenta de mujeres en su consejo de administración, pese a que los estudios muestran que su presencia mejora los resultados de las empresas.Si no se adoptan medidas harán falta 50 años para lograr un equilibrio de género en estos órganos de gobierno.El Ejecutivo comunitario también quiere fomentar la responsabilidad de los accionistas en la toma de decisiones de la UE. Además, la Comisión baraja la posibilidad de establecer normas legalmente vinculantes en todos estos asuntos, en contraposición a los códigos voluntarios en vigor de la mayoría de los países, basados en el principio anglosajón de "comply or explain" (cumplir con las recomendaciones o justificar por qué no se han cumplido).

De entre los temas más candentes relacionados con el buen gobierno, la transparencia corporativa sigue liderando la lista de preocupaciones de empresas y stakeholders. De hecho, son cada vez más las compañías que se ven en la necesidad de pulir sus informes de gobierno corporativo, segando la información exagerada o “buenista” y ganando en precisión a la hora de responder a cuestiones sobre supervisión y control.

SOSTENIBILIDAD

 En este sentido, el Foro de Yale celebrado hace pocos meses ahondó en un interesante debate acerca de los puntos de conexión entre gobierno corporativo y RSC concluyendo que el buen gobierno se basa en principios lógicos como la equidad, la honestidad y la justicia, tanto para con los grupos de interés como para la sociedad en general, según establecen los estándares de Basilea II y los principios que podemos encontrar en la regulación internacional. El tratamiento equitativo de los accionistas y la presencia de los grupos de interés social en el gobierno de las sociedades son asimismo requisitos indiscutibles de la buena gestión corporativa. Además, el diálogo y la honestidad empresarial son dos instrumentos básicos del gobierno corporativo pluralista, en el que las distintas partes implicadas son consideradas de manera equilibrada y donde los intereses de unos pocos no prevalecen sobre los intereses de los demás.

De hecho, los principios inherentes a la RSC están calando con fuerza en Bruselas donde se baraja incluso una ley paneuropea de responsabilidad social, lo que daría lugar a una iniciativa sin precedentes. A través de la Comunicación de la Comisión del Consejo, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones del Parlamento Europeo, llamada “Hacia una única Ley del Mercado en la Zona, Para una economía social de mercado altamente competitiva. 50 propuestas para mejorar nuestro empleo, nuestros negocios y nuestro comercio”, se dan a conocer una serie de recomendaciones entre las que destaca la de realizar un Libro Verde sobre transparencia de la información Ambiental, Social y de Derechos Humanos, lo que, según el texto, “podría dar lugar a iniciativas legislativas”.

Finalmente en su afán por abogar por el desarrollo sostenible de una forma global la Comisión Europea ha anunciado el desarrollo de nuevos indicadores para evaluar los avances de los Estados miembros en pro de una “economía más verde”. Son tres los nuevos indicadores que pretenden ponerse en marcha; para medir la ecoeficiencia, la productividad de los recursos –que calibra el grado de uso o abuso de los recursos naturales-y para medir los impactos ambientales y el modo en que se gestionan los residuos. Se trata de ampliar el concepto de desarrollo sostenible tanto en el ámbito público como privado, estableciendo así un sistema de “gobernanza verde” global

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