edición: 2284 , Viernes, 18 agosto 2017
19/05/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El CES considera que el anteproyecto de Ley que regulará el arbitraje de consumo crea inseguridad jurídica

Javier Ardalán
El Consejo Económico y Social (CES) estima en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo que la futura norma plantea dudas sobre el encaje de los servicios financieros en su ámbito de aplicación, y sobre su necesaria coherencia con la normativa comunitaria y estatal específica del sector, generando inseguridad jurídica al remitir su regulación a una futura norma y al mismo tiempo establecer que el sector debe acomodarse transitoriamente a las previsiones del Anteproyecto en tanto se apruebe aquella. Entiende que es importante garantizar la igualdad en el acceso de los consumidores y usuarios a este tipo de procedimientos
Así como también la homogeneidad de sus requisitos mínimos de acceso y calidad, que es necesario potenciar, independientemente del territorio de residencia o del lugar de la transacción. Desde este punto de vista, el Anteproyecto suscita algunas dudas en lo que se refiere a su ámbito de aplicación.

A este respecto, este organismo considera el límite máximo aceptable para iniciar un procedimiento, fijado en 3.000 euros, se encuentra muy por debajo del vigente en estos momentos en la regulación del sistema arbitral de consumo. Cabe recordar, a este respecto, que la Directiva establece que la fijación de límites no deberá ir en menoscabo del acceso de los consumidores a sus procedimientos de resolución alternativa de conflictos.

Dice el informe del CES que se considera que el carácter potestativo de la inadmisión en los supuestos a que se refiere (intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito) puede introducir un factor de incertidumbre para las partes del conflicto, por lo que debería buscarse una redacción que proporcionara más certeza en estos supuestos.

Con carácter general, el CES valora positivamente la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, que aborda el Anteproyecto, entendiendo que puede contribuir efectivamente a facilitar el acceso de los consumidores a este tipo de entidades de resolución alternativa de conflictos de consumo, especialmente en un ámbito que, como el de las transacciones virtuales y transfronterizas, requiere incrementar las garantías para la mejora de la confianza de los consumidores que revierta en mayores niveles de competencia.

En opinión del CES, resulta particularmente importante la armonización de los requisitos de calidad para las entidades notificadas en el ámbito de la UE, constituyendo un avance en la protección de los consumidores y las garantías del buen funcionamiento del mercado, que hará las ventajas del mercado único más tangibles para los ciudadanos. No obstante, considera que en algunos aspectos la transposición puede dar lugar a inseguridad jurídica.

Los dos principales principios sobre los que pivota la Ley son el carácter no vinculante para el consumidor de los acuerdos de sometimiento previos al surgimiento del conflicto y el principio de legalidad.

El primero ya había sido incorporado en el apartado 4 del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en la modificación efectuada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, ampliando al Sistema Arbitral de Consumo la no validez del compromiso arbitral del consumidor, previo a la disputa, que hasta entonces se consideraba válido y vinculante.

El segundo principio aplicable a este tipo de procedimientos, es el de legalidad, por el cual se determina la aplicación en la decisión del conflicto del derecho imperativo del Estado miembro donde tenga su residencia el consumidor, exista o no, conflicto de Leyes.

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