edición: 2366 , Lunes, 18 diciembre 2017
01/06/2011

El CES critica que el anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro se olvida, entre otras muchas cosas, de la contratación telemática

Javier Ardalán
Si hace tan sólo unas semanas el Consejo Económico y Social consideraba que no era el momento más oportuno para modificar la Ley de Supervisión de los Seguros, dada la gran batería de normas que actualmente elabora la Unidad Europea sobre la  materia y que deberían tenerse en cuenta en el marco legislativo español, ahora critica carencias importantes en el anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro.

Esta ley constituye con la de Supervisión el eje de la regulación del sector asegurador, pero el CES denuncia en su informe que echa de menos una regulación en profundidad, no meras remisiones, a la contratación telemática de seguros, lo cual hubiese sido positivo desde el punto de vista de otorgar mayores garantías a tomadores, asegurados y beneficiarios.

Determina que debería contemplarse la competencia de supervisión de la Administración Pública sobre las cláusulas que sean calificadas como abusivas, a fin de extender la nulidad de las mismas a todas aquellas pólizas que contengan las mismas cláusulas en sus condiciones generales de contratación.

También, defiende que el anteproyecto debería haber  desarrollado reglas sobre la contratación y la realización de otras operaciones vinculadas al contrato de seguro. Todo ello con independencia de si el contrato se ha celebrado de forma presencial o a distancia, siempre y cuando se cumplan las garantías de accesibilidad, de reclamar y de prueba para los consumidores y usuarios, en función de la naturaleza específica de este tipo de contratos.

Además, dictamina que  se ha dejado pasar la oportunidad para introducir en la norma algún apartado destinado a definir los conceptos básicos del contrato de seguro, pudiendo por ejemplo haberse seguido el método de comenzar fijando definiciones inequívocas de vocablos y conceptos, al objeto de mejorar la técnica jurídica y otorgar mayor seguridad jurídica al marco regulado por esta Ley.

El informe del Pleno del CES reclama que los convenios colectivos y los acuerdos de empresa deberían tener un papel regulador sobre las empresas asumidas por las empresas, siempre manteniendo la cautela de que los últimos responsables sean las empresas y no las compañías aseguradoras.

Y en el campo laboral echa de menos la referencia a un Reglamento de Prestaciones que regule la relación aseguradora entre una Mutualidad de Previsión Social y el Mutualista.

Una de las críticas más ácidas se centra en la imposibilidad que incluye el anteproyecto de que las personas con discapacidad física puedan contratar pólizas de seguros de vida. El informe concluye que no se debería impedir contratar un seguro de muerte a estas personas que puedan tener plena conciencia de sus actos, y necesitarlo para los familiares que pudieran depender de ellos.

Recomienda como más conveniente limitar la nulidad de cláusulas contractuales sólo a aquéllas cuyo objeto sea la cobertura de sanciones penales o administrativas por hechos declarados dolosos, permitiendo, por tanto, aquellas cláusulas que tengan por objeto la cobertura a sanciones derivadas de hechos negligentes.

Asimismo, el CES entiende que, en caso de cláusulas que lleven aparejada la nulidad por tener como objeto la cobertura de sanciones por hechos dolosos, debería preverse el reintegro de la prima vinculada a esta cobertura, evitando así un enriquecimiento indebido por parte de la aseguradora.

Por razones de seguridad jurídica, aconseja que en el caso de modificación sustancial de las condiciones de la póliza, la obligación del asegurador de entregar al asegurado una nueva póliza que recoja las condiciones vigentes y deje sin efecto las precedentes debería referirse a la entrega de la póliza actualizada o modificada, sin que ello suponga la emisión de una nueva póliza, ya que no se trata de un nuevo contrato, sino del mismo contrato inicial modificado por las nuevas circunstancias.

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