edición: 2307 , Miércoles, 20 septiembre 2017
27/04/2011
LA OREJA DE LARRAZ

El CES denuncia contradicciones en la ley de reforma de las pensiones con el Estatuto de los Trabajadores

Javier Ardalán
El Consejo Económico y Social (CES) denuncia en su dictamen sobre la ley de reforma de las pensiones que al abordar las jubilaciones anticipadas entra en diversas ocasiones en contradicción con el Estatuto de los Trabajadores y, en otros casos, no aclara suficientemente las causas por las que se puede acceder anticipadamente a la jubilación. Y cita específicamente el caso de los agricultores  y los trabajadores autónomos. Destaca también las dificultades de la aplicación del anteproyecto de Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social a los trabajadores para los que pueden resultar especialmente gravosas las nuevas condiciones de acceso a la jubilación.

Y en este aspecto, destaca el requisito de edad, ya que, por las condiciones en que se realizan sus trabajos, entre otros sectores, en la agricultura y la ganadería, sufren durante su vida laboral un mayor desgaste físico, que no siempre puede resolverse mediante el cambio en las condiciones de trabajo.

Además, sobre la aplicación paulatina de la edad de jubilación, el CES considera que debe clarificarse aún más lo relativo a las lagunas de cotización. Y en las que afectan al cálculo de la base reguladora, el dictamen señala que el Anteproyecto incorpora limitaciones que no están en el Acuerdo, por lo que pide que se amplíe el acceso a las fórmulas alternativas de cálculo.

No obstante, el CES valora favorablemente el anteproyecto, en la medida en que traslada de forma adecuada al ordenamiento laboral y de Seguridad Social buena parte de las medidas del Acuerdo para la reforma y fortalecimiento del sistema público de pensiones, pieza sustancial del Acuerdo Social y Económico suscrito a comienzos de 2011 por el Gobierno y las confederaciones empresariales (CEOE y Cepyme) y sindicales (CCOO  y UGT).

Sin embargo, critica también que los complementos de las pensiones mínimas, tal como aparecen en el anteproyecto, pueden incluso dar lugar a que una pensión con complementos a mínimos no llegue siquiera a la pensión mínima establecida en la ley.

Otra crítica importante es que el contenido del anteproyecto, no responde únicamente a los principios y medidas recogidas por el Acuerdo Social y Económico, sino que también incorpora previsiones que no proceden del mismo. En ocasiones, se quejan los consejeros en el informe,  es posible identificar su origen en las Recomendaciones contenidas en el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo recientemente aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, si bien se han incorporado sólo algunas y de manera parcial, sin que aparezca suficientemente justificada la razón y la oportunidad de la introducción de dichas medidas y no otras.

Cuenta que desde las  recomendaciones iniciales del Pacto de Toledo se viene destacando el objetivo de que se avance en el proceso de simplificación del sistema de Seguridad Social, en orden a la existencia de dos grandes regímenes en los que queden encuadrados, respectivamente, los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia, por ello, considera que es necesario seguir avanzando hacia la integración de los diferentes regímenes especiales para que converjan, de modo gradual y paulatino, hacia esos dos grandes regímenes.

Esta técnica induce a confusión y puede dar lugar a un tratamiento desequilibrado por el Anteproyecto de medidas que en las Recomendaciones del Pacto de Toledo van vinculadas a la paralela adopción de otras que, en cambio, no se tienen en cuenta. Este tipo de incorporaciones no procedentes del Acuerdo han suscitado al CES diversas observaciones al articulado.

El CES también hace constar en el texto aprobado por el Pleno que el Anteproyecto debería ver otras variables en la sostenibilidad del sistema que no fuera casi exclusivamente la esperanza de vida y considerara el empleo, la situación económica o la participación laboral.

No menos importantes, son los dos votos particulares que se han incluido en el informe, Luis Burgos (CIG) e Iñaki Zabaleta (ELA), en los que destacan que más del 70% de la población rechaza la reforma a pesar de que se ha orquestado inmediatamente una campaña de propaganda e imagen que poco informa sobre lo que realmente se aprueba.

Consideran que el acuerdo sobre las pensiones firmado por las centrales sindicales CCOO, UGT y CEOE, supuso la aceptación de la propuesta del Gobierno, con pequeñas matizaciones y que en materias como el paso a 25 años o el Factor de Estabilidad, el Gobierno ha ido más allá de lo inicialmente previsto.

Sobre la Memoria económica señalan que el ahorro que va a suponer la reforma es prácticamente el mismo que el Gobierno anunciaba hace un año. El recorte del gasto que supone la reforma “es enorme”, apunta el informe. En concreto, señala el informe, en 2050 se estima un “ahorro” del 3,5% del PIB (el equivalente a 37.000 millones de 2010, casi el 40% del gasto total en pensiones de dicho ejercicio). Además, explican que las principales vías de reducción del gasto son: el retraso de la edad de jubilación a 67 años (la mayor parte de la población va a estar obligada a jubilarse a esta edad), y los futuros recortes acordados bajo el nombre de Factor de Sostenibilidad. Cada una de estas medidas supone un ahorro del 1 % del PIB.

Finalmente muestran su convencimiento de que la reforma perjudica especialmente a los colectivos más precarios y como ejemplo, señala que la Memoria Económica que acompaña a su texto evidencia que las mujeres van a salir muy mal paradas, ya que tienen periodos de cotización más cortos y más lagunas en la misma.

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