edición: 2940 , Viernes, 3 abril 2020
29/02/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El CES desconfía del nuevo Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas

Xavier Gil Pecharromán
El Consejo Económico y Social descarta que el parece que el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) pueda ser el instrumento más adecuado para propiciar el necesario impulso fiscal en los territorios donde la crisis económica y social es más profunda y que son, además, los que cuentan con menos margen presupuestario para apoyar, desde sus sectores públicos respectivos, los proyectos de inversión necesarios para fomentar el desarrollo sostenible de sus economías, máxime teniendo en cuenta los problemas de financiación por los que atraviesan sus agentes productivos más ligados al territorio y con mayor capacidad para generar empleo.
El FEIE que, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), pretende respaldar financieramente (mediante préstamos, capital y garantías) inversiones realizadas en la Unión o realizadas por entidades radicadas en la Unión con incidencia en el ámbito de aplicación de la Política Europea de Vecindad.
 
El Fondo cuenta con una garantía europea inicial de 21.000 millones de euros con cargo al presupuesto de la Unión Europea (8.000 millones de euros consignados en el presupuesto de la Unión Europea en apoyo de una garantía de 16 000 millones de euros) y de las reservas del BEI (5.000 millones), que permitirá a este último conceder préstamos por valor de 61.000 millones de euros utilizando su modelo de negocio normal.
 
Con este capital financiero inicial se pretende alentar la participación de inversores públicos y privados y multiplicar por cinco la inversión en tres años, estimándose al final un total de 315.000 millones de euros.
 
Así, concluye el CES en su Informe ‘Análisis de la gobernanza económica de la Unión Europea’, en el que se afirma también, que el despliegue generalizado de políticas fiscales contractivas desde 2010 está dificultando la recuperación económica a corto plazo, poniendo en entredicho el crecimiento futuro de la Unión Europea debido a la caída, también generalizada, de la inversión pública.
 
La crisis económica en la Eurozona se está mostrando difícil de superar debido tanto a las deficiencias de diseño de la Unión Monetaria, que han conllevado enormes desequilibrios entre los Estados miembros y la desaparición de las herramientas estabilizadoras nacionales, como a la orientación de la política económica, que sigue teniendo como uno de sus ejes principales la consolidación fiscal, a pesar de la enorme debilidad que sigue mostrando la demanda agregada, que no es capaz de recuperarse ni siquiera tras la aplicación de políticas decididas de expansión monetaria.
 
Por esta razón, considera que la Comunidad Europea debiera transitar hacia un planteamiento menos restrictivo de la política fiscal que, sin cuestionar la necesaria consolidación fiscal, propicie un incremento sustancial de la inversión pública, tanto en el nivel de la Eurozona como en el nacional, particularmente en los Estados más endeudados.
 
Existe un consenso amplio en considerar que mantener un saldo público equilibrado de las cuentas públicas a lo largo del ciclo y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo, objetivo primordial de las reformas del marco de estabilidad presupuestaria adoptadas en los últimos años, es fundamental para mantener la credibilidad de los sectores públicos ante los mercados financieros, pero no debe articularse de manera que impida el despliegue de políticas de impulso fiscal que estimulen el crecimiento, sobre todo en los países más golpeados por la crisis.
 
Señala el CES, que parece contrastado que el empeño en reducir los déficit públicos en este contexto económico ha conducido, por efecto de los multiplicadores fiscales4, a un debilitamiento mucho mayor de lo esperado de la demanda agregada con lo que, además de frenar el aumento de la producción y el empleo, ha conducido a que la ratio de deuda pública sobre el PIB, lejos de reducirse, haya aumentado significativamente durante la crisis.
 
En particular, y más allá de las aportaciones que se realicen al nuevo FEIE, entiende que se debería permitir una mayor holgura en el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal a los Estados que continúan en la vertiente correctiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), para que puedan impulsar, desde sus sectores públicos respectivos, inversiones estratégicas que impulsen el crecimiento y el empleo en sus territorios.
 
En este terreno, el CES considera que la reciente creación del FEIE como respuesta a la crisis de demanda e inversión en la Unión Europea, siendo positivo, llega tarde y resulta claramente insuficiente para propiciar el impulso fiscal que necesita Europa, dada la parquedad de recursos públicos movilizados.
 
El desarrollo de las inversiones estratégicas que contempla esta iniciativa dependerá, por lo tanto, de que se logre movilizar capital privado a gran escala, lo que convierte al criterio de rentabilidad privada en el principal argumento para la selección de proyectos, quedando relegadas las consideraciones de rentabilidad colectiva, ya sean de índole social, medioambiental o de cohesión territorial.
 
Sólo se permite la desviación temporal de la senda de ajuste fiscal como consecuencia de la realización de inversiones públicas en el marco de proyectos cofinanciados por la Unión Europea y, en el caso de reformas estructurales, como la reforma del sistema de pensiones, cuando sean de envergadura, tengan un impacto positivo a largo plazo sobre las finanzas públicas y se desarrollen completamente.
 
Pero es que además, sólo se podrán beneficiar de estas cláusulas relativamente más permisivas los Estados que se encuentren en la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, que no son aplicables a aquellos que tengan un déficit superior el 3,0 por 100 del PIB, que son precisamente los que más necesitan estimular su economía dada su posición cíclica.
 
La única cláusula de flexibilidad introducida en el PEC aplicable a todos los Estados con independencia de la magnitud de sus desequilibrios fiscales se refiere a las aportaciones que los Estados realicen al Fondo Europeo FEIE.
 
La ausencia de asignaciones sectoriales y territoriales previas plantea un elevado riesgo de que la iniciativa beneficie fundamentalmente a las grandes empresas transnacionales (europeas o no) con mayor capacidad de financiación en los mercados, y que se concentren las inversiones en los territorios de la Unión Europea más desarrollados y con sectores públicos económicamente más fuertes, lo que no contribuye a la necesaria convergencia estructural en la Unión Europea, correlato necesario de una Europa que se piensa federal.
 
Finalmente, considera el CES, el hecho de que la vigencia del Fondo sea, en principio, de tan solo tres años, suscita una preocupación de mayor alcance en relación con la falta de herramientas consolidadas en la Unión Europea que, con visión de largo plazo, puedan hacer frente de manera automática a futuras crisis de demanda e inversión como la actual.

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