edición: 2350 , Jueves, 23 noviembre 2017
05/11/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El CES Europeo aboga por la especialización de servicios de policía e inspección operativos

Javier Ardalán

El CESE recomienda a la Comisión Europea que su plan de acción sobre la Justicia aborde una serie de cuestiones que podrían contribuir a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.

Un ejmplo puede ser la designación en los Estados miembros de jueces especializados en Derecho europeo, para ofrecer a los ciudadanos una mayor seguridad jurídica en los recursos relativos a la legislación europea.

En un reciente dictamen sobre la agenda de Justicia de la UE para 2020, que persigue reforzar la confianza, la movilidad y el crecimiento en la Unión Europea, invita, en coherencia con el objetivo establecido por el programa de Estocolmo de refuerzo de los derechos de la defensa, que los abogados, como primeros puntos de acceso al Derecho, se beneficien de los programas sobre cursos de Derecho comunitario, que en la actualidad se realizan para jueces y fiscales.

Aboga también por la creación de servicios europeos de policía e inspección operativos, a fin de luchar eficazmente contra la delincuencia y el fraude con aspectos transfronterizos y asegura que convendría estudiar si deberían establecerse, en materia penal, normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones aplicables a las formas de delincuencia especialmente graves con una dimensión transfronteriza, como el terrorismo, el tráfico de seres humanos, la explotación sexual, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de moneda, la delincuencia informática y la delincuencia organizada.

En cuanto a los comportamientos para los cuales existan, entre los Estados miembros, diferencias en materia penal suficientemente grandes para poner en peligro los derechos humanos y la seguridad jurídica, habrá de examinarse en qué medida se necesita armonizar el Derecho Penal. podría contemplarse la obligación de interponer recursos colectivos (‘class actions’),  que contribuirían a mejorar el acceso a la justicia para los ciudadanos de la UE.

Por el contrario, el CESE considera que la Comisión Europea es más bien vaga y no llega al fondo de la cuestión a la hora de adoptar las medidas necesarias en los próximos cinco años para reforzar la confianza mutua entre los sistemas de Justicia de los Estados miembros. Por ello, en un reciente informe, considera  que es preciso impulsar y apoyar en mayor medida la colaboración, que en el pasado se lograba mediante la celebración de acuerdos de cooperación, estableciendo, en particular, instrumentos judiciales que les sucedan.

El CESE destaca que el crecimiento económico no debe considerarse en sí como un objetivo de la política en el ámbito de la Justicia y explica que hay  que evitar que, en la política futura de la UE sobre la justicia, siempre se dé prioridad a las iniciativas que solo tienen como finalidad facilitar los intercambios, o que solo pueden interpretarse a la luz de este fin. Si ello es así, existe el riesgo de que no se atiendan otros aspectos que están igualmente, o incluso más, vinculados a la realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia, como la protección de los derechos fundamentales.

No obstante, considera que una Justicia eficaz en los Estados miembros de la Unión Europea puede tener efectos positivos en el crecimiento económico sostenible, en particular, porque los conflictos de carácter civil podrán tramitarse con mayor rapidez y eficacia, se reforzará la seguridad jurídica y, en materia penal, se gestionarán eficazmente los fenómenos como el blanqueo de dinero y el crimen organizado, todos ellos perjudiciales para la economía formal.

Critica también el objetico de Bruselas para que la Justicia apoye la movilidad dentro de la UE, lo que debe consistir sobre todo en garantizar el acceso a una Justicia eficaz para cualquier ciudadano que ejerza su derecho a la libre circulación. En caso contrario, se rebasaría el simple marco de la justicia y podría tratarse un abanico de temas muy amplio para los ciudadanos que ejerzan su derecho a la libre circulación, como la reducción de los trámites burocráticos, el régimen de divorcio y de sucesión, las normas que rigen las transferencias de pensiones, la reglamentación sobre una inspección europea de vehículos, etc.

Entre las competencias en materia penal figura, en primer lugar, la relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, mediante la adopción de medidas y la definición de requisitos mínimos aplicables a los procedimientos penales.  Esta competencia incluye, por ejemplo, el establecimiento de disposiciones mínimas sobre los derechos de las personas en los procesos penales y los derechos de las víctimas de la delincuencia, así como la adopción de medidas para prevenir y resolver los conflictos de jurisdicción.

En segundo lugar, las competencias en materia penal incluyen la adopción de normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones aplicables a las formas de delincuencia especialmente graves con una dimensión transfronteriza, como el terrorismo, el tráfico de seres humanos, la explotación sexual, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de moneda, la delincuencia informática y la delincuencia organizada.

En tercer lugar, podrán tomarse medidas para fomentar la prevención de la delincuencia. En cuarto lugar, las competencias en materia penal incluyen consolidar y desarrollar la coordinación y la colaboración entre las autoridades nacionales encargadas de las investigaciones y de las actuaciones judiciales. Y en quinto lugar, la Unión es competente, en materia penal, para establecer una Fiscalía europea, a fin de luchar contra los delitos que perjudican sus intereses financieros.

Finalmente, en virtud de las competencias de la UE en materia civil, puede adoptar las medidas necesarias para facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales entre los Estados miembros y su ejecución; facilitar la notificación y el traslado transfronterizos de resoluciones; determinar las normas sobre la atribución de competencias jurisdiccionales y la designación del Derecho aplicable (Derecho internacional privado); garantizar la cooperación en la obtención de pruebas y el acceso efectivo a la justicia; eliminar los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles; compatibilizar las normas aplicables en materia de conflictos de leyes y de jurisdicción, y desarrollar métodos alternativos para la resolución de litigios.

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