edición: 2287 , Miércoles, 23 agosto 2017
24/07/2013

El CES Europeo lamenta que las reformas que simplifican los trámites de desplazamiento llegan 20 años tarde

Javier Ardalán
El Consejo Económico Social Europeo (CESE) lamenta que las reformas que simplifican la aceptación  de determinados documentos públicos, para facilitar a los ciudadanos y las empresas el ejercicio de su derecho a la libre circulación dentro de la UE, lleguen veinte años más tarde que la proclamación de la ciudadanía de la UE y 42 años después del Convenio de La Haya.

Esta propuesta es coherente con el Informe sobre la Ciudadanía de la UE en la medida en que introduce medidas que facilitarán que los ciudadanos de la Unión puedan disfrutar en sustancia de los derechos que les confiere su estatuto de ciudadanos de la UE.

De hecho, considera que la UE no ha avanzado a la par con el progreso tecnológico, lo que podría haber impulsado la reducción o eliminación de las cargas que soportan los ciudadanos y las empresas para ejercer su derecho a la libre circulación. El CESE destaca que el Sistema de Información del Mercado Interior es un instrumento importante al que se debe recurrir de manera más enérgica para permitir a los ciudadanos de la UE el ejercicio de sus derechos fundamentales.

El CESE resalta que, por lo que respecta a los documentos de carácter público, los futuros ejercicios de simplificación deberán dirigirse a importantes documentos públicos como los relacionados con la movilidad de los trabajadores dentro de la UE (algo fundamental para el desarrollo de las empresas y el comercio transfronterizos) o de las personas con discapacidades, siempre que estos documentos públicos no recaigan en el ámbito de acción de otras Directivas de la UE. Entre estos documentos cabría mencionar, por ejemplo, los certificados de acreditación académica nacional y los documentos públicos relativos a la seguridad social.

La normativa se basa en el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013, que presenta doce nuevas acciones en seis ámbitos distintos con el ánimo de seguir eliminando los obstáculos que impiden que los ciudadanos disfruten de sus derechos en la UE, incluido el derecho a circular libremente dentro de las fronteras de la Unión. Estos ámbitos son: suprimir los obstáculos para los trabajadores, los estudiantes y los trabajadores en prácticas en la UE a fin de facilitar el buen funcionamiento del mercado laboral de la UE, lo que les permitiría beneficiarse de oportunidades de trabajo en otros Estados y, de esa manera, contribuir a la economía de la Unión; reducir la burocracia en los Estados miembros por lo que respecta a la libre circulación, habida cuenta de que los ciudadanos que hacen uso de su derecho a la libre circulación se encuentran con problemas debidos, a menudo, a procedimientos administrativos largos y confusos.

Se propone también, proteger a los más vulnerables de la UE, ya que de las consultas se desprende que las personas con discapacidades afrontan dificultades al viajar por la UE; eliminar los obstáculos que encuentran los ciudadanos de la UE por lo que respecta al comercio electrónico, que ha crecido considerablemente y aún les genera problemas a la hora de hacer compras en línea; y proporcionar información específica y accesible a unos ciudadanos plenamente conscientes y conocedores de sus derechos en la UE.

El Comité se muestra de acuerdo en que los impresos estándar multilingües de la Unión relativos al nacimiento, la defunción, el matrimonio, la unión registrada y la personalidad jurídica y la representación de una sociedad o empresa deberán estar a disposición de los ciudadanos y de las sociedades o empresas como alternativa a los documentos públicos nacionales, con la fecha de expedición y la firma y sello de la autoridad expedidora.

El CESE también coincide en que la Comisión deberá elaborar directrices detalladas para la utilización de estos impresos estándar y desarrollar sus versiones electrónicas, así como que los impresos deberán tener el mismo valor probatorio formal que los documentos públicos equivalentes, y deberán ser aceptados por las autoridades de los Estados miembros sin necesidad de trámites.

Los  actuales requisitos que exigen la presentación de una apostilla siguen los procedimientos internacionales y, por lo tanto, no reflejan la evolución de la UE como mercado único. Hay cerca de 12,5 millones de ciudadanos de la UE residiendo en otro Estado miembro distinto del suyo, y más de 380 000 microempresas y pyme de la UE con prácticas de subcontratación transfronteriza en otros Estados miembros que se enfrentan continuamente con papeleo y trámites burocráticos innecesarios a la hora de desplazarse de un Estado miembro a otro, o de ejercer actividades comerciales transfronterizas. Se trata de una situación que no refleja la Unión Europea sin fronteras.

Así pues, el CESE coincide con el objetivo de la propuesta de la Comisión Europea de eximir a los documentos públicos de los requisitos jurídicos y administrativos en vigor en los Estados miembros. Considera que estamos ante la primera fase de un programa continuo para la simplificación de los documentos públicos.

Muestra su acuerdo en la necesidad de introducir disposiciones para garantizar el nivel necesario de comprobación en caso de duda razonable. Admite que se darán casos que harán imprescindible la coordinación administrativa entre los Estados miembros para garantizar la autenticidad de un documento público o de su copia certificada.

El informe apoya enérgicamente el principio de que tanto el ciudadano como la empresa deben gozar del máximo grado de seguridad en cuanto a la medida en que los documentos públicos quedan exentos de todas las formas de legalización o trámite similar. Esta seguridad considera que permitirá al ciudadano o a la empresa planificar de antemano sus actividades y, de ese modo, asegurarse de que obtienen verdaderamente las ventajas y beneficios, tangibles e intangibles, que se recogen en la evaluación de impacto de la Comisión Europea

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