edición: 2515 , Lunes, 23 julio 2018
17/11/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El CES Europeo pide a Bruselas que elabore sin demora una estrategia quinquenal de lucha contra la corrupción

Javier Ardalán
Bruselas debe elaborar sin demora una estrategia quinquenal de lucha contra la corrupción, coherente y global, así como el subsiguiente plan de acción, refrendados por los presidentes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
Así lo demanda el Consejo Económico y Social (CESE) en su último informe sobre La Corrupción, que demás, estima que en sus programas y en la cooperación interinstitucional, las presidencias de la UE y las instituciones de la UE deben comprometerse para alcanzar objetivos claros de lucha contra la corrupción.

Les aconseja que deberían tener una agenda de progreso y centrarse en cuestiones transversales de lucha contra la corrupción en la UE y en las relaciones exteriores de la UE, en incrementar el apoyo a los Estados miembros y mejorar la cooperación transnacional, en el refuerzo de la integridad de las instituciones y en la protección de los intereses financieros de la UE.

También les dice que el fomento de la transparencia y la lucha contra la corrupción deberían ser objetivos centrales de todas las políticas de la UE. La estrategia debería tener en cuenta las recomendaciones que figuran en este dictamen.

El CESE observa con malestar la generalización del fraude y la corrupción en los Estados miembros de la UE. Además, el compromiso político de los gobiernos y de las autoridades locales es demasiado endeble para luchar eficazmente contra la corrupción, siendo además insuficiente la aplicación y ejecución de los instrumentos internacionales, europeos y nacionales existentes.

Considera el informe que los ciudadanos y los agentes sociales y económicos tienen derecho, con independencia del lugar donde residan en Europa, a vivir en una sociedad regulada de forma transparente y equitativa, y basada en el Estado de Derecho.
La crisis financiera y la crisis del euro han suscitado entre los ciudadanos críticas cada vez mayores sobre la flagrante corrupción existente y han dado lugar a una pérdida gradual de confianza por parte de los ciudadanos en la gobernanza democrática a escala de la UE, y, por tanto, han fomentado la propagación del euroescepticismo.

La corrupción se define comúnmente cualquier abuso de poder para obtener ganancias privadas, tomando como inspiración la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El presente Dictamen toma esta definición como punto de partida.
En Europa se estima que el coste de la corrupción para los contribuyentes de la UE asciende a aproximadamente 120 000 millones de euros al año (sin contar el fraude a los fondos públicos de la UE) lo cual equivale casi al presupuesto anual global de la UE, es decir un 1 % del PIB de la Unión. En materia de corrupción se constataron significativas diferencias entre los distintos Estados miembros. En muchos de ellos, la corrupción ha penetrado en todas las esferas de la vida pública y privada.

Según las dos últimas encuestas de opinión del Eurobarómetro, tres cuartas partes de los ciudadanos de la UE cree que la corrupción está muy extendida en su propio país. En diez Estados miembros, el porcentaje es superior al 90 %. Más de la mitad de los europeos estima que el nivel de corrupción ha aumentado durante los tres últimos años.

Por otra parte, tres cuartas partes de los europeos declara que los sobornos y el tráfico de influencias constituyen a menudo la manera más fácil de obtener determinados servicios públicos (por ejemplo en el sector médico y la asistencia sanitaria) en su país.

Más de dos tercios de los europeos consideran que existe corrupción en las instituciones de la UE y más de la mitad de ellos considera que las instituciones no contribuyen a reducir la corrupción en Europa;

Aproximadamente la mitad de las empresas considera que la corrupción constituye un problema para la actividad empresarial. Las empresas estatales y el sector público, incluidas las autoridades fiscales y aduaneras, son especialmente vulnerables.

Y más de la mitad de las empresas señala que la corrupción está muy extendida en la contratación pública en razón de los conflictos de intereses, las prácticas opacas y los favoritismos. La contratación pública de proyectos y contratos en materia de desarrollo urbano, infraestructuras, construcción y asistencia sanitaria se consideran especialmente vulnerables a la corrupción en todos los niveles.

Ejemplos típicos de corrupción son actos de cohecho, en su forma tanto pasiva como activa, incluido el ofrecimiento, el pago y la aceptación o petición de una ventaja como incentivo para efectuar una acción legal, ilegal o poco ética, que puede adoptar la forma de donaciones, préstamos, honorarios, pagos de facilitación (‘o comisiones’), bonificaciones (‘sobornos’) y otras ventajas, como la reducción de impuestos, visados, servicios, patrocinio y donaciones.

En muchos casos, la corrupción está vinculada a otras prácticas ilegales, como la fijación de precios, la colusión en un procedimiento de licitación, el blanqueo de dinero, el enriquecimiento ilícito, el chantaje y el fraude. También incide en operaciones menos tangibles, como el favoritismo y el nepotismo al nombrar funcionarios públicos, el tráfico de influencias y favores, el clientelismo, inmunidades abusivas, amnistías y prácticas de privatización, el soborno de autoridades judiciales y policiales, la financiación de partidos políticos o la manipulación de campañas electorales.

Y, finalmente, los conflictos de interés no regulados o mal gestionados pueden conducir a la corrupción, por ejemplo empresas que ofrecen puestos lucrativos a antiguos funcionarios sin respetar los períodos de incompatibilidad (fenómeno denominado de ‘puertas giratorias’).

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