edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
22/12/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El CES Europeo pide una estrategia contra la corrupción que incluya al sector financiero y a las Administraciones

Javier Ardalán
El Comité Económico y Social Europeo señala en un informe sobre la lucha contra la corrupción den la Unión Europea (UE), que sus instituciones deberían elaborar sin demora una estrategia quinquenal de lucha contra la corrupción, coherente y global, así como el subsiguiente plan de acción, refrendados por los presidentes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
De entrada, piden que se adopte, sin demora, el Reglamento relativo a la creación de una Fiscalía Europea y el Reglamento revisado sobre Eurojust. Por otro lado, indica que la UE debería fomentar el uso de las sanciones, y la mayor sanción consistirá en la inhabilitación para presentarse a licitaciones de contratación pública durante un período de tiempo proporcionado, así como en medidas equivalentes para aquellos que trabajan en el sector público, como herramienta disuasoria contra la corrupción.

El Comité acoge con satisfacción la reciente Directiva de información no financiera que obliga a las grandes empresas de la UE a elaborar un informe sobre el cumplimiento y el contenido de sus normas éticas.
Por otra parte, revela que es necesario que los bancos mejoren el cumplimiento de la legislación aplicable de la UE. En este contexto, la Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea deberían desempeñar un papel más activo a la hora de garantizar que las deficiencias en la aplicación de la normativa de un Estado miembro no debilitan el sistema global.

Asimismo, la Comisión Europea debería aprovechar sus competencias para armonizar las sanciones penales en este ámbito y para asegurarse de son realmente disuasorias en todas las jurisdicciones de la UE. Habría que animar también a los Estados miembros a tipificar un delito de enriquecimiento ilícito intencionado de un funcionario público, según estipula el artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Consideran que se debería animar a las empresas a garantizar que se cumplan las normas anticorrupción, incluidos mecanismos de alerta adecuados, a lo largo de toda la cadena de suministro y que las pequeñas y medianas empresas adopten también medidas proporcionadas.

Aquellos que trabajan en el sector público deberían estar sometidos a consecuencias equivalentes. La inhabilitación debería contemplarse sobre todo cuando una empresa haya sido inculpada por cometer irregularidades o no haya puesto en marcha medidas preventivas contra la corrupción.

Para mejorar la lucha contra la corrupción manifiesta que la UE debería mejorar la transparencia de los flujos financieros en toda la UE. Aunque se acoge con satisfacción la legislación reciente destinada a mejorar la transparencia del accionariado empresarial como parte integrante de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, persiste una necesidad de información pública sobre los beneficiarios efectivos de los fideicomisos y otras sociedades instrumentales.

La prioridad fundamental para el CESE debería ser el apoyo a los Estados miembros en sus esfuerzos por aplicar y hacer cumplir los instrumentos nacionales, europeos e internacionales existentes. También, redoblar los esfuerzos por armonizar las legislaciones penales nacionales, en caso de que estas se hayan convertido en un obstáculo a la investigación y el enjuiciamiento eficaces en casos de corrupción.

Convendría prestar especial atención a la armonización de las definiciones de corrupción y a los conflictos de intereses. Para lograrlo, debería recurrirse preferentemente a la legislación de la UE o al ‘método abierto de coordinación’ con el objetivo de determinar directrices legislativas que sirvan de guía a los Estados miembros.

La Comisión Europea y los Estados miembros de la UE deberían reforzar la cooperación transnacional de lucha contra la corrupción en el contexto de la renovación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE 2015-20, mejorar la coordinación entre los organismos pertinentes (OLAF, Eurojust, Europol, Defensor del Pueblo Europeo, Tribunal de Cuentas) y garantizar la gestión efectiva de la Red Europea contra la Corrupción (RECC).

Deberían, además, ampliar el intercambio de mejores prácticas y reforzar la coordinación y la cooperación entre las fiscalías nacionales en los asuntos penales transfronterizos, por ejemplo en la recuperación y repatriación de activos de origen delictivo.

Aboga el informe del CESCE por emprender programas para promover la sensibilización y la educación en los Estados miembros sobre el valor de la integridad en la sociedad y la economía: la naturaleza y el grado de corrupción existente en los ámbitos político, judicial y de la administración pública. El papel de la corrupción en la represión de la libertad de los medios de comunicación, la expansión de la delincuencia organizada y la erosión de la competitividad; y emprender un debate de fondo sobre el futuro de la gobernanza democrática de Europa.

Las instituciones de la UE y los organismos pertinentes deberían, en colaboración con los Estados miembros, intensificar las acciones destinadas a concienciar a la opinión pública acerca de cómo los ciudadanos pueden participar en la lucha contra la corrupción, poniendo de relieve los derechos y las vías de recurso disponibles con arreglo a la legislación de la Unión.

La UE debería, además de las medidas legislativas, emprender y apoyar medidas alternativas para promover la adopción y la aplicación de códigos y normas de cumplimiento, anticorrupción y en particular antisoborno en cada empresa, en consonancia con los instrumentos y las orientaciones internacionales, sectoriales y europeas.

El concepto de participación incluyente y transparente de las partes interesadas correspondientes, incluidos los trabajadores, debería formar parte de la aplicación de un código ético (que también incluya disposiciones adecuadas en materia de denuncia de irregularidades) por la empresa en cuestión.

Consideran que se debería obligar a las empresas de todo el mundo a disponer de un sistema de gestión de lucha contra la corrupción como requisito para poder ser seleccionadas en proyectos que reciban financiación de la UE.

La UE debería intensificar su participación en los esfuerzos de lucha contra la corrupción en el ámbito mundial. Ello supondría incluir disposiciones estrictas de lucha contra la corrupción en los acuerdos con terceros países.

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