edición: 2471 , Martes, 22 mayo 2018
24/04/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El CES muestra su pesimismo ante la Unión Bancaria y duda que resuelva los problemas

Javier Ardalán

El Consejo Económico y Social (CES) considera que la Unión Bancaria Europea, recientemente aprobada por el Europarlamento no resolverá los problemas actuales, puesto que no será efectiva hasta dentro de diez años y, además, porque deja fuera a las cajas alemanas y, surgen dudas sobre la suficiencia de los 55.000 millones de euros previstos para el fondo de garantía de depósitos.

Así lo destaca el CES en su informe ‘Evolución de la gobernanza económica de la Unión Europea: actualización del Informe CES 3/2012’, en el que estima que la limitación por tamaño de las entidades financieras que quedarán bajo la supervisión única del el Banco Central Europeo (BCE) impedirá que queden bajo su influencia entidades importantes, como las cajas alemanas, y, además, el origen de la inestabilidad financiera no siempre se encuentra en los bancos más grandes.

Así, contrariamente a lo pretendido por la Comisión Europea, que proponía que todos los bancos de la eurozona quedasen bajo la supervisión del BCE, finalmente los bancos centrales nacionales mantendrán las tareas de supervisión de los bancos más pequeños. Por ello, resulta necesario establecer un traspaso de poderes ordenado y clarificar al máximo el reparto de tareas y responsabilidades entre el BCE y los supervisores nacionales a la hora de evitar posibles conflictos de competencias durante el periodo de convivencia entre el supervisor único y los bancos centrales nacionales de resolución.

Además, estima que ante la posibilidad de que se produzca en el BCE un conflicto entre sus objetivos de estabilidad de precios y estabilidad financiera, resulta necesario que se garantice plenamente una clara separación entre sus tareas monetarias y supervisoras.

Entiende el CES que se pueden realizar varias críticas a la actuación hacia el refuerzo de los sistemas de garantía de depósitos, siendo la primera de ellas la de que el acuerdo alcanzado para el establecimiento del fondo se ha realizado mediante un acuerdo intergubernamental que está fuera de los tratados de la Unión Europea.

Otro aspecto controvertido, que destaca el organismo español, es el relativo a la consideración de si la cantidad prevista del fondo de garantía común será suficiente como para poder hacer frente en el futuro a una crisis como la actual, cuando la dotación del fondo dista mucho de la cantidad de recursos que se ha requerido en la Unión Europea para el rescate de algunas de sus entidades financieras durante la crisis financiera actual. Finalmente, el plazo establecido de ocho años para constituir el fondo supone una mejoría respecto a la pretensión inicial de los Estados miembros que era de diez años, pero se queda lejos de los tres años que proponía el Parlamento Europeo.
La pretensión inicial de la Comisión Europea era que el Mecanismo Único de Resolución Bancaria (MUR) garantizase que, aunque la supervisión sea más intensa, si un banco sujeto al MUS se enfrenta a graves dificultades, su solución pueda gestionarse de forma eficiente.

En el proceso de negociación entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo las posturas se situaban entre la propuesta de Alemania y Francia de que fuese una red de autoridades nacionales quien se ocupase de gestionar la crisis de una entidad bancaria y la propuesta de la Comisión Europea de que fuese una autoridad única de liquidación la encargada de la resolución en caso de quiebras transfronterizas.

La propuesta de la Comisión fue la que se impuso pero sería el Consejo Europeo, que tiene un carácter intergubernamental y toma las decisiones más lentamente, quien tomaría la decisión final. Sin embargo, tras la mencionada reunión se alcanzó el acuerdo, aprobado el pasado día 15 de abril de 2014 por el Parlamento Europeo, de que a la hora de poder reestructurar o liquidar un banco que atraviese por graves dificultades, el Consejo Europeo tenga finalmente menos peso del previsto a cambio de un papel más importante de la Comisión Europea.

Finalmente, tampoco considera el CES que se haya avanzado en su propuesta de crear una agencia pública europea de calificación de riesgos que contrarrestase el oligopolio que ejercen las agencias estadounidenses. En este sentido, la Comisión Europea, aun reconociendo su necesidad, dado el impacto directo que las calificaciones tienen sobre la actuación de los inversores, los prestatarios, los emisores y los gobiernos, considera que crear una agencia de calificación europea no es una prioridad y se ha limitado a intentar fortalecer el marco reglamentario existente, la última vez a mediados de junio de 2013.

Posteriormente, a comienzos de 2014, el Parlamento Europeo aprobó una nueva regulación de las agencias de calificación ya existentes, con el objetivo declarado de reducir la dependencia excesiva de los inversores ante las calificaciones externas de deuda pública, atajar los conflictos de interés que provocan las actividades de las agencias, y aumentar la transparencia y la competencia del sector.

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