edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
08/01/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El CES propone una amplia batería de medidas fiscales para consolidar la Eurozona

Javier Ardalán

El Consejo Económico Social Europeo (CESE) propone a la Comisión Europea una batería de medidas fiscales para consolidar  que impulse la creación de una base imponible consolidada común para el impuesto sobre los beneficios de las sociedades en la UE, con unos parámetros más justos que en la actual propuesta de la Comisión, según explica en un dictamen sobre la política fiscal en la Unión Europea.

Los progresos en la coordinación de la imposición directa, considera que han sido y seguirán siendo arduos porque este ámbito continúa siendo competencia de los Estados miembros y se encuentra enraizado en los sistemas que cada Estado miembro ha elegido durante siglos para financiar lo que perciben como gastos necesarios para el gobierno. Es imperativo que cualquier cambio que se introduzca en materia tributaria conduzca a un régimen fiscal más competitivo y sostenible a nivel mundial.

Anima a Bruselas, en el corto plazo a que responda a la evolución global a nivel de la OCDE y del G-20 sobre la erosión de la base y el desplazamiento de los beneficios (BEPS), para asegurar que los regímenes fiscales son transparentes y no conceden ventajas fiscales injustas, y poner fin de inmediato a las prácticas de los Estados miembros que proporcionan privilegios fiscales especiales a unas pocas empresas.

Por otra parte, aboga por la búsqueda de compromisos efectivos en la zona del euro para extender el proyectado impuesto sobre las transacciones financieras más allá de los once Estados que lo apoyan.
Involucrar a los ciudadanos en la lucha contra la economía sumergida, la evasión de impuestos y el fraude fiscal, incentivando al sector privado a reforzar instrumentos como el cheque servicio, el uso de formas de pago electrónicas que dejen huella y la colaboración con las autoridades en esos objetivos, es otra de las propuestas del CESE.

Con respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido se muestra partidario de mejorar la cooperación administrativa, más allá de la actual red y base de datos sobre el Impuesto, con recurso a la cooperación reforzada, el Consejo se muestra partidario para potenciar la actual plataforma Eurofisc como el embrión de una agencia europea de compensación del IVA y contra el fraude fiscal que empiece a funcionar en la zona del euro, a fin de completar la cadena de información de cada Hacienda estatal, terminando así con el fraude carrusel.

Propone, asimismo. fortalecer como base normativa en toda la UE la Directiva de asistencia mutua de 2011 y, si fuera necesario, dar a algunos contenidos carácter de Reglamento, al tiempo que insta a la Comisión a que lleve a la práctica su propuesta, recogida en el Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, de incluir en una lista negra a los Estados que operen como paraísos fiscales incumpliendo los principios de buena gobernanza en el ámbito fiscal, a la vez que solicita que se establezcan a nivel europeo los criterios comunes según los cuales se determinarán cuáles son dichos Estados, para evitar una aplicación desequilibrada de esta lista negra.

El Comité insta a la Dirección General de Competencia a que investigue a fondo cualquier acuerdo fiscal injusto concluido entre Estados miembros y empresas a título individual. El uso y la localización de empresas en esos territorios deberían, además, mencionarse específicamente en los informes de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas cotizadas en bolsa.

Finalmente, apuesta por crear un órgano europeo de simplificación de impuestos a partir de experiencias previas en Estados miembros.

Con respecto al medio plazo (de dieciocho meses a cinco años), plantea la posibilidad de crear en la zona del euro una ‘serpiente tributaria’ de tipos impositivos efectivos, mínimos y máximos, a fin de armonizarlos progresivamente.

Marca como objetivo, lograr una capacidad fiscal específica en la zona del euro, mediante ingresos basados en el impuesto anterior sobre transacciones financieras y en otros cuatro: el consumo de energías no renovables (limitado a las que han reducido su precio en los últimos años), una contribución temporal a los excedentes en balanza de pagos superiores al 6% del PIB, la emisión de bonos garantizados conjuntamente y la participación en los ingresos de señoreaje por emisiones monetarias.

Por otra parte, propone establecer en la zona del euro una autoridad para coordinar la labor de los Estados miembros en la recaudación de esos seis impuestos y el control, inspección y distribución de los ingresos, así como un presupuesto complementario federal en la zona del euro que permita asumir un seguro común de desempleo, políticas de cohesión e inversiones sostenibles asociadas a la economía verde.

Y como colofón, plantea modificar en la zona del euro el actual modelo de toma de decisiones fiscales, implementando un sistema de mayoría cualificada. El Comité reconoce que esta medida exigiría una modificación controvertida del Tratado.

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