edición: 2450 , Jueves, 19 abril 2018
26/09/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El CES recela del excesivo cúmulo de cautelas que introduce la futura Ley de Fundaciones

Javier Ardalán

El riesgo de alumbrar un marco legal de las fundaciones con un excesivo cúmulo de cautelas y limitaciones se pone de manifiesto en el anteproyecto de Ley de Fundaciones, según afirma el Consejo Económico y Social (CES) en su informe sobre esta futura norma.

Estos riesgos de posibles trabas y complejidad regulatoria, además, podrían venir agravados por unas perspectivas de configuración y de dotación material y humana de la figura clave del futuro protectorado único que no reunieran las suficientes garantías para un funcionamiento ágil y eficiente como instrumento de supervisión especializado en un sector que, como se ha mencionado, está creciendo en dimensión y en complejidad.

El informe destaca que hubiese sido deseable que el dictamen de la regulación de las fundaciones se acompañara de la futura normativa de carácter fiscal aplicable a estas entidades, al objeto de poder contar con una perspectiva global del marco regulador de las fundaciones.

A juicio del CES, la opción legislativa de formular por separado los aspectos sustantivos y los fiscales dificulta la evaluación de la norma que plantea el Anteproyecto, dada la conexión evidente entre ambos extremos, por lo que, en todo caso, este Consejo recomienda que ambos proyectos de ley se tramiten paralelamente en las Cortes.

Dice el informe que un sector fundacional más intensamente tutelado por parte de la Administración, si no viene adecuada y suficientemente justificado y respaldado, podría en opinión del CES alterar negativamente el equilibrio entre facultades del gobierno de las fundaciones y potestades del órgano protector, entre autonomía y control, introduciéndose rigideces que, a la postre, pueden suponer trabas innecesarias a la constitución y la actividad fundacional.

A su juicio, el exceso de cautelas es muy elevado en la regulación de otros aspectos clave del Anteproyecto, como es el caso  el tratamiento de las actividades mercantiles, imprescindibles en numerosos casos como instrumentos para garantizar la viabilidad del cumplimiento de los fines fundacionales, el destino de los ingresos generados o la contratación con personas o entidades que mantienen determinados vínculos con la fundación, como se aborda con más concreción en las observaciones de carácter particular.

El tratamiento previsto para estos aspectos resulta en exceso complejo y, en algunos elementos, incluso ambiguo, y en todo caso suscita dudas sobre su idoneidad para satisfacer los fines que busca el Anteproyecto. Fines como son, entre otros, evitar posibles prácticas de dudoso encaje en un marco de libre competencia y de transparencia en la actividad fundacional y en el tráfico mercantil, que el CES comparte y avala plenamente, pero que considera que se podrían alcanzar con más garantías y menores riesgos mediante, por ejemplo, una mejor regulación que asegure la identidad y la correspondencia entre los fines recogidos estatutariamente y las actividades que efectivamente llevan a cabo las fundaciones.

A pesar de las críticas, concluye el informe que los recelos no deben obstar, sin embargo, para destacar los aspectos positivos que, en opinión del CES, aporta la norma proyectada. Así, como se ha adelantado, el Anteproyecto da cumplimiento a una demanda del sector fundacional como es un registro único en el que estarán inscritas todas las fundaciones que desarrollen su actividad en el territorio del Estado español, así como la unificación del Protectorado de las fundaciones de competencia estatal en un único órgano de la Administración General del Estado.

A juicio de este Consejo, ambas medidas contribuirán a mejorar la gestión de las fundaciones y a salvaguardar el fin de interés general al que sirven. Considera que resulta innegable la potencial contribución de estos instrumentos a la mejora de la certeza, la claridad y la seguridad en la promoción y la actividad de las fundaciones, de ahí que el CES estime, además, que sería conveniente incluir en la norma proyectada un horizonte temporal definido para hacer efectiva su implantación y puesta en funcionamiento.

El CES también valora positivamente los avances que introduce el Anteproyecto en términos de eficiencia, a través de las actuaciones relativas a la utilización de medios electrónicos. Y asimismo, en lo que respecta a la técnica legislativa empleada, el CES acoge favorablemente la opción escogida por el legislador al elaborar una nueva ley, cuya estructura, además, coincide con la actualmente vigente, ya que permite una mejor comprensión de los cambios proyectados y facilita así la labor consultiva.

Por último, sería deseable que, al igual que ocurriera con el vigente Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, aprobado por el RD 1337/2005, de 11 de noviembre, cuyo proyecto fue dictaminado por el CES (Dictamen 4/2005), este Consejo tuviera oportunidad de pronunciarse sobre los reglamentos que puedan dictarse en desarrollo de las futuras leyes en este ámbito. Y en ese mismo sentido, desea llamar la atención sobre la importancia de que pueda valorar, mediante el correspondiente dictamen, la futura regulación del régimen de las fundaciones del sector público estatal, prevista en la disposición adicional undécima del Anteproyecto.

En los últimos años de la crisis es posible observar, por su parte, una cierta ralentización en la dinámica de creación de fundaciones junto con un ligero incremento de las extinguidas por diferentes causas, con un balance global de leve disminución de las fundaciones totales registradas, situadas hoy por encima de las 13.000, de las que alrededor de 9.500 son fundaciones activas.

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