edición: 2766 , Martes, 23 julio 2019
20/05/2011

El CES recomienda regular separados los planes y fondos de pensiones de empleo y los individuales

Javier Ardalán
El Consejo Económico y Social (CES) recomienda al Gobierno que la regulación de los planes y fondos de pensiones de empleo, los que financian las empresas para sus empleados, se regulen independientemente de los planes y fondos de pensiones individuales.

El CES considera que “los planes de pensiones del sistema de empleo son instrumentos de previsión social complementaria cuyo origen se encuentra en el ámbito laboral, teniendo, por tanto, una inseparable conexión con las relaciones laborales colectivas en cuyo seno se gestan”.

Es por ello que manifiesta que separar las normativas mantendrá e impulsará las características propias de este tipo de fondos y planes. Y, en coherencia con estas apreciaciones entiende que debería compartirse la regulación entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el de Trabajo, y no sólo por el primero de ellos.

El anteproyecto de ley regula que las competencias de la Administración del Estado en la supervisión y ordenación de los mercados de planes y fondos de pensiones se ejercerán por el ministro de Economía y Hacienda y por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Además, este último organismo actuará con autonomía funcional mediante la verificación continua del ejercicio correcto de la actividad y del cumplimiento de la normativa de supervisión, tanto de la situación financiera y las conductas de mercado.

Esta futura normativa transpone a la legislación española la directiva comunitaria sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (conocida como Directiva Solvencia II). Se trata de una normativa comunitaria que trata de aunar las legislaciones de los Estados miembros mediante la creación de un marco legal que regule toda la actividad de los seguros en todo el Mercado Interior.

Además, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación ya cuenta con competencias de coordinación y decisión en materia de supervisión de seguros y reaseguros. Por ello, el anteproyecto español parte del principio rector de la convergencia en la actividad supervisora europea.

En su articulado, el anteproyecto regula que en el ejercicio de las funciones de supervisión encomendadas por esta Ley y sus normas de desarrollo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberá tomar en consideración las directrices y recomendaciones emanadas de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación que, no siendo jurídicamente vinculantes, se refieran a materias sobre las tenga atribuida competencia dicha Autoridad. Cuando la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones se aparte de esas directrices o recomendaciones lo hará mediante resolución motivada.

Otra de las quejas incluidas en el informe del CES se refiere a la Disposición Final Tercera del anteproyecto, que introduce la posibilidad de la suspensión de la integración de nuevos partícipes en los planes de pensiones y, por otro lado, la posibilidad de la suspensión temporal, total o parcial, de las aportaciones, prestaciones y movilización de los derechos de los partícipes.

El CES considera perjudicial en el caso de los planes de pensiones de empleo, ya que supone un menoscabo de los derechos de los partícipes y beneficiarios al impedirles desarrollar sus expectativas en materia de Previsión Social Complementaria y, por ello, pide que esas medidas de control especial previstas en el anteproyecto deben ser suprimidas del texto. El dictamen señala que con ello se hace una traslación del artículo 205 de la Ley de Supervisión de los Seguros Privados,  que regula las medidas de control especial que pueden adoptarse, al ámbito de los planes de pensiones.

El CES subraya que, si bien esta medida de carácter excepcional resulta perjudicial para todos los partícipes y beneficiarios de planes y fondos de pensiones, resulta aún más perjudicial en el caso de los planes de pensiones de empleo, ya que supone un menoscabo de los derechos de los partícipes y beneficiarios al impedirles desarrollar sus expectativas en materia de Previsión Social Complementaria. El CES pide que esas medidas de control especial previstas en el Anteproyecto deban ser suprimidas del texto.

Finalmente, el informe del CES pide mayor protagonismo para los interlocutores sociales y mayores medios económicos y personales para el órgano supervisor, puesto que piensa que el nuevo modelo de supervisión basado en la evaluación del riesgo va a demandar una estructura que disponga “de los recursos materiales, técnicos y humanos suficientes”.

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