edición: 2310 , Lunes, 25 septiembre 2017
16/10/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El CESE avala la idea de Bruselas de crear un Tribunal Internacional de Inversiones

Javier Ardalán
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) avala la idea de la Comisión Europea de crear un Tribunal Internacional de Inversiones y considera que sería la mejor solución, ya que desempeñaría un gran papel para garantizar la legitimidad y la transparencia del sistema y para obtener una interpretación más coherente y a unas decisiones más exactas. En este sentido, el CESE considera acertada la afirmación ante la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) el pasado 18 de marzo de 2015, de que “un tribunal multilateral conllevaría una utilización de recursos más eficiente y tendría más legitimidad”.
El pasado 16 de septiembre, la Comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, anunció la propuesta de creación de un nuevo sistema de resolución de disputas entre inversores y Estados, destinado a sustituir los Acuerdos sobre Disputas de Inversor a Estado (RCIE), los mecanismos hasta ahora previstos en las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos para constituir la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones.

La propuesta debe ser aprobada todavía por el Parlamento y el Consejo Europeo antes de ser presentada a los Estados Unidos para su posterior negociación. Esta se espera difícil dado que considera que la RCIE es una condición imprescindible para la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones.

El anuncio de la Comisaria tiene su origen en la enorme oposición que la RCIE han generado en Europa, no solo entre las organizaciones ciudadanas (como quedó patente en la consulta pública online efectuada por la Comisión en 2014), sino también en el seno del propio Parlamento Europeo.

El coste medio de un procedimiento de arbitraje es de cuatro millones de dólares para cada parte, cifra de la que aproximadamente un 82% corresponde a los honorarios de los letrados, máxime teniendo en cuenta que algunos de los litigios pueden durar varios años.

La cuantía de los costes ha hecho que se extienda la financiación de litigios por terceras partes. La reducción del riesgo financiero para las empresas ha provocado un incremento del número de casos carentes de fundamento en los que los Estados, sin embargo, tienen que seguir corriendo con todos los costes jurídicos. El CESE se opone firmemente a la inversión especulativa de los fondos de alto riesgo en determinados asuntos de la RCIE a cambio de un porcentaje de la compensación obtenida, tal como se ha señalado

Afirma el CESE en su Dictamen sobre ‘La protección de los inversores y la resolución de controversias entre inversores y Estados en los acuerdos de la UE con terceros países en materia de comercio e inversión’ que si se pretende encontrar una solución global para resolver los desacuerdos en el ámbito de la inversión, no puede basarse en una modesta renovación de la RCIE actual, que cuenta con un apoyo público muy escaso.Por ello, insta firmemente a la Comisión Europea a evaluar las propuestas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para la reforma de la RCIE y concluye que el establecimiento de un Tribunal Internacional de Inversión es la mejor solución para garantizar un sistema democrático, justo, transparente y equitativo.

En la actualidad, en el que los Estados del G7 celebran negociaciones de alto nivel sobre acuerdos globales de comercio e inversión, lo que constituye una oportunidad única para conformar un sistema fiable que aúne los intereses legítimos de los inversores con los derechos de los Estados. Y concluye que si el camino a seguir va a ser una autoridad central, esta no puede estar formada por juristas privados, y debe ser más accesible para las pymes y disponer de derecho de recurso.

Un 93% de los tratados bilaterales de inversión contienen disposiciones en materia de RCIE. Tales disposiciones se recogen también en determinados acuerdos comerciales internacionales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en acuerdos internacionales de inversión como el Tratado sobre la Carta de la Energía. Los Estados miembros de la UE han celebrado más de 1.400 tratados desde la década de los años cincuenta, lo cual representa aproximadamente la mitad del total. Todos ellos contienen disposiciones muy similares en materia de propiedad intelectual y RCIE.

Actualmente, la UE está negociando con los Estados Unidos y Japón, y recientemente ha celebrado conversaciones con Canadá. Estos acuerdos, más que cualquier otro asunto, han generado un amplio debate público sobre la necesidad de que en los capítulos dedicados a la inversión se incluya un mecanismo de RCIE.

Los casos de RCIE han proliferado de forma extraordinaria entre 2002 y 2014 (58 en 2013 y 42 en 2014) y el número de arbitrajes fundamentados en tratados alcanzó los 610 a finales de del año pasado.

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