edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
10/06/2013
LA OREJA DE LARRAZ

El CESE propone que se imponga la confidencialidad de quienes denuncian blanqueo de capitales

Xavier Gil Pecharromán

El Comité Económico y Social Europeo (CESE)  propone que la Directiva sobre prevención de capitales, que en breve debatirá el Parlamento Europeo, establezca expresamente la obligación de mantener la confidencialidad más estricta de la identidad de las personas que hacen declaraciones de operaciones sospechosas, a menos que hayan dado su consentimiento para que se revele su identidad, o si su divulgación resulta esencial para garantizar un procedimiento jurisdiccional equitativo en el marco de una acción penal. En cuanto a la obligación de efectuar la destrucción obligatoria de los documentos y la información recogidos al final del periodo de conservación de cinco o diez años–, el CESE insta a los Estados miembros a que garanticen que su legislación prevea situaciones (tales como procedimientos penales, quiebras o sucesiones) en las que tal obligación no sea aplicable a fin de impedir que vaya en contra del interés general.

En el informe insta a la armonización europea de las sanciones aplicables en el sector financiero. Está claro que la represión de la delincuencia no acaba con ella. Por tanto, es esencial que la prevención del delito sea lo más efectiva posible y que se impongan sanciones disuasorias y proporcionales a las cantidades objeto de blanqueo a aquellos profesionales que no respetan sus obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude tributario.

El CESE recomienda también ampliar la definición de la financiación del terrorismo de la propuesta de Directiva, a fin de contemplar “cualquier otro acto”, además de las infracciones previstas, conforme al tenor literal de la recomendación nº 5 del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI).

La clave para resolver el problema de la piratería reside para este organismo europeo en rastrear y tomar medidas enérgicas contra los flujos financieros relacionados con ella. En la UE debería establecerse una lista negra de las entidades financieras implicadas en el blanqueo de capitales procedentes de la piratería. El Banco Mundial, Interpol y Europol pueden prestar asistencia en la lucha para rastrear los rescates, que deberían localizarse y confiscarse, de modo que la piratería deje de ser un negocio atractivo.

Los flujos de dinero negro a través de transferencias de fondos pueden dañar la estabilidad y reputación del sector financiero y amenazar el mercado interior. El terrorismo quebranta las bases mismas de nuestra sociedad. La solidez, la integridad y la estabilidad del sistema de transferencias de fondos y la confianza en el sistema  financiero en su conjunto podrían verse seriamente comprometidas por los esfuerzos  de los delincuentes y de sus cómplices por encubrir el origen de sus ingresos delictivos o por transferir fondos con propósitos terroristas.

La Directiva busca que la capacidad de seguimiento total de las transferencias de fondos pueda ser una herramienta particularmente importante y va liosa en la prevención, investigación y detección del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo. Resulta, por lo tanto, pertinente para asegurar la transmisión de la información a lo largo de la cadena de pago establecer un sistema que imponga la obligación a los proveedores de servicios de pago de acompañar las transferencias de fondos de información sobre el ordenante y el beneficiario.

Si no se adoptan medidas de coordinación en el ámbito de la Unión, los blanqueadores de capitales y los financiadores del terrorismo podrían aprovechar la libre circulación de capitales que trae consigo un espacio financiero integrado para facilitar sus actividades delictivas.

Con el fin de no obstaculizar la eficiencia de los sistemas de pago, deben diferenciarse los requisitos de verificación aplicables a las transferencias de fondos efectuadas a partir de cuentas de los aplicables a las transferencias no efectuadas a partir de cuentas.

Para contrarrestar el riesgo de que se realicen operaciones fuera de los cauces reglamentarios por la aplicación de unas exigencias de identificación demasiado estrictas con respecto a la potencial amenaza del uso de las pequeñas transferencias de fondos para fines terroristas, en caso de transferencias de fondos no realizadas a partir de una cuenta, la obligación de verificar que la información sobre el ordenante sea exacta debe aplicarse únicamente a las transferencias individuales que superen los 1.000 euros. En el caso de las transferencias de fondos efectuadas a partir de cuentas, no debe requerirse que los proveedores de servicios de pago verifiquen la información sobre el ordenante que acompañe a cada transferencia de fondos, cuando se cumplan las obligaciones que establece la Directiva.

Para prevenir la financiación del terrorismo, se han adoptado medidas dirigidas a la congelación de fondos y recursos económicos de determinadas personas, grupos y entidades, concretamente el Reglamento (CE) nº 2580/2001, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida.

Con ese mismo objeto, se han adoptado medidas encaminadas a proteger el sistema financiero contra la canalización de fondos y recursos económicos con fines terroristas. La Comisión ha adoptado hoy dos propuestas destinadas a reforzar las normas de que dispone la UE en relación con las transferencias de fondos y la lucha contra el blanqueo de capitales.  Las amenazas asociadas al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo están en constante evolución, lo cual obliga a actualizar regularmente las normas existentes.

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