edición: 2745 , Lunes, 24 junio 2019
24/07/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El CGPJ propone que los jueces mercantiles decidan sobre la validez de las patentes en litigio

Javier Ardalán

Los juzgados mercantiles podrían responsabilizarse de decidir sobre la validez de las patentes ante los litigios planteados entre las partes interesadas, según la propuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial, propuesta que será votada hoy por el Pleno de esta Entidad.

Considera  la propuesta que se trata de  cuestiones sumamente técnicas, al tiempo que muy importantes para las empresas y los inversores. Por ello, consideran que esta concentración jurisdiccional aportaría solvencia y daría mayor capacidad para predecir el resultado de las resoluciones, al lograrse una mayor uniformidad de criterios, lo que redundaría a su vez en una mayor seguridad jurídica y en una protección judicial más ágil y rápida.

En la misma línea, se propone también por la cúpula judicial, que se amplíen los plazos de tramitación previstos con carácter general en la Ley de Enjuiciamiento Civil para este tipo de procedimientos, al resultar excesivamente breves teniendo en cuenta la complejidad de los asuntos.

Se pretende, al mismo tiempo, diferir a la fase procesal de ejecución de la sentencia que haya reconocido la violación del derecho de patente la determinación y cuantificación de las cantidades que correspondan en concepto de daños y perjuicios, así como la opción por el criterio alternativo de cuantificación de dicha indemnización.

En este caso, la medida se propone al tener en cuenta la dificultad de su determinación inicial y la naturaleza sensible de la documentación y material en poder del supuesto infractor, lo que puede comportar una intromisión en secretos empresariales que no estaría justificada si la sentencia es absolutoria. En cambio, si ya se ha apreciado la comisión de una infracción, el texto entiende que debe prevalecer el interés del demandante para poder concretar el alcance de la indemnización a su favor.

El Consejo General del Poder Judicial debate también hoy, su propuesta de informe al Anteproyecto de Ley por el que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y las Relaciones de este Órgano de la Unión Europea, de las Redes Judiciales de Cooperación Internacional y los Magistrados de Enlace.

Eurojust es una unidad integrada por fiscales, magistrados o policías, cedidos temporalmente por cada Estado miembro para apoyar y facilitar la adecuada coordinación de las autoridades judiciales nacionales responsables de las investigaciones penales en los casos de delincuencia organizada, así como para cooperar estrechamente con la Red Judicial Europea.

Cada año tramita unos 1.400 casos y celebra aproximadamente 140 reuniones de coordinación. En estas reuniones participan autoridades nacionales judiciales y fiscales de los Estados miembros y, en su caso, de terceros Estados. En ellas se resuelven las cuestiones relacionadas con la tramitación de los asuntos y se planifican las acciones operativas que demandan las investigaciones tales como detenciones  o registros que hayan de ejecutarse de manera simultánea.

En el texto de la cúpula judicial española se propone que el nombramiento del Miembro Nacional –el representante de España en Eurojust- se haga por el CGPJ y no por el Ministerio de Justicia, como mantiene el Anteproyecto, en la medida en que se trata de cooperación judicial en materia penal y en el marco de la Unión Europea, donde la autoridad central no interviene.

Entre otras muchas competencias, Eurojust se encarga de ayudar a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros en sus necesidades de cooperación  y a petición de éstas. Por su parte, puede solicitar a los Estados miembros que lleven a cabo una investigación o actuaciones judiciales sobre hechos concretos.

Eurojust también presta ayuda en la resolución de conflictos de jurisdicción en los casos en que más de una autoridad nacional sea competente para llevar a cabo una investigación o una actuación judicial sobre un caso concreto. Eurojust facilitará la ejecución de los instrumentos jurídicos internacionales, tales como la orden europea de detención. Asimismo, financia la creación y las necesidades operativas de los equipos conjuntos de investigación.

Se considera asimismo que no resulta adecuado que la designación del miembro de la Autoridad Común de Control recaiga en el director de la Agencia Española de Protección de Datos y se sostiene que el nombramiento ha de corresponder también al CGPJ, que elegirá a un juez o magistrado para ese puesto ya que debe tratar con datos obtenidos en el seno de una investigación criminal.

La propuesta de informe, por último, sugiere trasladar a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a las normas reguladoras del régimen sancionador de la Carrera Fiscal, así como al Estatuto Básico del Empleado Público la previsión contenida en el artículo 15 del Anteproyecto, que regula el deber genérico de colaboración con Eurojust de los jueces y tribunales, los miembros del Ministerio Fiscal y todas las personas y entidades públicas y establece que la desatención a los requerimientos de la unidad será objeto de sanción disciplinaria.

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