edición: 2766 , Martes, 23 julio 2019
11/03/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El cierre de cuentas por sospechas de blanqueo se ajusta a la normativa UE

Javier Ardalán
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la  Directiva prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo permite a los Estados miembros adoptar o mantener en vigor disposiciones más estrictas, siempre que tengan como finalidad reforzar la lucha.
La sentencia, de 10 de marzo de 2016, determina que el objetivo de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo puede justificar una restricción de las libertades fundamentales, como la incluida en la legislación española.

La norma española  permite a las entidades financieras cancelar las cuentas de una compañía que transfiere fondos de sus clientes al extranjero (a otros Estados miembros y a terceros Estados) utilizando las cuentas que mantiene en ellas, observado un comportamiento contrario a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dado que no se atuvo a las medidas de prevención adoptadas por los citados bancos.

Dicha Ley transpone en el ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/60/CE, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. La Directiva contempla varias medidas de diligencia debida que las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en ella deben aplicar en relación con su clientela. También establece la posibilidad de que los Estados miembros exijan la adopción de medidas reforzadas de diligencia debida en algunos casos.

La Audiencia Provincial de Barcelona pide al Tribunal de Justicia que aclare varios puntos relativos a la transposición de la Directiva en Derecho español, en el caso en litigio entre Safe Interenvíos y tres entidades bancarias: Liberbank, Banco de Sabadell y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Safe Interenvíos es una compañía que transfiere fondos de sus clientes al extranjero (a otros Estados miembros y a terceros Estados) utilizando las cuentas que mantiene en entidades de crédito.

La compañía ejercitó tres acciones de competencia desleal contra las tres entidades financieras mencionadas, por haber cancelado éstas las cuentas  Safe Interenvíos alega que los bancos le exigieron proporcionarles la identidad de sus clientes, así como datos sobre el origen y el destino de los fondos, algo que los bancos niegan.

Al dedicarse Safe Interenvíos a gestionar la transferencia de los fondos de sus clientes al extranjero, debe hacer uso de cuentas en entidades bancarias, por lo que la cancelación operada por los bancos le impide llevar a cabo su actividad. Alega que las cancelaciones constituyeron actos de competencia desleal contrarios a lo establecido en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Por su parte, los bancos aducen que sus medidas se ajustaban a lo dispuesto en la Ley 10/2010, que estaban justificadas debido al riesgo inherente a la transferencia de fondos al extranjero, y que no eran contrarias al Derecho de la competencia.

 En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara en primer lugar que la Directiva sobre blanqueo de capitales no se opone a una normativa como la española que, por una parte, permite la aplicación de medidas normales de diligencia debida con respecto a los clientes cuando éstos son entidades financieras cuyo cumplimiento de las medidas de diligencia debida es objeto de supervisión, si existen sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en el sentido de dicha Directiva.

 Por otra parte, obliga a las entidades y personas sujetas a la citada Directiva a aplicar, en función de su apreciación del riesgo, medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en aquellas situaciones que, por su propia naturaleza, puedan presentar un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en el sentido de la Directiva, como el envío de fondos.

Además, aclara que, aun cuando no existan tales sospechas o tal riesgo, la Directiva permite a los Estados miembros adoptar o mantener en vigor disposiciones más estrictas, siempre que tengan como finalidad reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

La Directiva sobre blanqueo de capitales permite que, si concurren determinados requisitos –relativos a situaciones en que el legislador de la UE ha entendido que existe un menor riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo debido, entre otros motivos, a la identidad del cliente o al valor y contenido de la transacción o el producto, no es necesario aplicar las medidas de diligencia debida con respecto al cliente en situaciones en que, en principio, deberían aplicarse Por ejemplo, cuando el cliente de una entidad o persona sujeta a dicha Directiva es, a su vez, una entidad de crédito o financiera sujeta a dicha Directiva–.

Sin embargo, las medidas normales de diligencia debida con respecto al cliente siempre deben aplicarse cuando existan sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. En esos casos un Estado miembro no puede exigir ni autorizar la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente.

Asimismo, cuando existe un riesgo elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, el hecho de que el cliente sea a su vez una entidad o una persona sujeta a la Directiva no impide que un Estado miembro pueda exigir la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a ese cliente.

 La enumeración de las medidas reforzadas de diligencia que contiene la Directiva no es exhaustiva, de modo que los Estados miembros disponen de un margen de apreciación considerable al ejecutar la obligación de establecer dichas medidas y al determinar tanto las situaciones en que existe ese riesgo más elevado como las propias medidas.

Por ello, aunque el envío de fondos por una entidad a Estados distintos de aquel en que se halla establecida no esté contemplado en la Directiva, ello no impide a los Estados miembros definirlo en sus ordenamientos internos como situación que presenta un riesgo elevado y que justifica o exige la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida además de las medidas normales.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...