edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
01/06/2010
OBSERVATORIO FISCAL

El cobro de los planes de pensiones

DATADIAR
El art. 17.2 letra a) número 3º LIRPF dispone que tendrán la consideración de rendimientos del trabajo, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones. De los preceptos anteriores se deduce que las prestaciones de planes de pensiones, cualquiera que sea la contingencia cubierta (entre las que se encuentra la contingencia de fallecimiento), tributan en todo caso en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de su perceptor, con la consideración de rendimientos del trabajo, no estando sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Además, las prestaciones de planes de pensiones se integrarán en la parte general de la base imponible teniendo en cuenta las reglas establecidas en el art. 18 LIRPF. En este sentido, el apartado uno de este artículo señala que como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, salvo que les resulte de aplicación alguno de los porcentajes de reducción a los que se refieren los apartados siguientes. Dichos porcentajes no resultarán de aplicación cuando la prestación se perciba en forma de renta.

Es importante recordar que desde la entrada en vigor de la Ley 35/2006, el uno de enero de 2007, desaparecen los coeficientes reductores aplicables a este tipo de casos. No obstante, existe un régimen transitorio, contenido en la Disposición Transitoria Duodécima de la Ley 35/2006. De esta forma:

a.- Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con anterioridad al 1 de enero de 2007, los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y fiscal vigente a 31 de diciembre de 2006 (RD Legislativo 3/2004), incluida la reducción del art. 17 TRIRPF en los casos que proceda.

b.- Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas a partir del 1 de enero de 2007 (que entendemos que es donde se encuentra la contribuyente) habrá que diferenciar:

- Por un lado, la parte de las aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de 2006, que se regirán por el régimen financiero y fiscal vigente a dicha fecha, esto es, por el TRIRPF.

A estos efectos, como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, excepto que les sea de aplicación alguna de las reducciones siguientes:

1) El 40 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.

2) El 40 por ciento de reducción en el caso de las prestaciones establecidas en el artículo 16.2.a) de esta ley, excluidas las previstas en el apartado 5.º, que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.

El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de prestaciones por invalidez.

- Por otro lado, el resto de las aportaciones: las efectuadas a partir de 1 de enero de 2007.

Estas se regirán por lo dispuesto en la Ley 35/2006, esto es sin reducción alguna.

En otro orden de cosas, indicar que si se rescatara el plan de pensiones en forma de renta, la tributación sería la misma que la expuestas, salvo que no sería posible la aplicación de la reducción del 40% pretendida, ya que ésta solo es posible cuando se percibe la prestación en forma de capital.

Como conclusión, podemos indicar que desde nuestro punto de vista, la mejor opción sería rescatar de una sola vez los derechos consolidados hasta 31 de diciembre de 2006 (a los que resultaría de aplicación, el porcentaje de reducción); y el resto, solicitarlo en forma de renta.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

La diferencia entre lo abonado por el trabajador y las cantidad entregada por la empresa al mismo en concepto de dieta no puede quedar exonerado de gravamen. D.G.T. C, (10/02/2010).
Dietas de manutención por motivo de desplazamiento de los trabajadores que se consideran por parte de estos insuficientes para la indicada manutención diaria. Los trabajadores perciben dietas para gastos de manutención por importe inferior a lo que dichos gastos les supone y, por tanto, se pide cuestiona si la diferencia entre lo abonado por la empresa y el resto que satisface el trabajador para sufragar los gastos señalados –desayuno, comida, cena- pueden exonerarse de gravamen, a lo que debe contestarse en sentido negativo, dado que el régimen de exoneración de dietas se aplica únicamente a tales asignaciones, es decir, a las cantidades –dietas- realmente satisfechas por el empleador. Por otra parte, el artículo 19 de la Ley del Impuesto, referente a la determinación del rendimiento neto del trabajo, no contempla como gastos deducibles los que traen causa, en concreto, la diferencia entre lo percibido como gastos de viaje de la empresa y lo realmente satisfecho por el trabajador en concepto de manutención.

Tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la indemnización por despido percibida como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo. D.G.T. C, (10/02/2010).
El consultante ha sido despedido en el marco de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Como consecuencia del mismo percibe una renta mensual vitalicia que complementa la prestación por desempleo y posteriormente, en el momento actual la prestación por jubilación del INSS. Dichas rentas, le han sido satisfechas con la calificación y consideración de rentas regulares a efectos del IRPF. Posibilidad de aplicar la reducción por irregularidad prevista en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al importe de la indemnización que percibe el consultante en virtud de lo establecido en el ERE como consecuencia de la extinción de su relación laboral y que supere el mínimo legal establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Distinguiendo los períodos desde el cese hasta cumplimiento de los 65 años, momento de su jubilación, y período posterior a dicho momento. Posibilidad, en su caso de instar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

Tribunales

Procedimiento de revisión catastral. Tribunal Supremo. Sentencia 3 de marzo de 2010.
No estamos ante la notificación de valores catastrales, como consecuencia de un procedimiento de revisión catastral, sino ante la notificación de una modificación en el Catastro a consecuencia de una alteración física que experimenta el inmueble, por la ampliación de la construcción. En estos casos el acuerdo debe ser también motivado, para que el ciudadano pueda conocer el modo de proceder de la Administración, pero no con las exigencias que pretende la parte. En el caso presente, la recurrente, no alegó en modo alguno discrepancia sobre los datos utilizados para la valoración de las nuevas construcciones que además constaban en el expediente, por lo que no procede tampoco estimar el motivo.

No serán deducibles las dotaciones correspondientes a la participación en entidades residentes en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales. Audiencia Nacional. Sentencia 26 de marzo de 2010.
La deducción en concepto de dotación por depreciación de los valores representativos de la participación en fondos propios de entidades que no coticen en un mercado secundario organizado no podrá exceder de la diferencia entre el valor teórico contable al inicio y al cierre del ejercicio, debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en el mismo. Este mismo criterio se aplicará a las participaciones en el capital de sociedades del grupo o asociadas en los términos de la legislación mercantil. Para determinar la diferencia se tomarán los valores al cierre del ejercicio siempre que se recojan en los balances formulados o aprobados por el órgano competente. No serán deducibles las dotaciones correspondientes a la participación en entidades residentes en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales, excepto que dichas entidades consoliden sus cuentas con las de la entidad que realiza la dotación en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, ni las concernientes a valores representativos del capital social del propio sujeto pasivo. Serán deducibles las dotaciones por depreciación de valores de renta fija admitidos a cotización en mercados secundarios organizados, con el límite de la depreciación global sufrida en el período impositivo por el conjunto de los valores de renta fija poseídos por el sujeto pasivo admitidos a cotización en dichos mercados. El cálculo de la dotación a la provisión por depreciación de valores mobiliarios en orden a la determinación de la base imponible en el Impuesto de Sociedades, debe hacerse de acuerdo con las normas fiscales y no en base a las normas contables.

Tribunales Económico-Administrativos

Existe fraude de ley dado que se pretendía evitar la tributación de una importante plusvalía en el IRPF eludiendo la imputación de la base imponible en los socios personas físicas de una sociedad transparente. TEAC R, (03-02-2010).
Se entienden realizadas en fraude de ley todas aquellas operaciones que, formando parte de una estrategia compleja y premeditada, lo único que pretenden es forzar la aplicación de una normativa fiscal mucho más beneficiosa dictada con una finalidad distinta. En este supuesto se pretende evitar la tributación de una importante plusvalía en el IRPF eludiendo la imputación de la base imponible en los socios personas físicas de una sociedad transparente. Asimismo, podrá calificarse una operativa como realizada en fraude de ley a pesar de que el sujeto pasivo haya tributado conforme a lo señalado por la DGT en tanto que la DGT solo se pronuncia sobre la tributación teórica de la operación sin conocer las circunstancias concretas de los intervinientes avalando lo que es una característica del fraude de ley que es seguir fielmente lo dispuesto en la norma de cobertura. En este caso concreto, se considera realizada en fraude de ley la operativa siguiente de «lavado de plusvalías«: 1)Tres personas físicas miembros de la misma familia son propietarios al 100% de la sociedad X y, a su vez, propietarias del 48% de la Sociedad Transparente Z(ST Z). 2) X amplia capital y las personas físicas acuden a dicha ampliación aportando las acciones de la ST Z, aplicándose los coeficientes de abatimiento. 3) La sociedad transparente (ST Z) imputa su Base Imponible a X. 4) Seguidamente, la ST Z se disuelve y liquida. 5) Como resultado de la liquidación, para la X: La Base Imponible de la ST Z que le había sido imputada se compensa con la pérdida originada por la disolución de dicha entidad por comparación entre el Valor de Mercado de lo recibido - (precio de adquisición + coste de titularidad) aplicando el 15.9 LIS.

Quienes no tengan la obligación de llevar contabilidad mercantil y estén en régimen de estimación directa, la deducibilidad de sus gastos dependerá de la contabilización de los mismos en los libros que obliga a llevar el Reglamento del IRPF. TEAC R, (03-02-2010).
"El artículo 42 de la Ley Reguladora del IRPF en la redacción vigente en los ejercicios comprobados prevé que en la determinación del rendimiento neto de actividades empresariales o profesionales serán de aplicación las normas del Impuesto de Sociedades con unas particularidades recogidas en el propio artículo (...) y el apartado 3 del mismo artículo establece de forma clara el requisito de la contabilización de los gastos para que sea admisible su deducción (...) La norma contable es estricta en cuanto a la exigencia de registrar contablemente un gasto para que el mismo se pueda deducir de los ingresos a los efectos de determinar el rendimiento neto, permitiendo que en aquellos casos en los que el gasto no se haya contabilizado se pueda deducir en otro ejercicio previa contabilización del mismo y siempre cuando no se derive una menor tributación". Para aquellos contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad mercantil y realicen actividades económicas determinando el rendimiento de ellas en régimen de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, la deducibilidad fiscal de sus gastos se encuentra condicionada a la previa contabilización o registro de los mismos en los libros a cuya llevanza les obliga el Reglamento del IRPF.

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