edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
03/03/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

El Código Civil en ningún caso admite que la opción de compra pueda ejercitarse fuera del plazo pactado

DATADIAR

La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Oviedo desestimó la demanda en la que se pedía que se tuviera por ejercido en tiempo y forma el derecho de opción de compra en virtud del contrato privado, condenando a otorgar la correspondiente escritura de compraventa en la forma en la que se determina en el citado contrato a favor de los demandantes o de la Sociedad mercantil o tercero que esta sociedad designe en el momento de tal otorgamiento y, en su defecto, para el caso de que los demandados no la otorgaran en un plazo razonable fijado por el Tribunal, se lleve a cabo por éste, ordenando la pertinente inscripción en el Registro de la Propiedad, con la expresa imposición de las costas que se causen en este pleito.Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la parte actora, la Audiencia Provincial de Asturias, dictó Sentencia desestimando el recurso, confirmando la sentencia apelada e imponiendo a la parte recurrente las costas de la apelación.

Interpuesto recurso de casación por la parte actora-apelante, fueron conocidos por el Tribunal Supremo, quien, en Sentencia de 17 de diciembre de 2010, resolvió los mismos.

En su razonamiento, los demandantes se fundaron en una interpretación del contrato litigioso, cuya estipulación primera fijaba para el ejercicio de la opción un plazo de seis meses "desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo" y para comunicar dicho ejercicio a los concedentes un plazo de noventa días, también "desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo". Sobre el precio de la futura compraventa, 661.113'31 euros, la misma estipulación primera preveía un pago inicial del 25% "dentro de los noventa días siguientes a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo" y un segundo y definitivo pago del 75% restante "dentro de los noventa días siguientes a la realización del primer pago".

El debate se centró en si por aprobación del Plan General de Ordenación Urbana debía entenderse la aprobación definitiva de la revisión-adaptación llevada a cabo por el Ayuntamiento el 28 de febrero de 2005, tesis de los demandados que comportaría la extemporaneidad del ejercicio de la opción por la sociedad codemandante, o bien, por el contrario, la aprobación y publicación del llamado texto refundido que incorporaba las modificaciones derivadas de los recursos de reposición interpuestos por los interesados, tesis de los demandantes que comportaría el haber ejercitado la opción dentro de plazo, las sentencias de ambas instancias analizaron estas dos posibilidades interpretativas y llegaron a la conclusión de que la fecha inicial para el cómputo del plazo venía marcada por la aprobación definitiva del Plan, publicado por ende en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y no por la aprobación del denominado texto refundido.

Señala el ponente, que, ante semejante formulación del recurso, que impugna una sentencia esencialmente fundada en la interpretación del contrato litigioso sin citar como infringida ni una sola norma relativa a la interpretación de los contratos, no cabe más solución que desestimarlo, pues si ya la jurisprudencia de esta Sala, considera la interpretación del contrato como una función reservada a los órganos de instancia que, por tanto, sólo puede revisarse en casación cuando sea ilógica, arbitraria, irrazonable o contraria a un precepto legal, menos posible aún será que prospere un recurso de casación que, como el presente, denuncia la infracción de toda una serie de normas completamente ajenas a la interpretación de los contratos para, así, acabar pidiendo que se estime su demanda como si se diera por sentado, sin más, que la interpretación del contrato litigioso por el tribunal sentenciador no merece consideración alguna. En suma, todo el recurso adolece del defecto de técnica casacional tradicionalmente conocido como petición de principio o hacer supuesto de la cuestión y por esta sola razón ha de ser desestimado.

En cualquier caso, para agotar el derecho de la parte recurrente a la tutela judicial efectiva e incluso por razones de cortesía forense, pueden añadirse las siguientes razones que igualmente determinan la desestimación del recurso:

1ª.- Su motivo tercero ni siquiera es un verdadero motivo de casación, ya que no cita norma sustantiva alguna aplicable "para resolver las cuestiones objeto del proceso" (art. 477.1 LEC), requisito básico o primigenio de todo motivo de casación como en infinidad de ocasiones ha declarado esta Sala y, además, alega una genérica infracción de normas sobre la valoración de la prueba sin advertir que esta materia, pertenece al ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal y no al del recurso de casación.

2ª.- Los otros dos motivos incurren por igual, aunque en un grado superlativo el segundo, en el defecto de técnica casacional de añadir a la cita de un determinado artículo la expresión "y concordantes" o "y demás concordantes", práctica reiteradamente rechazada por la jurisprudencia del TS como contraria a la exigencia de que todo motivo de casación identifique debidamente la norma o normas infringidas, al tratarse de una carga del recurrente y no de un deber de esta Sala.

3ª.- El motivo primero, por su parte, incurre en otro defecto más de técnica casacional al citar tres preceptos de contenido heterogéneo y que difícilmente pueden haber sido infringidos por la sentencia recurrida, pues el art. 1451 CC en ningún caso admite que la opción pueda ejercitarse fuera del plazo pactado, el art. 1261 del mismo Cuerpo legal enumera los elementos esenciales del contrato, que la sentencia impugnada nunca duda se dieran en el contrato litigioso, y su art. 1124, en fin, se refiere a las obligaciones recíprocas y no a un contrato que, como el de opción de compra sin precio pactado para la opción en sí misma, sólo vinculaba al concedente aunque, desde luego, únicamente durante el plazo estipulado.

4ª.- Por último, en ningún caso esta Sala podría revisar la interpretación del contrato litigioso por el tribunal sentenciador desde el momento en que se corresponde con la literalidad de lo pactado corroborada por los actos de las partes, respecto de los cuales no cabe olvidar la condición de profesionales de la gestión inmobiliaria que tenían, según el propio hecho tercero de la demanda, tanto las dos personas naturales en cuyo nombre se interpuso la misma inicialmente como la sociedad limitada que por vía de subsanación sustituyó a una de ellas, condición que hace difícilmente imaginable que si la intención real de los contratantes hubiera sido fijar el inicio del plazo en la fecha de publicación del denominado texto refundido este punto no se dejara totalmente claro en el documento contractual por iniciativa de aquellas dos personas que lo firmaron en interés común y compartido con la sociedad optante mediante la cual operaban en el tráfico mercantil.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2011 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. BOE Núm. 23 de 27 de enero de 2011.
El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece que anualmente, con efectos de primero de enero de cada año, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias que se recogen en el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y, en su defecto, quedarán automáticamente actualizadas en el porcentaje del índice general de precios al consumo correspondiente al año natural inmediatamente anterior. En este último supuesto, y con la finalidad de facilitar el conocimiento y aplicación del sistema, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones debe dar publicidad a las cuantías resultantes. Habida cuenta que según datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice general de precios al consumo se incrementó en el 3 por ciento en el periodo de referencia, procede actualizar en tal cuantía para el ejercicio de 2011 los importes en euros del sistema de valoración citado. A estos efectos se toman como base las cifras contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, una vez incrementadas en las actualizaciones correspondientes a los años 2005 a 2010.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delitos societarios. Negación del derecho de información a los socios. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de octubre de 2010.
Delitos societarios. Artículo 292 CP: imposición de acuerdos lesivos adoptados por una mayoría ficticia. Acusado, administrador de una sociedad, que convocada junta general a requerimiento de otros socios, presentó el Libro Registro de socios que había cumplimentado después del requerimiento para su celebración, en el que se habían modificado las participaciones mediante autoadjudicaciones que había realizado a su favor, sirviéndose del poder otorgado por los socios, en él se le facultaba para realizar operaciones de autocontratación. En el transcurso de la Junta, el acusado no facilitó información sobre las operaciones de compraventa que había realizado, ni sobre las cuentas de la sociedad. Caso de autos. Concurre: el acusado era administrador de la sociedad y consiguió una mayoría fraudulenta en el órgano de administración de la sociedad, haciendo suyas las aportaciones sociales de determinadas entidades en base a un poder que estaba otorgado para otra finalidad, consiguiendo con ello una posición dominadora en la sociedad. Artículo 293 CP. Negación del derecho de información a los socios: los socios requirieron notarialmente al acusado para que les mostrara la documentación correspondiente de la sociedad para ejercer su derecho de información, sin que el administrador respondiera a esa solicitud. En el transcurso de la Junta, tampoco facilitó información sobre las operaciones de compraventa que había realizado, ni sobre las cuentas de la sociedad. Estudio. Doctrina de la Sala y antecedentes jurisprudenciales. Caso de autos. Concurre: negativa a exhibir la documentación contable que resultó injustificada. Delito de estafa impropia: artículo 251 CP. Disposición de participaciones sociales careciendo de facultades para ello. El acusado dispuso a su favor, sin contar poder para ello, de las participaciones sociales correspondientes a una sociedad causando a esta entidad el perjuicio de privarle de la condición de socio o de reducirle extraordinariamente su real participación en la sociedad. Pena de multa. Cuota diaria: artículo 50 CP. Imposición en cuantía de 60€/día. Situación económica del acusado que se desprende de su capacidad para promover y participar en actividades patrimoniales y negocios urbanísticos, generadores de considerables plusvalías, y cuyas aportaciones iniciales para la constitución y desarrollo de la operación denotan una determinada disposición en metálico. Motivación suficiente. Atenuante de dilaciones indebidas: artículo 21.6 CP. A pesar de la complejidad del asunto, la tardanza de más de seis años en su tramitación justifica la apreciación de esa atenuante.

Mercantil

Indemnización por clientela en un contrato de agencia de compras. Pacto de sumisión a los Tribunales españoles. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de noviembre de 2010
Las recurrentes pretenden liberarse de la obligación de pagar las comisiones impuestas por no haber respetado el plazo de preaviso. Señalan como infringidos los artículos 9 y 26 de la Ley 12/1.992, de 27 de mayo, con el argumento de que la actora había incumplido el deber de actuar lealmente y de buena fe, en el desempeño de su quehacer profesional, artículo 9, apartado uno, ya que se había servido de una sociedad interpuesta para obtener unas comisiones a las que no tenía derecho. Por ello, añaden que no era necesario el preaviso para la denuncia del contrato, artículo 26, apartado uno, letra a), y que, en consecuencia, ninguna indemnización por lucro cesante debían. El motivo se desestima, ya que, al haber negado el Tribunal de apelación la realidad del mencionado incumplimiento, vuelven las recurrentes a caer en el vicio de hacer supuesto de la cuestión, pues extraen consecuencias de una premisa que, negada, habría previamente que afirmar.

Pago por medio de «documentos mercantiles»; prescripción de la acción cambiaria imputable al acreedor/tenedor. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de noviembre de 2010
Según predomina en la jurisprudencia, el Banco descontante es responsable del perjuicio de las letras de cambio cuando el descontatario ha hecho efectiva su obligación y las letras no le han sido entregadas, pero no en caso contrario. En virtud del contrato de descuento el Banco descontante tiene la obligación de devolver al descontatario los títulos descontados, cuando no pudo hacer efectivo el crédito incorporado a los mismos, con la misma eficacia jurídica que tenían en el momento en que se cedieron, siempre que el descontatario haya efectuado el reingreso o se haya producido el reintegro, supuestos en los que sólo una mala práctica bancaria impide que se lleve a efecto la restitución.

Civil

El requerimiento notarial por el que se le deniega  la prórroga del arrendamiento en el que se hacía constar que el demandado era el propietario del inmueble, es suficiente para que el arrendatario tuviera conocimiento de la transmisión. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de noviembre de 2010
Entiende el recurrente que la Sentencia recurrida ha infringido la doctrina jurisprudencial que interpreta los arts. 48 y 47 de LAU de 1964  , y el art. 1518 del Código Civil, ya que el requerimiento notarial practicado el 3 de febrero de 1994 en el que se notificaba la denegación de la prórroga del arrendamiento, no contenía las condiciones esenciales de la transmisión, ni las circunstancias identificativas del comprador y por tanto no puede computarse el inicio del plazo, de 60 días, para el ejercicio de la acción de retracto desde ese momento porque no ha tenido conocimiento cabal y completo de la transmisión, de manera que el ejercicio de la acción no ha caducado, y deberá empezar el cómputo, desde que tuvo conocimiento de las condiciones de la transmisión, el 15 de julio de 1996, en el procedimiento de juicio de cognición seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Leganés, a consecuencia de la demanda de juicio de desahucio por necesidad presentada por el codemandado,. Sin embargo, lo alegado no es aceptable ya que la jurisprudencia de la Sala ha modulado el rigor del mandato contenido en el apartado segundo del artículo 48 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964  , que constituye el precedente legislativo del actual artículo 25.3 de la vigente ley locativa, afirmando que, no obstante los tajantes términos del precepto, devenía innecesaria la práctica de la notificación en forma cuando aparecía probado que el arrendatario ya había tenido pleno y exacto conocimiento de la venta o transmisión y de sus condiciones, a partir de cuyo momento debía contarse el plazo de caducidad establecido en la norma.

Incumplimiento del vendedor en la entrega de la vivienda cuando el comprador ha depositado el importe total de la venta aunque sea en una cuenta mancomunada a nombre de los dos. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de noviembre de 2010
En un contrato de compraventa de vivienda instrumentado en escritura pública cuando se entrega de la mitad del precio en efectivo y la otra mitad mediante depósito en cuenta corriente mancomunada a nombre de comprador y vendedor no hay incumplimiento del comprador en la entrega del precio, sino del vendedor, ante la falta de entrega de la cosa porque los compradores se han empobrecido patrimonialmente en una cantidad igual al precio de la compraventa, haciendo, además, efectivo el pago de los gastos derivados de la propiedad de la vivienda, sin posibilidad, sin embargo, de disfrute personal de la misma o de arrendarla, al estar ocupada por los vendedores. Por contraposición, los vendedores han obtenido ya la mitad del precio de la compraventa, no abonan los gastos de la vivienda derivados de la propiedad y habitan la vivienda vendida sin contraprestación alguna.

Laboral

Incremento salarial. Interpretación de precepto  convencional. La voluntad manifestada por las partes es que el salario del año 2007 sería corregido al alza en caso de aumento del IPC. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de noviembre de 2010
La interpretación a la que en el presente caso ha llegado la sentencia recurrida, partiendo de lo que establece el precepto convencional controvertido sobre las retribuciones correspondientes al año 2007, y que se concreta en que «para el año 2007 las retribuciones del año 2006 actualizadas en su caso según el párrafo anterior se incrementarán en el IPC del año 2006. Si al final del año 2007 el IPC de dicho año superase el incremento aplicado se producirá una revisión al alza», destaca que de esta última frase «se producirá una revisión al alza», comporta que el salario del 2007, en el caso de un incremento del IPC respecto al año anterior, será revisado, de lo que infiere, a tenor del término «revisar», que conforme a dicho artículo la voluntad manifestada por las partes es que el salario del año 2007, sería corregido al alza en caso de aumento del IPC. Pues bien, partiendo de esta premisa, estimamos, que los argumentos esgrimidos en el recurso de la empresa, pretendiendo sustituir la interpretación que del precepto convencional controvertido lleva a cabo la sentencia recurrida por la suya propia, sobre la base fundamentalmente de un análisis histórico de la negociación colectiva, carecen de fuerza suficiente para desvirtuar la interpretación «lógica» y «razonable» de la Sala de instancia, y sin que la referencia última que la resolución impugnada efectúa al principio «pro operario», y que la recurrente critica acerbamente, disminuya un ápice la correcta interpretación y aplicación de la norma, que esta Sala, sin duda, comparte.

Contratación temporal de obra o servicio determinado en la que se condiciona su finalización a la reducción de volumen de contrato de la contrata. Ilegalidad de la claúsula. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de noviembre de 2010
La cuestión que se plantea en el presente recurso consiste en determinar la posible validez de una cláusula pactada en un contrato temporal por obra o servicio determinado en la que, entre otras causas, se condicione su finalización a la reducción de volumen de contrato de la contrata a decisión de la empresa principal o comitente. La generalidad de los términos en que aparece redactada la cláusula contractual controvertida en la que se condiciona la duración del contrato temporal de obra o servicio determinado suscrito por la trabajadora demandante con la empresa ahora recurrente, entre otras causas, a la descontratación total o parcial del servicio por parte de la empresa cliente en cuyas dependencias se efectuaba la limpieza, y en base a una alegada descontratación parcial del servicio, la empleadora ha procedido a la extinción de la relación laboral con la actora, privaba desde su inicio la posibilidad de determinación la obra o servicio objeto del contrato temporal por carecer de virtualidad suficiente para delimitar la causa del contrato, con la derivada consecuencia de la imprevisibilidad de su duración, al vulnerarse las exigencias legales y reglamentarias en orden a que en el contrato temporal de esta naturaleza se debe «especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto» con lo que «La duración del contrato será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio»; la citada cláusula, además, impide que en el momento de acordarse por el empresario la extinción contractual con fundamento en la misma, pueda impugnarse sin indefensión por el trabajador la decisión empresarial, así como resulte imposible judicialmente determinar si el contrato por obra o servicio cuestionado se ha extinguido válidamente «por la realización de la obra o servicio objeto del contrato» dada la indefinición de la misma que deja sin causa al contrato en este extremo y evidencia una actuación en fraude ley de la empleadora para intentar eludir las causas válidas de extinción de esta modalidad de contratación temporal, lo que le priva de validez y no puede impedir la debida aplicación de las normas que se hubieren tratado de eludir.

Administrativo

Objeción de conciencia respecto a la aplicación de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Tribunal Supremo. Sentencia 13 de diciembre de 2010
El art. 27.3 no ampara el derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura pues el precepto se refiere solo a la educación religiosa y moral no a materias ajenas a ella. Este precepto solo rige para aquellos aspectos de la citada materia que incidan sobre problemas morales pues la religión, por ser ajena a la ciudadanía ha de quedar fuera de la citada asignatura. Por tanto, no existe un específico derecho a la objeción de conciencia en el ámbito educativo sin perjuicio de advertir que ello no autoriza a la Administración educativa, ni a los centros docentes ni a los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.
 
Impugnación de determinados artículos del Estatuto de Cataluña. Tribunal Constitucional. Sentencia 16 de diciembre de 2010
Se declarar la perdida de objeto de la impugnación del inciso "siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar" del art. 206.3 EAC, pues la STC 31/2010, de 28 de junio, ya declaró que el art. 206.3 no vulnera la Constitución, salvo su inciso "siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar". Por tanto, en la medida en que la impugnación de este precepto recae sobre un inciso que ya ha sido declarado nulo, ha perdido objeto respecto del mismo, desestimándose la impugnación del resto del precepto. Además, se declara la constitucionalidad, del apartado 3 del art. 174; el apartado 1 del artículo 183; el apartado 1 del artículo 210; los epígrafes a), b) y d) del apartado 2 del art. 210; las disposiciones adicionales 8, 9 y 10; y el apartado 5 del art. 206, porque el  único parámetro para enjuiciar la validez constitucional de una disposición incluida en un Estatuto de Autonomía es la propia Constitución; esto es, la constitucionalidad de un precepto estatutario sólo puede enjuiciarse sobre la base de su conformidad con la Norma fundamental" (SSTC 99/1986, de 11 de julio, FJ 4, y 247/2007, de 21 de diciembre, FJ 6). Y todos estos artículos y  disposiciones adicionales no son contrarias a la Constitución siempre y cuando se interpreten en el sentido establecido en el fundamento jurídico 137 de la STC 31/2010).

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