edición: 2309 , Viernes, 22 septiembre 2017
30/12/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El Código Penal limitará la responsabilidad de las empresas por falta de vigilancia a los delitos ‘graves’ de empleados y directivos

Javier Ardalán

El Grupo Popular ha incluido en la tramitación de la reforma del Código Penal, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, una enmienda al texto original por la que se  establecen una limitación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el caso de delitos cometidos por directivos o empleados cuando existe una infracción del deber de supervisión sobre los mismos.

Así, la propuesta plantea que la responsabilidad de las personas jurídicas se limite a los supuestos en los que el incumplimiento del deber de vigilancia haya tenido carácter "grave".

En el texto de la enmienda el Grupo Popular explica que este fue el sentido del texto inicialmente incluido en el anteproyecto. Sin embargo, el Consejo de Estado mantuvo que la exigencia de "gravedad" limitada el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas más allá de lo previsto en las Directivas de la UE que imponen el deber de regular supuestos de responsabilidad de personas jurídicas, y formuló una observación esencial recomendando que se eliminara la referencia a la gravedad.

Sus argumentos para cambiar el texto, se centran en que las Directivas de la UE imponen el deber de sancionar a las personas jurídicas en determinados supuestos, pero no imponen que ese régimen sancionador tenga naturaleza penal. Sin embargo, lo cierto es que no existe en nuestro Derecho un régimen sancionador administrativo aplicable con carácter general a las personas jurídicas en los supuestos del artículo 31 bis y con relación a delitos como la corrupción de menores, pornografía infantil, soborno de agentes públicos extranjeros, sobornos en el sector privado, etc.

En esta situación, para compatibilizar el sentido de la propuesta de enmienda, y la observación (esencial) formulada por el Consejo de Estado, se plantean las siguientes soluciones: regular un régimen de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en estos casos. No obstante, la implementación de este régimen plantea serias dificultades, pues no existe en España una regulación general del régimen sancionador administrativo, al contrario que en otros países, en la que se pudiera integrar una infracción de este tipo.

Se plantea, como otra opción, mantener el régimen de responsabilidad penal, pero previendo la imposición de sanciones menores (una especie de delitos leves o faltas de las personas jurídicas) e incluso incorporando un sistema de oportunidad que permitiera dejar de perseguir los asuntos carentes de relevancia (falta de gravedad y ausencia de interés público), de un modo semejante a lo previsto en la reforma para las faltas.

Y finalmente, se podría optar por condicionar  la responsabilidad de las personas jurídicas a la existencia de un programa de prevención que conlleve una reducción significativa del riesgo de comisión de delitos.

En realidad, reconoce que este pretendía ser el sentido de la reforma: la responsabilidad de la persona jurídica no depende de que el sistema de prevención consiga evitar la comisión de delitos, puesto que si fuera así, se trataría de un sistema de responsabilidad vicarial, y no de responsabilidad por defecto en la organización. Por ello, la referencia a que el sistema de prevención fuera "idóneo" para evitar la comisión de delitos no pretendía imponer que fuera eficaz en todos los casos.

La enmienda propuesta excluye cualquier duda al respecto: la determinación de cuándo existe una "reducción significativa" del riesgo requerirá de una valoración por los Tribunales pero, en cualquier caso, la redacción ya evidencia que la existencia de un sistema razonable y adecuado para evitar la comisión de delitos es suficiente para evitar la responsabilidad de la persona jurídica, aunque finalmente no pueda evitarse la comisión del delito.

Por otra parte, se propone que las funciones de supervisión a que se refiere el artículo 31bis.2.2.a puedan asumirse por el órgano que tenga legalmente encomendada la función de supervisión. De esta forma, la enmienda propuesta busca reforzar la seguridad en la interpretación del precepto en los ámbitos en los que existen tales órganos de supervisión: se aclara -sin espacio para la duda- que la función de control podrá ser asumida por ellos.

La tipificación de la falta de adopción de medidas de prevención (cuando de algún modo facilita o da lugar a la posterior comisión del delito que debía haber sido prevenido) ha sido duramente cuestionada. De una parte, se argumenta que los supuestos en los que el gestor ya tiene conocimiento de que se va a cometer la infracción, existe responsabilidad por omisión (dada su posición de garante -artículo 11 del Código Penal); y de otra, se añade que cuando no ha existido tal previsión, la tipificación penal de la falta de adopción de medidas de prevención resulta contraria al principio de intervención mínima. Por ello, se suprime el apartado 182 que modifica el artículo 286 seis del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal.

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