edición: 2574 , Lunes, 15 octubre 2018
09/05/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El Congreso aprueba la Ley que establece límites en las remuneraciones de los altos ejecutivos bancarios

Javier Ardalán

La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados aprobó este jueves, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito. De esta manera, termina la tramitación en el Congreso y será remitida al Senado para continuar con la misma. El texto del Anteproyecto contempla el régimen de autorización y revocación, el de participaciones significativas, el de idoneidad e incompatibilidades de los miembros del Consejo de Administración u órgano equivalente, y el de Gobierno Corporativo y Políticas de remuneraciones.

La norma realiza un avance muy sustantivo en materia de gobierno corporativo, integrando en buena parte el trabajo ya acometido por el Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre. Son, fundamentalmente, dos áreas las afectadas: el establecimiento de sistemas de gobiernos corporativos eficientes y una política de remuneraciones mejor alienada con los riesgos en el medio plazo de la entidad.

En materia de gobierno corporativo y remuneraciones, se imponen límites al número de consejos en los que puede participar un consejero (dos más si se ejercen funciones ejecutivas y hasta cuatro si no se ejercen funciones ejecutivas) y se prohíbe el ejercicio simultáneo de los cargos de presidente del consejo de administración y consejero delegado. Además, se limita la remuneración variable al 100% de la remuneración fija salvo que la junta de accionistas autorice hasta el límite máximo del 200%. Por su parte, la remuneración variable total deberá estar sometida a cláusulas de reducción o incluso de recuperación de remuneraciones ya satisfechas.
El proyecto establece que la remuneración variable sólo podrá garantizarse con “carácter excepcional” cuando “se contrate personal nuevo”, es decir, si la entidad hace un fichaje, en cuyo caso sí que podrá prometérsele un ‘bonus’ que “se limitará al primer año de empleo”.

Se trata de que cada entidad determine si los requisitos de capital del reglamento son suficientes o si por el contrario, dado su modelo de negocio y nivel de exposición al riesgo, precisa un nivel de capital mayor. La decisión final respecto a estos requisitos se determina en un diálogo entre el supervisor y la entidad que se conoce como Pilar II de Basilea. Asimismo se introducen los criterios que debe contemplar el Banco de España (Banco de España) para fijar posibles requisitos de liquidez en el marco de la revisión de las estrategias, procedimientos y sistemas implantados por las entidades para dar cumplimiento a la normativa de solvencia.

Los responsables de la gestión y o dirección de entidades financieras que cometan infracciones muy graves no podrán ejercer cargos equivalentes en firmas rivales o del sector financiero durante un plazo de hasta diez años, en lugar de los cincos inicialmente previstos, según establece en una de las 37 enmiendas introducidas por el Grupo Popular

Este endurecimiento de la pena prevista inicialmente se debe, según la justificación de la enmienda al establecimiento de una diferente gradación con respecto a la inhabilitación en infracciones graves, también de un lustro.

Entre las infracciones consideradas muy graves se incluye el ejercicio como profesional del sector sin autorización de la entidad, la autorización a fusiones, escisiones o cesiones de activos sin permiso o incumplir los recursos propios exigidos a las entidades durante un periodo superior a los  seis meses.

En lo relativo a la supervisión, la norma recoge la obligación expresa del Banco de España de presentar al menos una vez al año un Programa Supervisor que recoja el contenido y la forma que tomará la actividad supervisora y las actuaciones a emprender en virtud de los resultados obtenidos.

 Este programa incluirá la elaboración de un test de estrés al menos una vez al año. También se fija la obligación de las entidades de crédito de publicar anualmente el denominado Informe Bancario Anual, donde se recojan datos como el número de empleados, los impuestos a pagar o las subvenciones públicas recibidas, entre otros.

Se regula también la supervisión del Banco de España. La complejidad organizativa de las entidades, a menudo incluidas dentro de un grupo en el que participan sociedades, no necesariamente reguladas, aconsejan que el ámbito supervisor del Banco de España sea lo más amplio posible.

Asimismo, se delimitan las capacidades supervisoras del Banco de España en relación con las sucursales, en tanto que, especialmente si se trata de sucursales de entidades europeas, su matriz ha sido autorizada y es supervisada en otro Estado miembro. En el ejercicio de sus facultades, el Banco de España puede ser supervisor de una filial dentro de un grupo o de la propia matriz. Con ello, se trata de garantizar la cooperación entre el Banco de España la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, para aquellos grupos en los que hay entidades de crédito empresas de seguros y empresas de servicios de inversión.

En cuanto a los ‘colchones de capital, que permiten a los supervisores exigir niveles de capital superiores a los establecidos en el correspondiente Reglamento comunitario’, el de conservación de capital para pérdidas inesperadas, que se aplicará desde el 1 de enero de 2016, será del 2,5% en 2019. Mientras, el colchón de capital anticíclico que pretende evitar el efecto procíclico de la regulación prudencial se aplicará desde el 1 de enero de 2016 y su nivel será de hasta el 2,5%.

Por su parte, el colchón de capital para entidades de importancia sistémica mundial y otras entidades de importancia sistémica se aplicará a partir del 1 de enero de 2016 y será de entre el 1% y el 3,5%, en función del carácter más o menos sistémico de la entidad a la que se aplique.  Por último, el colchón contra riesgos sistémicos podrá alcanzar niveles del 5% y el supervisor decide discrecionalmente cuándo y en qué medida exigirlo, con el fin de reducir los riesgos derivados del efecto de la evolución de la economía en el sistema financiero.

Estos colchones suponen un complemento al Reglamento de aplicación directa, en virtud del cual se eleva el capital de nivel 1 ordinario ("common equity tier 1", compuesto de capital y reservas) hasta, al menos, el 4,5% de los activos ponderados por riesgo a partir de 2015.

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